En medio de la crisis política que atraviesa Cartagena, la viralización de un video que invita a una fiesta con 60 prostitutas a bordo de un yate y una isla privada ha desviado las miradas de las autoridades, funcionarios y ciudadanía en general.
La publicidad de este evento, denominado Sex Island, muestra a la ciudad como un destino sexual para extranjeros brindando un espacio en el que un grupo de máximo 30 hombres pueden sostener relaciones con 60 mujeres.
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El paquete, que tiene un costo de 5.000 dólares, incluye sexo con dos mujeres, alcohol y comida ilimitada, fiesta a bordo de una embarcación de lujo, acomodación en una isla del caribe colombiano y “luz verde” para consumir sustancias alucinógenas durante los cuatro días y tres noches que dura el evento.
La exposición mediática que ha tenido Sex Island gracias al número de reproducciones que logró su video promocional ha puesto en alerta a las autoridades de la ciudad que, con un discurso de no promoción de Cartagena como destino turístico sexual, han anunciado que tomarán cartas en el asunto. Según informó el mismo alcalde (e) Sergio Londoño y su secretario del Interior, Fernando Niño, trabajaran conjuntamente con Migración Colombia, Policía y Armada para impedir la realización de este evento.
“Este es un video obsceno que no obedece al turismo que queremos en Cartagena. Estos eventos dañan el buen nombre de los cartageneros, está a favor del consumo de las drogas y en contra de las mujeres. No los vamos a tolerar en la ciudad y después de una exhaustiva investigación sobre lo que sucede ya se tienen acciones puntuales para desarrollar”, manifestó Londoño Zurek, tras conocer la existencia de la pieza publicitaria de la compañía Good Girls Co.
Cartagena ya estuvo en una situación similar a mediados de este año, cuando la realización de Lal Expo, un congreso internacional de cine de adultos, fue cancelado por ir en contra de la imagen turística que quiere proyectar Cartagena. En aquel momento, los organizadores instauraron dos acciones de tutela en contra del Distrito y la Gobernación, pero el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y el Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial fallaron en contra.
Las razones que dieron los togados dejaron más interrogantes que certezas: las acciones legales no estaban llamadas a prosperar y, además, no se observaba que ni la Alcaldía ni la Gobernación hubiesen vulnerado ninguno de los derechos fundamentales que señalaban las tutelas. Finalmente, los jueces subrayaron que la tutela no era la acción legal pertinente para resolver este caso. La cancelación del congreso, sin piso jurídico, quedó como una decisión arbitraria y unilateral por parte de las autoridades.
¿Es ilegal?
Nadia Mejía, docente de la Universidad de Cartagena y especialista en derecho comercial y derechos humanos, explicó que en el derecho existe un principio que dice: todo lo que no esté prohibido está permitido. Esto significa que todo aquello que no esté tipificado en el código penal, no se puede prohibir o amenazar con sanciones.
En el caso de Sex Island, basándose únicamente en la información publicada por la organización, no se está incurriendo en ningún delito porque las prostitutas son mayores de edad y el evento se realiza en un sitio privado para no alterar el orden público.
“El código penal no castiga a las personas que se dedican a la prostitución, incluso, es una profesión defendida por la Corte Constitucional. Es un delito cuando son menores de edad o, siendo mayores de edad, son obligadas a hacerlo. Según el video que se mueve en redes sociales, este evento se hace en un yate y una isla privada, por lo tanto está amparado bajo el derecho fundamental a la intimidad. Si usted quiere invitar a 50 prostitutas a su casa y acostarse con todas es su problema siempre y cuando no afecte a la tranquilidad de sus vecinos, pues eso sí hace parte del Código de Policía”, indica la abogada.
Respecto a la promoción de Sex Island como actividad económica, dice la abogada, existe legitimidad aunque Good Girls Co no esté registrada ante la Cámara de Comercio, pues el código de comercio de Colombia, a pesar de obliga a que se haga este registro, también presume como ‘comerciantes’ a toda persona que realice alguna actividad mercantil.
“Lo máximo que puede pasar al respecto es que la Superintendencia de Industria y Comercio es que la sanciones y obliguen a pagar los impuestos que no han cancelado”, dice Mejía al respecto.
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