“No sabemos nada de eso aún, no se ha comentado y allá no nos decían nada, todo está en espera”.
Esas fueron las tímidas palabras de los dos presuntos integrantes del frente 34 de las Farc capturados en las últimas horas por personal de la Policía y la IV Brigada del Ejército en el municipio de Caicedo, Occidente de Antioquia, y a quienes se les preguntó si tienen algún conocimiento sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, si entra en vigencia, podría beneficiarlos jurídicamente.
José Aldemar Ramírez Vargas, alias “Ronaldo”, supuesto cabecilla de finanzas de la compañía Vladimir Urrutia de dicho frente, y Rubiel Betancur Escobar, alias “Yuber”, presunto guerrillero raso, son acusados por las autoridades de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, métodos de guerra ilícitos, terrorismo, extorsión y tráfico, porte o fabricación de armas de fuego.
Tras ser llevados ante un juez de control de garantías, el arresto de esos dos hombres fue legalizado y aunque ellos no aceptaron los cargos, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
“Estos dos miembros de esta estructura llevaban unos 10 años delinquiendo en el Occidente de Antioquia, estaban encargados de los secuestros y extorsiones en municipios como Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Anzá”, aseguró el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia.
¿Qué podría pasar?
Una fuente cercana al equipo jurídico que ayudó a estructurar el acuerdo sobre justicia en los diálogos de La Habana, explicó a EL COLOMBIANO lo que podría pasar con los integrantes de las Farc, en caso de comenzar a aplicarse la JEP.
Partiendo del caso de alias “Ronaldo” y “Yuber”, quienes fueron enviados a Bellavista, a pesar de no aceptar los cargos que les fueron imputados, lo que sigue para ambos es un juicio común y corriente de la justicia ordinaria. En caso de ser condenados, podrían pagar una pena de hasta 60 años.
Sin embargo, podrían salir beneficiados por la JEP, (una vez comience a funcionar tras un Acuerdo Final en Cuba), siempre y cuando cumplan con unos requisitos acordados en La Habana:
El primero, que esas personas deben ser reconocidas por el grupo guerrillero como sus integrantes. El segundo, que el Gobierno debe aprobar ese reconocimiento por parte de las Farc. Y por último, que los “beneficiados” deberán reconocer todos los delitos y hechos que hayan cometido.
Según comentó el experto consultado, quien pidió reserva de identidad, “es esencial que se entienda que la Jurisdicción Especial para la Paz solo aplicará para delitos cometidos antes de la firma de un Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, lo que ocurra de ahí en adelante podría ser llevado por la justicia ordinaria. Esto lo que garantiza es que ningún integrante de las Farc puede seguir cometiendo crímenes una vez se firme el fin del conflicto”.
Por su parte, las Fuerzas Armadas, independiente de qué pueda pasar jurídicamente con los guerrilleros que ya están condenados o recién capturados, seguirán con los procesos de investigación y ejecución de las órdenes de captura que estén activas contra integrantes de las Farc.
“El Gobierno ha impartido órdenes concretas al Ejército y a la Policía en lo referente a atacar todos los fenómenos de criminalidad que afecten la tranquilidad de todos los colombianos, en ese sentido los integrantes de la Fuerza Pública debemos cumplir con nuestro deber constitucional y aquella persona que esté afectando la seguridad o la tranquilidad de otro ciudadano, así sea de las Farc u otro grupo, será capturada”, afirma el general Jorge Romero, comandante de la IV Brigada del Ejército.
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