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Esperan salir de 1.344 bienes para reparar a las víctimas

  • Mientras no se puedan vender las propiedades, estas harán parte de la reparación inetral a las víctimas y servirán para actividades de recuperación emocional. FOTOS Donaldo Zuluaga y Jaime Pérez
    Mientras no se puedan vender las propiedades, estas harán parte de la reparación inetral a las víctimas y servirán para actividades de recuperación emocional. FOTOS Donaldo Zuluaga y Jaime Pérez
  • Esperan salir de 1.344 bienes para reparar a las víctimas
Por Olga Patricia Rendón M. | Publicado el 13 de junio de 2016
en definitiva

Un largo trámite hace que las propiedades que durante los últimos años han sido entregadas por los postulados a Justicia y Paz para reparar a las víctimas no puedan venderse todavía.

Las humedades abundan, los muros amenazan con caerse en cualquier momento, y el estado de las aguas en los lagos y la piscina apesta en una de las propiedades más majestuosas de Medellín, que carga a cuestas el pasado de haber pertenecido al clan Castaño, la familia fundadora de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Desde allí, en plena avenida El Poblado, se planearon masacres, secuestros, asesinatos, atentados terroristas, el exterminio de los líderes de la UP, y un sin fin de crímenes, delitos por los que, una vez se desmovilizaron, pagaron en la justicia transicional quienes quedaban vivos de esa cacería de delincuentes que se vivió en el país en las décadas de los 80, 90 y a principios de este siglo.

Se dice que allí los Castaño tenían un tigre que se comía a sus víctimas para no dejar rastro de ellas, otros aseguran que muchos fueron congelados en la excéntrica cava de vinos.

Algunos testigos han dicho ante los tribunales de Justicia y Paz que la “casa del terror”, como le llaman a Montecasino, fue el lugar para planear las más terribles tragedias que azotaron a la ciudad.

Una vez desmovilizado, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, uno de los hombres de más confianza de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, quien estuvo a cargo de la seguridad del menor de ellos, entregó la mansión Montecasino como parte de su plan de reparación a las víctimas.

En la audiencia en la que “Monoleche” entregó la propiedad contó que allí los paramilitares asesinaron a los sicarios que acabaron con la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Esta mansión, que en realidad es más un condominio, cuenta con cinco casas y 31.000 metros cuadrados en la zona más exclusiva de la ciudad, amplios jardines, ocho habitaciones en la casa principal acondicionadas con grandes lujos.

Camilo Barrera, uno de los conserjes que cuida la propiedad, presenció la visita que hizo Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, con un equipo de periodistas, y recordó que el sicario de Pablo Escobar afirmó que en esa mansión había obras de arte por valor de 500 millones de dólares, que no fueron entregadas junto con la propiedad al Fondo Nacional para la Reparación a las Víctimas.

Pese a que el inmueble fue entregado sin ningún tipo de mobiliario, Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo, indicó que este es el bien más costoso que tienen bajo su administración.

“Sobre Montecasino no hay un avalúo como tal, hacemos un cálculo de que el bien puede costar entre 40.000 y 70.000 millones de pesos, pero para confirmar esa cifra estamos negociando con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, la realización del avalúo que nos permita saber cuánto cuesta el bien en realidad”, expresó Morales.

EL COLOMBIANO consultó con Federico Estrada, gerente de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, sobre el costo promedio del suelo en esa zona. La entidad contestó que “el valor de referencia para la tierra ubicada en Medellín frente a la avenida El Poblado entre las calles 16 sur y 19 sur oscila entre los 2,4 y los 2,7 millones de pesos por metro cuadrado”, que multiplicado por el tamaño de la propiedad daría un costo total superior a los 74.400 millones de pesos, solo por la tierra.

Mantenimientos

Aunque es de suponerse que los bienes entregados por los exparamilitares deberían ir directamente a reparar a sus víctimas, mientras se surten todos los efectos legales de la extinción de dominio, que por ahora puede tardar, para el caso de Montecasino, tres años más, el Fondo debe responder por todos los gastos que de esas propiedades se deriven.

“El mantenimiento de Montecasino, contando impuesto predial, servicios públicos, conserjes y seguridad cuesta en promedio entre 15 y 18 millones de pesos cada mes”, aseguró Morales.

Y es que este es el principal problema que atraviesa el Fondo, porque mientras las soluciones judiciales de extinción de dominio no se den y se dé el visto bueno para la venta de los 1.344 bienes que tiene el Fondo, cada año se están invirtiendo 15.000 millones de pesos en mantenimiento y administración, recursos que podrían ir directamente a la indemnización de las víctimas y que por ahora paga el Presupuesto General de la Nación.

Muchos bienes para cuidar

El Fondo Nacional para la Reparación a las Víctimas tiene 1.344 bienes en custodia, entre ellos 150.000 hectáreas rurales, que se traducen en más de 300.000 millones, aunque Morales reconoce que la cifra “puede ser muy superior porque faltan muchos bienes por avaluar, como Montecasino”.

La mayor cantidad de bienes están en Antioquia, donde hay 296 propiedades urbanas y 30.000 hectáreas rurales, de ellas 25.000 están ubicadas en el Bajo Cauca.

Pero, precisamente, por el hecho de ser bienes que provienen de la delincuencia llegan al Fondo con problemas legales: muchos están ocupados por testaferros o por familiares de los delincuentes, “por ejemplo en Antioquia hemos tenido casos muy emblemáticos como el de una excompañera sentimental de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, que estaba en posesión de unos bienes ubicados en Sabaneta, Copacabana y Medellín y a la Unidad le tomó prácticamente dos años, junto a las autoridades de Policía, sacar a esa gente de esos bienes para ponerlos efectivamente a disposición de las víctimas”, relató Morales.

Algunas propiedades figuran a nombre de los abogados de los postulados, lo que, en palabras de Morales, podría configurar casos de testaferrato.

Otros bienes tienen irregularidades en el registro, “como son bienes que provienen de las autodefensas, y por el nivel de poder que tuvieron en el país, lograron hacer muchas manipulaciones en las oficinas de registro y de instrumentos públicos, en las notarías, entonces son bienes que vienen con inconsistencias de áreas, baldíos mal apropiados, tienen reclamación de restitución entonces no se irán para la política de víctimas sino para la Unidad de Restitución de Tierras”, explicó el director del Fondo.

Otras propiedades están ubicadas en zonas con dificultades de orden público, lo que no ha permitido su plena administración por parte del Fondo, especialmente ocurre en “el Bajo Cauca antioqueño, donde hay una presencia de bandas criminales y de diferentes grupos armados que surgieron después de la desmovilización que hacen difícil la tarea”, admitió Morales.

Mientras se produce todo el saneamiento legal, algunos bienes son entregados en alquiler para que generen una renta y estén conservados. Este no es el caso de Montecasino, porque si se aplicara la fórmula técnica de alquiler, este sería superior a 59 millones de pesos, por lo que es difícil conseguir un arrendatario.

Frente a ese alto costo del alquiler, la Unidad para las Víctimas ha buscado figuras jurídicas que le permitan solucionar el mantenimiento y la administración del predio hasta que se autorice la venta.

Por eso acaba de firmar un principio de acuerdo con la Gobernación de Antioquia para que administre la mansión en comodato.

“Nosotros estamos evaluando las condiciones que nos puso la Unidad para las Víctimas, la primera es que allí se atienda a víctimas del conflicto, pero esto no tiene ningún problema porque allí funcionaría la Gerencia de Paz y la Universidad Digital”, manifestó Néstor David Restrepo Bonnett, secretario de Educación de Antioquia.

Según Restrepo, la Gobernación está estudiando que el comodato sea solo por cuatro años, con miras a que pronto pueda venderse la propiedad, y que en esa figura todas las adecuaciones que se le hagan al predio no sean reconocidas.

“Un equipo técnico nos está ayudando a calcular si las adecuaciones que tenemos que hacer, que son muchas, sobre todo en mantenimiento, nos van a justificar para operar allí por solamente cuatro años”, dijo el secretario.

Si la Gobernación y la Unidad para las Víctimas llegan a un acuerdo, el Fondo se ahorrará todo lo que gasta en administración y mantenimiento de ese bien, lo que redundará en beneficio para las víctimas.

Además, la Unidad para las Víctimas tiene formalizado con las alcaldías de Caucasia, Cáceres y Tarazá, “el uso de algunos bienes con fines productivos en términos de generación de empleo, donde se vincula población víctima del conflicto”, contó Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.

Así mismo, la primera subasta virtual de bienes del Fondo se realizará a finales de este mes, en la que se pondrán a la venta joyas y relojes que eran de Ever Velosa, alias “HH”, lo que servirá como piloto para identificar fallos en la venta de bienes.

Reparar a las víctimas

Los recursos que podrían derivarse de la venta de los bienes tendrían que ir directamente a la reparación de las víctimas que incluye la indemnización.

Sólo con el costo calculado, basado en las cifras de La Lonja, del predio de Montecasino podría indemnizarse a más de 2.800 víctimas de violencia sexual, que como explicó María Cecilia González, abogada de la Unidad, tienen derecho a 40 salarios mínimos mensuales vigentes.

Pero mientras se surten todos los efectos legales y el valor de esas propiedades llega efectivamente a las víctimas, la Unidad dispone de algunos de esos bienes para repararlas.

Por Justicia y Paz ya se han atendido 4.250 órdenes de indemnización de las 5.000 víctimas que han sido reconocidas en sentencias. Esa reparación le ha costado a la Unidad para las Víctimas 75.000 millones de pesos, de los cuales el 81 % sale de recursos del Presupuesto General de la Nación, un 11 % se ha hecho con recursos de los postulados entregados al Fondo y el resto ha correspondido a recursos de la Sociedad de Activos Especiales.

Por otro lado, algunas de las propiedades que por sus condiciones facilitan el uso recreativo son utilizadas para realizar actividades con las víctimas.

“Tenemos que aprovechar estos bienes para ponerlos al servicio de los procesos de atención y reparación a las víctimas que tiene la Unidad, en ese orden de ideas, aprovechamos cuando son bienes con instalaciones que permiten un uso recreativo o para hacer actividades grupales se ponen a disposición en la direcciones territoriales para que hagan sus actividades, lo que disminuye los costos de esas actividades”, explicó Juan Camilo Morales.

En ese mismo sentido, Jorge Mario Alzate indicó que para ese fin se ha usado Montecasino y la finca Villa Melisa, en Copacabana, que era propiedad de “Macaco”.

En esas propiedades se han realizado actividades de recuperación emocional de niños víctimas del conflicto y de mujeres víctimas de violencia sexual, además de encuentros de la mesa de participación de Medellín.

Precisamente, doña Esperanza, una víctima que llevó su proceso de recuperación emocional en la finca Villa Melisa, dijo que para ella esta era una “oportunidad espectacular”, porque podía disfrutar de un espacio al que “nunca habría podido ir”, por su origen humilde y campesino: “esto es muy bonito, imagínese yo por aquí, disfrutando en un espacio tan bonito, con piscina y todo”.

Al ser cuestionada, doña Esperanza dijo que no le preocupaba que esa finca hubiera sido de delincuentes, “ya es de nosotros las víctimas y eso es lo que importa”.

Contexto de la Noticia

ANTECEDENTES Corrupción para administrar bienes

En 2011 el presidente Juan Manuel Santos ordenó la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de la administración de los bienes producto de la extinción de dominio al narcotráfico.

Esa decisión fue tomada por los múltiples casos de corrupción que se presentaban dentro de la institución que salpicaron, incluso, a congresistas.

El desfalco, al parecer, ascendió a 10 millones de dólares e implicó a 41 funcionarios.

Así que una vez liquidada la Dirección, el Gobierno le dio origen a la Sociedad de Activos Especiales, para la administración de los bienes del narcotráfico, y al Fondo para la Reparación a las Víctimas, para los bienes que entregan los postulados a Justicia y Paz.

¿CÓMO FUNCIONA? así se entregan los bienes al fondo

El Fondo para la reparación a las víctimas está administrado por la Unidad para las Víctimas y tiene en su custodia bienes tanto de exparamilitares como de exguerrilleros sometidos al proceso especial de Justicia y Paz. La suerte de dichos bienes está atada a la definición de la situación legal de los excombatientes, la decisión de la política de extinción de dominio a favor de las víctimas. La toma la justicia cuando decide si a un postulado se le concede o no la pena alternativa de 5-8 años de prisión, que es el beneficio que otorga la ley de Justicia y Paz a la desmovilización. “Eso hace que los tiempos sean un poco largos, hay bienes que han durado en administración del Fondo 9 años y hay otros que en 3 años ya tienen su extinción de dominio”, explicó Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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