La Corte Constitucional declaró inconstitucional un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la República en 2016, que buscaba que si a una familia de estrato 1, 2 o 3 le cortaban los servicios públicos domiciliarios (energía, agua y gas) por mora en el pago de la factura, una vez se pusiera a paz y salvo la empresa no podría cobrar el costo de la reconexión.
Cuando esta ley llegó al escritorio del presidente Juan Manuel Santos para ser sancionada, el entonces mandatario la objetó por considerarla inconveniente económicamente para la Nación. El Gobierno explicó que al tratarse “de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión de los servicios tendrá que ser asumido por una de las partes (la empresa o el consumidor)”.
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A juicio del Ejecutivo, el proyecto vulneraba el principio de solidaridad y era inequitativo con las personas que pagan “oportunamente sus obligaciones”. Con esto, el Gobierno también se exoneraba de responsabilidad, pues aclaró que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, ya que seria una carga para el fisco.
Al ser objetada y devuelta al Congreso, el Legislativo debía, si así lo consideraba, insistir en la conveniencia ante el Alto Tribunal en las siguientes dos legislaturas, lo cual no ocurrió y derivó en la decisión tomada por la Corte en las últimas horas.
Así que los cargos de reconexión se mantienen y las familias que no puedan pagar sus facturas, una vez se hayan puesto a paz y salvo o hayan llegado a un acuerdo de pagos deberán pagar ese costo extra si quieren volver a gozar de los servicios públicos.
