Agua, animales y árboles se ven negros, manchados por un manto oscuro que se regó por alrededor de 20 kilómetros en La Fortuna, Santander, algo así como ir de Medellín a Sabaneta.
La imagen corresponde al derrame de petróleo que se registró en marzo pasado en el pozo Lizama 158, propiedad de Ecopetrol, el cual provocó una tragedia ambiental que, según ONU Ambiente, tardará por lo menos un año en superarse.
El segundo registro trae imágenes similares, pero a menor escala, en Cantagallo (Bolívar). Otro derrame de crudo, también responsabilidad de la misma petrolera, se extendió durante unos 30 kilómetros del río Magdalena, representados en 125 barriles de petróleo que, de una u otra manera, también contaminaron el ambiente.
Sin embargo, Ecopetrol no es la única responsable de estos eventos. En Colombia, según la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), se reportaron 86.245 barriles derramados por causas operacionales, incluyendo fallas operativas, volcamientos y sucesos naturales, como deslizamientos o fallas geológicas.
La infraestructura petrolera del país, según el Ministerio de Minas, se extiende en 4.465 kilómetros de oleoductos y otros 3.980 kilómetros de poliductos; es decir, los hidrocarburos, lodos o agua que se emplean para la extracción de hidrocarburos en Colombia, se trasladan por conductos a lo largo de 8.445 kilómetros, la distancia que se recorre en cinco viajes de ida y vuelta entre Medellín y Pasto.
“Las fallas denominadas ‘operativas’ se deben principalmente al volcamiento de vehículos que transportan crudo y a fallas mecánicas o técnicas causadas en mayor medida por corrosión en las líneas y desgaste en la tubería”, se lee en el informe de desempeño ambiental de la Acp.
Radiografía a los derrames
Entre enero de 2009 y mayo de este año, en el caso de Ecopetrol, se derramaron 28.172 barriles de crudo en Colombia, producto de incidentes operacionales”, es decir, el 32 % de todos los derrames en el país, según el reporte entregado por la empresa Ecopetrol y contrastado con las cifras de ACP y la Anla.
En cuanto a lo que ha sucedido en el país por cuenta de estos incidentes, entre 2008 y 2015, el más alto fue 2011, con 17.817 barriles derramados, mientras que el más bajo fue 2013, con 6.189 barriles.
“Esto demuestra que hubo una previsión y mayor interés de las compañías en lo que tiene que ver con la prevención y el mantenimiento, pero no se puede bajar la guardia”, sostuvo el economista y abogado José Roberto Acosta.
En el caso de Lizama, la compañía dijo que se ha atendido la situación desde todos los frentes y como lo ordenan los protocolos diseñados para enfrentar estas contingencias. Incluso, en una entrevista con EL COLOMBIANO, publicada el 3 de abril pasado, el presidente de la compañía, Felipe Bayón, manifestó que “las autoridades competentes harán sus análisis y determinarán si se pudo haber hecho diferente.
Incluso, Jhon Jairo Martínez, líder social y ambiental en Santander, señaló que la atención de la petrolera fue óptima, pues arribó con personal, maquinaria y tecnología para enfrentar la tragedia. “Ecopetrol no es santo de nuestra devoción, pero hay que reconocer que se volcó a atender la crisis, buscando dar soluciones ambientales y sociales”.
Asimismo, la vicepresidente de Producción de Ecopetrol, Francy Ramírez, sostiene que desde hace unos 15 o 20 años el mundo tiene más conciencia ambiental, lo que ha permitido, más allá del interés de reducir los indicadores negativos como sucede con los “incidentes”, le apunta a enfocarse en el mantenimiento de la infraestructura para evitar desastres. “A través de la evaluación de integridad de activos, mediante pruebas para verificar el estado de la infraestructura, identificamos dónde debemos hacer cambios o el grosor de los tubos, para evitar que estos incidentes se registren”, explicó la vicepresidenta.
¿Por qué pasa?
Johana Andrea Velásquez, magíster en restauración de ecosistemas de la Universidad de Alcalá (España), sostiene que la responsabilidad es de las empresas petroleras, porque “las compañías incumplen el mantenimiento de sus estructuras hasta que ocurre un accidente”, como los que se hacen evidentes “gracias a los medios de comunicación y, ahora, a las redes sociales”, cuestiona Velásquez.
Otra crítica va dirigida a que las petroleras “se ven en la obligación de hacer cambios en sus tuberías cuando hay daños y no preventivamente. Considero que la falencia está en las entidades gubernamentales que deben vigilar con mayor frecuencia las actividades petroleras, ya que esa es la única forma de presionar a las compañías y obligarlas a que cumplan”.
La experta sostiene que esto sucede con más frecuencia en territorios alejados de la civilización y agrega que “me preocupan regiones como Meta, Casanare o Vichada”.
Al plantearles esta versión a dos analistas, el exministro de Minas Rubén Darío Lizarralde y a Pedro Carmona, director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda, la respuesta es la misma: son hechos fortuitos que no directamente están relacionados con descuido o inoperancia de las petroleras.
Por una parte, Lizarralde asegura que no hay descuidos, pero sí apunta a que existen pozos que están “viejos y están dando sorpresas, porque incluso han emanado petróleo por bocas diferentes de donde se habían perforado”, por lo que apunta a que el seguimiento y monitoreo de estos deben ser una prioridad de las petroleras, “sobre todo de Ecopetrol, pues los más antiguos fueron de su responsabilidad”, agregó el exministro.
Mientras que Carmona confía en las compañías, al asegurar “operan normalmente con sistemas de control u operación, y protocolos para responder por las actividades que realizan”, pero plantea la necesidad de reforzar la vigilancia a esta infraestructura que, por más extensa que sea, deberá contar con un trabajo articulado “entre los organismos del Estado, las empresas y las organizaciones sociales”.
Hacia dónde vamos
Por el lado de Ecopetrol, la empresa más grande que opera en el país, sostiene que la estrategia ambiental se mide a través de indicadores ambientales logrando una “operación sana, segura, limpia y responsable”.
Por esto, sostiene, han logrado una reducción del 99 % de los incidentes reportados entre 2009 y 2017, pasando de derramar 7.533 barriles en 2009 a 50 el año pasado, aunque el indicador les repuntó en lo que va de 2018, con los incidentes de Lizama y Cantagallo.
“Lo que promueve este indicador es un crecimiento responsable de las operaciones, de tal manera que a pesar del incremento en la producción de una organización y de sus facilidades como líneas de flujo u oleoductos, el índice relativo de derrames sea competitivo”, dice la compañía.
Al respecto, James Murillo, director de la organización ambiental Cabildo Verde, con asiento en Bolívar, menciona que la preocupación con este tipo de incidentes radica en que “con una sola gota de petróleo que se derrame” la afectación es directa sobre un recurso hídrico, por lo que representa el Magdalena.
Lo claro es que, por más vigilancia y previsión que tengan las compañías petroleras, nunca habrá un 100 % de seguridad para evitar que se registren estos incidentes, pues factores como las perforaciones ilegales, la topografía del país y en ocasiones el clima, le pueden jugar una mala pasada, aunque no es lo que se espera.
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