La investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe se ve así: un cuarto repleto de carpetas, expedientes y denuncias, con computadores cargados de información y un equipo experimentado de investigadores intentando encajar las piezas de un rompecabezas complejo, alimentado por múltiples hipótesis.
Desde que ocurrió el atentado, el pasado 7 de junio, la Fiscalía emprendió un trabajo sin descanso para dar con todos los responsables: desde los campaneros hasta quien dio la orden inicial.
En ese camino, seis personas han sido capturadas, pero el rostro que ocuparía la cima de la cadena de mando, el autor intelectual, sigue sin ser identificado plenamente, aunque cada paso parece acercar la investigación a su descubrimiento.
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Hace apenas dos días, surgió una nueva hipótesis. Sin aportar pruebas, el presidente Gustavo Petro señaló al ELN como posible autor intelectual del magnicidio. No es la primera vez que el mandatario apunta públicamente hacia distintos posibles responsables.
“He movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando. El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”, declaró el jefe de Estado.
Esta hipótesis, como las demás, hace parte de la baraja que el ente acusador mantiene abierta. De acuerdo con información obtenida por este diario, la Fiscalía no descarta ningún escenario y, mientras avanza la recolección de pruebas, el expediente sigue engrosándose con nuevas líneas de investigación.
El trabajo, por su complejidad y alcance, se hace cada vez más dispendioso, algo lógico tratándose de un caso de alto impacto político y con implicaciones nacionales.
El reto para los investigadores es monumental. Entrecruzar testimonios, interceptaciones, análisis financieros y seguimientos, todo mientras el tiempo avanza y la presión pública crece. Según las autoridades, la investigación mantiene abiertas varias líneas y, mientras no se logre certeza sobre quién dio la orden, ninguna hipótesis será descartada.
Con especial énfasis en dos líneas de indagación. La primera señala a la Segunda Marquetalia, presuntamente a través de alias El Zarco Aldinever, quien, según versiones preliminares, habría muerto en territorio venezolano durante una emboscada del ELN. Sin embargo, el ministro de Defensa aclaró que, hasta el momento, no se ha recuperado un cuerpo que permita confirmar de manera plena la muerte del disidente.
La segunda hipótesis, que hoy concentra mayor atención de los investigadores, apunta a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la Fiscalía, Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado de coordinar el atentado, habría trabajado con este disidente. En esa teoría, se analiza si Mordisco ordenó el traslado de varios de los implicados a municipios del Caquetá como La Montañita y Belén de los Andaquíes, zonas bajo influencia de ese grupo armado.
En ese departamento justamente se produjo la captura de una de las presuntas responsables conocida con el alias de Gabriela.
El presidente Petro, además de sugerir que el ELN pudo estar involucrado, anunció que la indagación contará con la participación de investigadores internacionales, un anuncio que marca un giro frente a la posición expresada meses atrás por la propia Fiscalía, que entonces sostuvo que no era necesario ese apoyo porque sus equipos eran lo suficientemente competentes para esclarecer el crimen.
Por ahora, el proceso judicial tuvo un cambio significativo con el fallecimiento del congresista. El delito inicialmente imputado a varios de los capturados, tentativa de homicidio, pasó a ser homicidio agravado, lo que aumenta las penas a las que podrían enfrentarse. Se conoció que solo el adolescente que disparó el arma homicida no será imputado por homicidio.
La razón radica en que el joven ya había sido acusado formalmente por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que aceptó. De acuerdo con la legislación colombiana, la Fiscalía solo puede modificar la calificación jurídica de los hechos hasta antes de la audiencia de acusación formal, etapa que en este caso ya se surtió. En todo caso, aun si la Fiscalía pudiera imputarle el cargo de homicidio, la pena para el adolescente no cambiaría. Hasta donde se ha conocido, el menor sería condenado a la sanción máxima prevista en el sistema penal para adolescentes: ocho años de privación de la libertad.
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