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Luego de que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías, se abstuviera de imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria a la excontralora, Sandra Morelli, la Fiscalía interpuso el recurso de reposición.
El Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, al sustentar el recurso, reiteró el enfoque que el ente acusador durante la audiencia de imputación para demostrar que si existe inferencia razonable sobre la posible autoría de la ex funcionaria pública en las conductas punibles endilgadas.
Durante la audiencia, el fiscal a cargo de la investigación señaló que la decisión del magistrado se basó, entre otras cosas, en documentos diferentes presentados por la defensa, así como en suposiciones de la representante del Ministerio Público, en tanto que no tuvo en cuenta varias de las pruebas descubiertas por la Fiscalía que permitían inferir la participación de la excontralora en la comisión de los hechos.
En su momento, el delegado fiscal destapó 7 evidencias con las cuales argumentó la imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, con circunstancias de mayor punibilidad.
Refutó lo expuesto por la procuradora y el mismo magistrado, quienes consideraron que los hechos no eran graves, y resaltó que las conductas si causaron graves daños por los costos que ha generado para el Estado en época de austeridad.
Igualmente reiteró que la medida de aseguramiento solicitada es idónea para que Morelli Rico comparezca, ya que el monto de la pena que podría afrontar en caso de ser hallada responsable, superaría los 8 años de prisión.
El 11 de septiembre último, ante la magistratura del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación de cargos a Maria Sandra Morelli Rico, por las presuntas irregularidades en que incurrió al realizar contratos para el cambio de sede del Nivel Central de la Contraloría General de la República.
Ante la petición de la Fiscalía, la magistratura fijó el viernes 12 de diciembre a las 8 de la mañana para dar lectura a la decisión.