Muchos familiares y amigos se distanciaron del general (r) Óscar Naranjo cuando aceptó ser negociador del gobierno en La Habana. “Con algunos he vuelto a hablar, porque han reconocido avances. Me decían que nunca se firmaría el Acuerdo, luego que no se agruparían, y que no entregarían las armas, y ya lo están haciendo”.
Sabe que su apoyo al proceso con las Farc le pasó factura en aprobación ciudadana, pero que empieza a percibir un cambio en la opinión pública: “Hay gente que me dice que no le gustan las Farc ni el Acuerdo, pero ya que se firmó, quieren que salga bien. Obré sin traicionar mis principios”.
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En dos semanas como vicepresidente visitó ocho departamentos y dialogó de frente con líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y autoridades locales. Llegó preocupado de Tumaco (Nariño) y consideró que requiere una intervención integral que contribuya a superar una situación estructural de años, que hay crisis como resultado de los cultivos ilícitos y la presencia de bandas organizadas en los territorios que abandonaron las Farc. Se sorprendió porque estuvo en Corinto (Cauca), sin necesidad de un escuadrón de policías, como en el pasado.
Sobre la amenaza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “revelar secretos del proceso de paz”, dijo que fue algo transparente, que en la primera etapa exploratoria fue confidencial, pero que puede ser escrutado. “No hay secretos que vayan a producir un desconcierto. No se incurrió en ninguna desviación”.
Reveló que en los próximos días habrá un decreto presidencial que le entregará el rol de articulador de la implementación. ¿Estará por encima de Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto? “Tendré la capacidad de llamar a quienes no estén cumpliendo la tarea. Sí, estaré por encima, articulando y tomando las decisiones para que los ritmos y velocidades de la implementación se cumplan” .
Desafíos de la implementación del acuerdo con Farc
¿Qué se está haciendo para saldar la deuda histórica de ausencia institucional en los territorios más afectados por el conflicto?
El conflicto armado de 52 años convirtió al país en un Estado que operaba intermitentemente en los territorios, en función de una lógica constrainsurgente. Se erradicaba coca, pero había resiembra porque íbamos y salíamos. Nunca hubo condiciones para hacer presencia no solo con Fuerza Pública sino con oferta de educación, salud, vivienda y acceso a bienes. Ya sin conflicto con las Farc debemos ser capaces de acompañar la restitución. El Acuerdo, además, crea el marco de oportunidades de transformación y fortalece la institucionalidad.
¿El presupuesto para la implementación saldrá de cada entidad o la Vicepresidencia tendrá sus propios recursos?
La implementación tiene tres grandes planes: el de los 100 días, que inició cuando se firmó el Acuerdo. El de respuesta rápida, que va por 18 meses. Se han inyectado 300.000 millones de pesos para cumplir los acuerdos de sustitución de cultivos los cuales se han elaborado con 78.000 familias para sustituir 60.00 hectáreas de hoja de coca. Hay otros recursos para la JEP y se hará el traslado de regalías de 1,2 billones de pesos para vías terciarias. Por último, está el marco de la implementación, que durará 15 años y será aplicado en los planes de desarrollo.
¿Qué dividendos le deja el Acuerdo al país hasta ahora?
En 2015, en los 285 municipios donde estaban las Farc, hubo 4.000 homicidios. En el 2016 hubo una reducción de 1.000 homicidios, aun sin tener el Acuerdo final, pero ya había un proceso de desescalamiento del conflicto. Impresiona que no queramos reconocer que en el 2006 hubo 1.200 víctimas de minas antipersona, y que el año pasado se produjeron 68 casos. En 2001 hubo 3.800 secuestros y e 2016, 200. Ha habido algunas dificultades logísticas en las zona, y eso ha distraído lo fundamental, que es el fin de la violencia. El debate sigue centrado en la letra, no en la realidad.
¿Con la desarticulación del equipo negociador se debilitó el liderazgo en el proceso?
Si ha faltado que quienes tenemos el liderazgo y la convicción de que acabar el conflicto era un imperativo ético, hablar con más fuerza sobre lo valores que se han conquistado. Por ejemplo, la discusión sobre la JEP ha sido de juristas, pero la justicia transicional es lo que la humanidad ha inventado para cerrar conflictos, y por primera vez no será solo para que ganen beneficios los guerrillero, sino para que se produzcan beneficios para los agentes del Estado y los terceros.
El fin del conflicto con las Farc ha permitido poner la lupa a otros tipos de violencia.
Hace unos años nadie hablaba del feminicidio, ni de la violencia intrafamiliar. Hoy esos fenómenos empiezan a aparecer y demandan acciones fuertes del Estado y una atención integral.
Unas de sus tareas es proteger a los líderes, pero los siguen matando. El miércoles pasado fue asesinado Gerson Acosta, vocero de las víctimas de la masacre de El Naya, ¿cómo se van a prevenir estos crímenes?
No puede haber fórmulas nacionales generales. Cada territorio tiene una tipología y unos victimarios. En una decisión integral y sostenida el Estado debe destruir rentas criminales, que han generado violencia en los territorios. El Eln también es responsable del asesinato de algunos líderes. No ocuparemos más de la prevención para crear condiciones de no amenaza y no asesinado. Esto se logra con un sistema de alertas tempranas, con mucha participación ciudadana y con una respuesta inmediata de las autoridades. Hay que asegurar que no haya impunidad.
¿Cómo afecta al país el aumento de la coca?
Con ese nivel de producción de hoja de coca es difícil estabilizar los territorios para que haya construcción de paz. Es verdad que hay más hectáreas de coca, pero también ha crecido la capacidad del interdicción del Estado. En 1999 Colombia produjo 920 toneladas métricas de coca, con 176.00 hectáreas. Hubo una interdicción de 26 toneladas. El año pasado, según los Estados Unidos, con 188.000 hectáreas, se produjeron 710 toneladas métricas, y se interdictaron 340 en Colombia y 60 en Panamá. Ya no estamos ante una amenaza narcotraficante que llegue a poner en vilo la estabilidad institucional.
La dejación va a obviar que las Farc reporte los números de serial del armamento, lo que impedirá conocer su procedencia y prevenir en el futuro, ¿le parece esto sano?
Uno espera que el proceso de registro de las armas cumpla con el propósito de certificar que no habrá una paz armada. Probablemente sí se afecta parte de la memoria histórica, pero de lo contrario entramos en lógicas no transicionales de justicia.
No habrá ningún tipo de negociación con las bacrim
¿Cuáles son sus prioridades en seguridad ciudadana?
Estamos atrapados en dos escenarios difusos: uno en el vanguardismo, que sugiere legalizar las drogas, y otro prohibicionista. Ambas han dejado a los ciudadanos, operadores de justicia y a las instituciones en la mitad. Los jueces permiten tener más del 500 % de la dosis personal. ¿Eso qué es? ¿En qué mundo estamos? Combatir el microtráfico es el principal clamor de los ciudadanos y las autoridades locales.
¿Chocó le quedó grande al gobierno Santos?
En Chocó y Tumaco hay tormenta perfecta. Hay criminalidad, desplazamiento, inseguridad y amenaza. Son dos escenarios que se deben convertir en laboratorios de solución, para que no nos queden grandes. Esta semana iré al Chocó, quiero tomarle el pulso. No quiero llegar con medidas tomadas desde Bogotá, a la luz de nuestra percepción. La velocidad de nuestra presencia institucional, militar y policial tiene que aumentarse, porque se fueron las Farc y está el Eln pretendiendo expandirse, al igual que el Clan del Golfo. Hay que mantener la persecución.
La bandas criminales siguen desestabilizando muchas regiones, ¿existe alguna posibilidad jurídica para desmontarlas?
Por ninguna razón habrá algún tipo de acercamiento o negociación política con ellos. El Clan del Golfo se quiere vestir hace años de autodefensas, pero son narcotraficantes. El único futuro que tienen es someterse a la justicia o enfrentar la persecución policial y militar, que ya se volcará a combatirlas porque no tienen que preocuparse por las Farc. La justicia prevé herramientas para el desmonte de organizaciones.
La Operación Agamenón lleva 26 meses y no ha tenido resultados contundentes, ¿que se debe rediseñar?
Agamenón ofrece unos resultados estructurales. Hay capturas, ataque a las finanzas, incautación e interdicción de drogas en esa zona. El problema es que el imaginario de éxito de Agamenón depende de la captura de ‘Otoniel’. Y sí hay que rectificar cómo lo vamos a capturar más rápido. Un escudo humano lo protege porque él les está pagando.
¿Cómo ha evolucionado la renta del narcotráfico? ¿Todavía existe un cogobierno de esas organizaciones?
Antes la coca que se quedaba en el país era para inducir a más consumidores. La subsidiaban los narcos. Hoy la están dejando acá con fines de lucro. Antes ningún alcalde hablaba del asunto; hoy son los primeros en denunciar. Tenemos en marcha un plan de 50.000 hectáreas de erradicación voluntaria y 50.000 de erradicación forzosa. Haremos interdicción de precursores químicos, perseguiremos finanzas y eslabones.
El general (R) dice que no es político y menos tradicional
¿Le gusta la propuesta que le presentó la Misión Electoral Especial (MEE) al Gobierno?
El resultado de la MEE es el acumulado de una serie de recomendaciones, que el Gobierno, discrecionalmente, verá si acepta o no. Es muy importante asegurar los máximos de consenso. Los colombianos somos conscientes que nuestro sistema está atravesando por dificultades, y que es necesario replantearlo para que los ciudadanos vuelvan a confiar.
Antes de su posesión usted le dijo a EL COLOMBIANO que iba a tender puentes con la oposición. ¿Ha avanzado en eso? ¿Ha buscado alguna reunión con el expresidente Uribe?
No he buscado esa cita con el expresidente, ni he hablado con él. Desde la Vicepresidencia contribuiré a que la polarización sea menos radical, a que el ejercicio de la oposición tenga todas las garantías. Tampoco soy tan ingenuo de pensar que tender un puente es invitar a alguien a tomarse un café.
¿Por qué incomodó al Gobierno el encuentro entre Donald Trump y los expresidente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, si el presidente Santos recibió a Enrique Capriles en el 2013 en la Casa de Nariño, líder de la oposición venezolana?
Se trató de un encuentro social, a través de terceros. Y al Gobierno ni le molesta ni tiene opinión sobre encuentros sociales de colombianos con personalidades en el mundo. Distinto es si se hubiera tratado de un encuentro oficial, porque ahí sí habría que preguntarse hasta dónde se respeta el mandato constitucional de que el presidente dirige la política exterior.
¿Qué ministros saldrán en los próximos días para evitar inhabilitarse para participar en política?
Afortunadamente no tengo esa información, porque los cambios del gabinete dependen es del presidente.
El CNE llamó a versión libre al presidente Santos por el caso Odebrecht. ¿Afecta esto la gobernabilidad en la recta final?
El presidente ha dicho que él es el más interesado en que haya verdad y se depuren las responsabilidades individuales. Confío en que los organismos competentes avanzarán en ese sentido.
Germán Vargas preparó su candidatura presidencial desde la Vicepresidencia, ¿usted también hará lo mismo?
Soy un funcionario público, me gustan las políticas públicas, no aspiraré a la Presidencia. La Vicepresidencia no será una plataforma para dar saltos políticos de ninguna naturaleza. Cuando me retiré de la Policía tenía un 83 % de favorabilidad y un 7 % de favorabilidad, y no acepté ser candidato. Creo en los liderazgos de los jóvenes.
