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Por nelson matta colorado | Publicado el 16 de mayo de 2019
En el trasfondo de la crisis que se ha desatado entre la justicia ordinaria y la transicional, emerge una figura que tiene tantos amigos como detractores en Colombia: la extradición.
Legalizar el acuerdo binacional entre 1983 y 1997 no solo costó intensas horas de debate, sino múltiples funerales, por cuenta de atentados de “los Extraditables”, una facción del cartel de Medellín que se oponía.
Según fuentes de la Embajada estadounidense, entre 1999 y 2015 fueron extraditados 1.700 colombianos; significa un promedio anual de 106 personas.
El Estado colombiano ha usado esa herramienta para combatir amenazas a la seguridad nacional: pasando por todas las generaciones de narcos, desde los poderosos carteles de Medellín, Cali y el Norte del Valle, hasta los grupos de nueva generación como el “Clan del Golfo”, “la Oficina” y “los Rastrojos”.
También ha servido para castigar a los actores del conflicto armado. Uno de los miembros del secretariado de las antiguas Farc, Juvenal Palmera Pineda (“Simón Trinidad”), paga la máxima condena que permite el tratado: 60 años de cárcel.
Los jefes paramilitares llevaron la peor parte, al comprobarse que siguieron delinquiendo después de la desmovilización y en 2008 fueron extraditados “Berna”, “Macaco”, “Mancuso”, “Gordo Lindo” y “Cuco Vanoy”, entre otros.
La figura diplomática se aplica en especial en expedientes de narcotráfico y lavado de activos, aunque en los años recientes funcionó para golpear estructuras dedicadas al tráfico de migrantes por la región del Darién y a la corrupción estatal.
Los personajes más representativos de esa corruptela son el general (r) Mauricio Santoyo, extraditado en 2013 por nexos con paramilitares y narcos, quien regresó al país el mes pasado tras seis años de encierro; y el exfiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, enviado a EE.UU. en 2018 y sentenciado a cuatro años por lavado de activos.
Entre los detractores de la extradición hay juristas, académicos y políticos, que la consideran un mecanismo que somete la justicia colombiana a la ley extranjera.
Y los colectivos de víctimas cuestionan el tratado porque, desde su óptica, obstruye el acceso a la verdad, justicia y reparación de miles de afectados por los extraditables.
¿Y ahora qué?
En pocas ocasiones la justicia colombiana había rechazado un pedido de extradición de EE.UU. Algunos casos sucedieron en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con jefes de las Auc que se comprometieron con el proceso, como Édgar Cobos Téllez (“Diego Vecino”) y Fredy Rendón (“el Alemán”).
Ahora que sucede con la JEP, ¿qué tan afectado puede quedar este mecanismo?
Francisco Bernate, director de la especialización en Derecho Penal de la U. del Rosario, opina que “la JEP terminó convirtiendo la extradición, que es un trámite, en un proceso, llenándolo de pruebas, y pues se materializa en esta liberación y negativa de extradición que afectará las relaciones entre EE.UU. y Colombia. Esto no tiene sustento jurídico”.
Añade que “lo que tuvo que tener en cuenta la JEP, tal cual se hace en la justicia ordinaria, es la acusación que envía EE.UU., que limita las fechas, entonces con base en esas fechas que se fijan en la acusación es que se toma la decisión sobre la garantía o no de extradición. En una extradición no hay lugar a la práctica de pruebas, como en este caso lo hizo la JEP”.
De otro lado, el Magíster en Derecho Penal, Luis Agudelo, argumenta: “no veo que jurídicamente trascienda una reforma sobre la extradición, este es un asunto más bien político. La gente no asume que este sea un problema solo por la extradición, sino que el problema es que exista la JEP y sea esa instancia que decidió sobre el caso”.
A su juicio, “no considero que tuvieran que ser modificadas las competencias de la JEP sobre la extradición. El país no ha podido comprender lo que implica un proceso de las dimensiones del que se hizo con las Farc. Si lo hubieran extraditado (a Santrich), eso hubiera mellado el acuerdo de paz. Era una encrucijada de la que la JEP no se podía apartar y ahora lo que le toca hacer, si quiere calmar ánimos, es empezar a dictar sentencias”.
EL COLOMBIANO buscó la opinión de la Embajada de EE.UU. sobre el tema, pero al cierre de edición no se había pronunciado.
Contexto de la Noticia
PARA SABER MÁS el riesgo de una descertificación
En septiembre de 2018 el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia y el presidente Donald Trump manifestó su preocupación por el hecho. En marzo, aseguró que su homólogo Iván Duque “no ha hecho nada” con esta problemática. Estos antecedentes tienen al país ante un riesgo de perder su certificación, un instrumento de diplomacia coercitiva que utiliza Washington para presionar conductas en la lucha antidrogas. Según la analista estadounidense y profesora de la U. del Rosario, Arlene B. Tickner, “hay señales de que se está adoptando una estrategia de matoneo, para forzar ciertas decisiones en el contexto colombiano relacionadas con la fumigación de los cultivos ilícitos y la revisión del estatuto de la JEP para reforzar el tema de la extradición”.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.