La solicitud de imputación se radicará este miércoles ante el Tribunal Superior de Bogotá. Conozca los detalles de los cargos y la implicación de testigos clave en este caso.
La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó este martes que la Fiscalía solicitará mañana una audiencia de imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos dentro del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La línea de investigación que compromete a Bonilla no empezó con el anuncio de esta semana. Según el expediente que adelanta la fiscal María Cristina Patiño, el exministro fue mencionado desde finales de 2023 en relación con tres proyectos que iban a ejecutarse en Cotorra, El Carmen de Bolívar y Saravena. Eran iniciativas por 92.000 millones de pesos que no se desembolsaron, pero sobre las cuales habría existido interés en entregarlas a seis congresistas de las comisiones económicas.
De acuerdo con los investigadores, el objetivo de esas gestiones habría sido conseguir que los legisladores agilizasen cupos indicativos que el Ministerio de Hacienda consideraba necesarios. Las supuestas coordinaciones habrían pasado por dos personas del círculo cercano del exministro: la exasesora María Alejandra Benavides y el exasesor Jaime Ramírez Cobo.
Benavides, quien ya negoció con la Fiscalía un principio de oportunidad con inmunidad total, se perfila como testigo clave. Su testimonio se suma a las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de otros exfuncionarios que han descrito cómo operaba la articulación entre la entidad y el Ministerio de Hacienda.
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El caso UNGRD ha derivado en la apertura de procesos contra cinco exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos están Olmedo López; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; y los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique. Según las declaraciones recopiladas, cada uno habría intervenido desde su cargo para mover contratos o asegurar respaldos legislativos.
Las menciones a Bonilla provienen también de López y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y hoy condenado. Ambos lo señalan de gestionar los tres proyectos que se presentarían como contraprestación a congresistas que acompañaban trámites del Ejecutivo en el Congreso.
La fiscal Patiño, encargada del proceso, había advertido desde el año pasado que el expediente requería verificaciones en terreno, pues involucraba hechos en Bogotá y en los municipios donde se proyectaron los contratos. Solo después de esas corroboraciones se decidió avanzar hacia la imputación.
Este martes, la fiscal general Camargo lo resumió así: “Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación... que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño”.
La diligencia deberá presentarse ante el Tribunal Superior de Bogotá, ya que Bonilla tiene fuero por haber sido ministro. Los cargos que se solicitarán son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
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