La preocupación por las condiciones de seguridad de las campañas políticas fue uno de los temas centrales en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que se llevó a cabo el día de hoy 22 de mayo. En este encuentro, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre un incremento de los hechos de violencia que afectan a liderazgos políticos y a las actividades de campaña en distintas regiones del país.
Según la organización, durante las últimas semanas se han documentado 63 hechos de violencia en 21 departamentos, dirigidos contra diferentes campañas presidenciales. Los casos se concentran especialmente en las candidaturas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
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La directora explicó que estas afectaciones incluyen ataques contra sedes de campaña, daños a la propaganda electoral y obstáculos para la realización de movilizaciones y actividades proselitistas.
“Tenemos un total de 63 hechos en 21 departamentos frente a diferentes tipos de campañas concentradas en la campaña de Paloma Valencia, de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda. Esto significa vandalismo a las sedes de campaña, dañar la propaganda electoral, afectación a las movilizaciones que tienen”, señaló ante medios nacionales.
La advertencia cobra especial relevancia en la última semana antes de las elecciones. De acuerdo con las restricciones vigentes, las campañas ya no pueden realizar eventos masivos en plazas públicas y deben concentrar sus actividades en espacios cerrados, lo que convierte a las sedes políticas en puntos estratégicos para la recta final de la contienda.
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Por esa razón, Alejandra Barrios pidió reforzar las medidas de protección en estos lugares. “Es importante recordar que estas semanas solamente se pueden hacer eventos en lugares cerrados. Significa que las sedes de campaña toman una importancia particular, por lo que requieren también, por lo tanto, una vigilancia reforzada”, afirmó.
La MOE identificó que Medellín, Bogotá y Bucaramanga son algunas de las ciudades donde se ha concentrado buena parte de los incidentes registrados contra el proselitismo electoral.
Además de los hechos de violencia física y vandalización, la organización manifestó preocupación por el aumento de denuncias relacionadas con la participación indebida de funcionarios públicos en actividades políticas. Según Barrios, los reportes ciudadanos han aumentado desde la semana pasada y no solo involucran el uso de bienes o recursos del Estado para favorecer candidaturas, sino también intervenciones públicas que podrían alterar las condiciones de competencia electoral.
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“Tenemos que recordarnos que esto no es solamente el uso de bienes y servicios para favorecer campañas políticas, es también la intervención de algunos funcionarios del Estado para favorecer campañas políticas, para hacer referencia a las candidaturas que puede afectar la competencia electoral”, señaló.
Otro de los temas que inquieta a la MOE es el crecimiento de la violencia digital. La directora de la entidad señaló que este fenómeno está impactando especialmente a mujeres que ejercen liderazgo político y a periodistas.
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