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Jorge Pretelt habría recibido soborno, ahora para favorecer a filial de Inassa

  • Jorge Pretel, magistrado de la Corte Constitucional. FOTO COLPRENSA
    Jorge Pretel, magistrado de la Corte Constitucional. FOTO COLPRENSA
Julián Amorocho Becerra | Publicado el 06 de noviembre de 2018

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión Acusaciones Cámara Representantes para que investigue al magistrado Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien presuntamente habría recibido una elevada suma de dinero para favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos S.A. (R&T), filial del la multinacional española Inassa.

Al igual que la acusación por el proceso de Fidupetrol, al parecer Pretelt habría incidido en el trámite de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Santa Marta, el 26 de junio de 2012.

Este versaba sobre la controversia entre esa empresa y el Distrito de Santa Marta en torno a la revisión

de legalidad del contrato para la modernización en el sistema de gestión y recaudos tributarios de esa ciudad.

Asimismo, la Fiscalía detalló que el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos.

Además, se pudo establecer que el soborno surtió efecto en la Corte Constitucional y de esa forma, en la sentencia T-082 de diciembre de 2012, con ponencia de Pretelt, benefició los intereses de la sociedad R&T, aunque posteriormente la decisión fue declarada nula por la Sala Plena de la misma Corporación, a instancia del Distrito de Santa Marta, el 28 de mayo de 2014.

Este proceso tiene un proceder similar al que tiene a Pretelt actualmente inmerso en un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos para favorecer la selección de una acción de tutela presentada por Fidupetrol en la Corte Constitucional, con la que querían evitar el pago de una millonaria multa.

Por parte de la empresa Inassa, esta tiene varios procesos en marcha en Colombia por presuntamente desviar recursos de uso exclusivo para servicios públicos en la costa Atlántica entre los años 2000 y 2017.

El desfalco fue calculado alrededor de 300 mil millones de pesos.

Contexto de la Noticia

Julián Amorocho Becerra

Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción.

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