A l escándalo de su viaje a San Andrés con su familia y en plena pandemia, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, deberá lidiar con un dolor de cabeza más: dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional demandaron su elección y esta acción fue admitida en el Consejo de Estado.
Los demandantes Gina Paola Ávila Sierra y René Mateus Forero aseguran que el periodo del fiscal general es institucional, no personal, por lo cual Barbosa debería estar frente al ente investigador hasta noviembre de 2020, cuando se cumplía el periodo institucional que dejó vacante Néstor Humberto Martínez al renunciar el año pasado.
De acuerdo con los estudiantes, el artículo 125 de la Constitución establece el periodo institucional para garantizar el equilibrio de poderes; y agregan que “reivindicar la necesidad de que dicho periodo sea de carácter institucional es indispensable para garantizar la primacía del orden constitucional y la protección de la democracia (...) de lo contrario se atenta contra el principio constitucional de separación de poderes”.
Según su análisis, lo ideal es que una misma corriente de poder no esté al frente de los entes estatales: “El sistema de frenos y contrapesos busca, entonces, que exista un diálogo diverso entre las distintas ramas del poder público y los órganos que la conforman. Se quiere, expresamente, evitar que unos pocos dominen el poder de un Estado, a través de la toma de cada uno de los órganos que inciden en el desenvolvimiento de un gobierno, con el fin de que no haya abusos ni arbitrariedades”.
De momento, el escrito fue admitido por los consejeros y en el reparto le correspondió a la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez.
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