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Ante la importancia de que el Estado colombiano adopte decisiones acertadas y oportunas respecto de las riquezas sumergidas con el Galeón San José, la Procuraduría General de la Nación reiteró los aspectos que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional para la administración del patrimonio cultural sumergido.
Se trata de un pronunciamiento presentado ante la Corte Constitucional el 25 de febrero de 2014, cuando el alto tribunal estudiaba una demanda contra algunos apartes de la Ley 1675 de 2013 que establece las condiciones para proteger, visibilizar y recuperar este patrimonio.
El concepto señaló en su momento que el derecho de propiedad de los bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido 100 años o más a partir de la ocurrencia del hecho, independientemente de que formen o no parte del patrimonio cultural sumergido, pertenece a la Nación.
Considera este organismo de control que es obligatorio para el Estado y para quien ejecute las labores...