Un proyecto para transformar uno de los atractivos turísticos de San Andrés terminó bajo la lupa de la Fiscalía por presuntas irregularidades contractuales, recursos públicos comprometidos y obras ejecutadas sin los permisos requeridos.
La investigación tiene como protagonista a Everth Julio Hawkins Sjögren, gobernador del archipiélago entre 2020 y 2023, quien fue acusado formalmente por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de un contrato de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay.
El escrito de acusación, radicado el 15 de octubre de 2026, atribuye al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según el ente acusador, el proyecto, cuyo valor ascendía a $11.125 millones, habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a los $4.330 millones por presuntos sobrecostos, recursos que no se ejecutaron ni se devolvieron y la omisión de descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y sobretasas.
La Fiscalía sostiene que Hawkins habría tenido incidencia en decisiones determinantes para sacar adelante el negocio: la orientación del presupuesto, la selección del contratista y la modalidad de contratación.
Esto, pese a que la firma del contrato había sido delegada formalmente en el entonces secretario de Infraestructura.
La investigación busca establecer cómo una iniciativa de infraestructura turística terminó contratada mediante un mecanismo que, según la acusación, no correspondía a las exigencias legales, y por qué se comprometieron recursos públicos sin que estuvieran garantizadas las condiciones técnicas y ambientales necesarias para desarrollar las obras.
Un contrato cuestionado desde su origen La Gobernación de San Andrés suscribió un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que, de acuerdo con la investigación, no habría acreditado la experiencia técnica necesaria para ejecutar una intervención de esta naturaleza.
Las presuntas irregularidades habrían comenzado antes de la ejecución material del proyecto. La iniciativa no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación y tampoco contaba con las autorizaciones correspondientes, según el expediente presentado por la Fiscalía.
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A estos cuestionamientos se sumó la modalidad de contratación. Para el ente acusador, el objeto del negocio exigía adelantar una licitación pública, pero la administración habría optado por la contratación directa.
El estudio de mercado previo también fue señalado como insuficiente, mientras que el proyecto se presentó bajo la figura de una gerencia estratégica, aunque en la práctica comprendía la ejecución de obras de infraestructura.
La participación de Aremca tampoco se habría limitado a la administración de los recursos.
Según la Fiscalía, la asociación subcontrató tanto la ejecución de las obras como la interventoría, un aspecto que hace parte de los cuestionamientos sobre la estructuración y el desarrollo del contrato.
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El organismo investigador sostiene que Hawkins habría conocido las anomalías que se presentaron durante el trámite contractual, así como los desembolsos realizados y la posterior suspensión de los trabajos.
Esa presunta intervención es uno de los puntos centrales de la acusación contra el exgobernador. Millonarios desembolsos y obras sin permisos Los movimientos de los recursos públicos constituyen otro de los ejes de la investigación.
Según la información contenida en la acusación, la Gobernación desembolsó $10.847 millones a una fiducia constituida por Aremca los días 11 y 12 de enero de 2023, meses antes de que las obras comenzaran formalmente, el 20 de abril de ese año.
Para entonces, el proyecto aún enfrentaba obstáculos relacionados con las autorizaciones necesarias para intervenir el islote.
Los trabajos arrancaron sin licencia ambiental de Coralina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sin los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).
Pese a esas condiciones, se construyeron una plataforma y kioscos turísticos que, por carecer de los avales correspondientes, afrontan el riesgo de demolición. Otro de los componentes fundamentales del proyecto, el muelle de acceso al islote, nunca llegó a ejecutarse.
El contraste entre los recursos desembolsados y las obras realizadas es uno de los elementos que sustentan la hipótesis de un detrimento patrimonial superior a los $4.330 millones.
La Fiscalía atribuye ese posible daño económico a una combinación de presuntos sobrecostos, recursos sin ejecutar que no habrían sido reintegrados y descuentos tributarios que no se habrían aplicado.
La acusación deberá ser discutida en el escenario judicial correspondiente. Por ahora, los señalamientos constituyen la tesis de la Fiscalía y no equivalen a una declaración de responsabilidad penal contra Hawkins.
