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“No se puede, a través de una ley, suprimirle facultades al Fiscal”: dura crítica de Barbosa a ley de narcobandas de Petro

El presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se reunieron dos horas de forma privada en la Casa de Nariño. El jefe del ente acusador le expresó nueve objeciones a la ley con la que pretenden desmantelar a carteles y otros grupos ilegales.

  • El fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro hablaron sobre puntos claves de la paz total, los acercamientos con narcobandas y la Ley de desmantelamiento. FOTO: Cortesía
    El fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro hablaron sobre puntos claves de la paz total, los acercamientos con narcobandas y la Ley de desmantelamiento. FOTO: Cortesía
20 de febrero de 2023
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Si bien lanzó una dura crítica sobre un artículo que golpearía la autonomía de la Fiscalía, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, reveló este lunes que está dispuesto a apoyar la ley de desmantelamiento con la que el presidente Gustavo Petro quiere desarticular a carteles del narcotráfico y otros grupos ilegales.

Lo hizo durante una reunión privada de más de dos horas en la Casa de Nariño, durante la cual le expresó 9 objeciones concretas a un proyecto de ley que desde esta semana será analizado por el Consejo de Política Criminal, en el cual la Fiscalía tiene voz y voto.

La nuez del asunto estuvo precisamente tras la declaración del fiscal, en la que aseguró que “no se puede, a través de una ley, suprimirle facultades a la Fiscalía”.

Dentro de los puntos claves de la reunión, el fiscal y el mandatario hablaron sobre la preocupación frente a los tiempo procesales fijados, pues para el ente investigador son demasiado cortos para lograr corroborar los hechos que se incluyan en las actas de las organizaciones criminales, además tampoco tendrán tiempo suficiente para confirmar si existen otros hechos delictivos que se hayan excluido. Además, Barbosa llamó la atención sobre la redacción del artículo 25 y afirmó que es la Fiscalía la que debe verificar otras conductas que no se incluyan en la imputación.

Otra de las objeciones del fiscal fue frente a la inexistencia de topes frente a los bienes que les serán entregados a las personas que hagan parte de esas organizaciones criminales de alto impacto. En ese sentido, “la Fiscalía considera que se deben ajustar a lo establecido en el artículo 133 del Código de extinción de dominio, donde existen topes para una concordancia jurídica”. Y resaltó que los bienes que ya estén en manos de la justicia no pueden hacer parte de las negociaciones.

A todo eso, el fiscal le sumó que la Fiscalía no puede verificar el cumplimiento de las obligaciones porque no es una función que le compete al ente investigador, para Barbosa, lo que sí pueden hacer es constatar en casos concretos si existen otras conductas delictivas, pero “no podemos ser un órgano verificador y no tenemos cabeza en el cumplimiento de obligaciones en los procesos”, señaló.

Dentro de ese paquete de reparos, el fiscal habló sobre una posible violación al principio de cosas juzgadas, es decir que bajo lo planteado en el artículo 46 los jueces van a poder proferir una sentencia colectiva, pero se podrá abrir otra vez para agregar conductas delictivas nuevas, en ese sentido se estaría violando ese principio.

Además, Baborsa hizo una recomendación para que las víctimas no queden desprotegidas en el proyecto, puesto que le preocupa la falta de claridad en cuanto al esquema de reparación y su rol en los procesos.

Así las cosas, y a pesar de las objeciones, la Fiscalía se mostró abierta a trabajar en pro de la paz total de Petro. “En esencia la voluntad de la Fiscalía está. Votaremos sí en el Consejo de Política Criminal y sabemos que el sometimiento colectivo es una buena alternativa (...) No queremos obstaculizar, queremos ayudar”, apuntó el jefe del ente investigador.

Dicha reunión se da luego de varias semanas de tensiones entre ambos por las diferencias que han tenido a la hora de interpretar la Ley. La más fuerte de esas disputas se dio cuando el fiscal se negó a levantar las órdenes de captura contra un grupo de 16 cabecilllas del Clan del Golfo y los Pachelly.

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