En el trasfondo de la crisis que se ha desatado entre la justicia ordinaria y la transicional, emerge una figura que tiene tantos amigos como detractores en Colombia: la extradición.
Legalizar el acuerdo binacional entre 1983 y 1997 no solo costó intensas horas de debate, sino múltiples funerales, por cuenta de atentados de “los Extraditables”, una facción del cartel de Medellín que se oponía.
Según fuentes de la Embajada estadounidense, entre 1999 y 2015 fueron extraditados 1.700 colombianos; significa un promedio anual de 106 personas.
El Estado colombiano ha usado esa herramienta para combatir amenazas a la seguridad nacional: pasando por todas las generaciones de narcos, desde los poderosos carteles de Medellín, Cali y el Norte del Valle, hasta los grupos de nueva generación como el “Clan del Golfo”, “la Oficina” y “los Rastrojos”.
También ha servido para castigar a los actores del conflicto armado. Uno de los miembros del secretariado de las antiguas Farc, Juvenal Palmera Pineda (“Simón Trinidad”), paga la máxima condena que permite el tratado: 60 años de cárcel.
Los jefes paramilitares llevaron la peor parte, al comprobarse que siguieron delinquiendo después de la desmovilización y en 2008 fueron extraditados “Berna”, “Macaco”, “Mancuso”, “Gordo Lindo” y “Cuco Vanoy”, entre otros.
La figura diplomática se aplica en especial en expedientes de narcotráfico y lavado de activos, aunque en los años recientes funcionó para golpear estructuras dedicadas al tráfico de migrantes por la región del Darién y a la corrupción estatal.
Los personajes más representativos de esa corruptela son el general (r) Mauricio Santoyo, extraditado en 2013 por nexos con paramilitares y narcos, quien regresó al país el mes pasado tras seis años de encierro; y el exfiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, enviado a EE.UU. en 2018 y sentenciado a cuatro años por lavado de activos.
Entre los detractores de la extradición hay juristas, académicos y políticos, que la consideran un mecanismo que somete la justicia colombiana a la ley extranjera.
Y los colectivos de víctimas cuestionan el tratado porque, desde su óptica, obstruye el acceso a la verdad, justicia y reparación de miles de afectados por los extraditables.
