Un total de 15 gobernadores y líderes indígenas de Bojayá, con apoyo de Dejusticia, radicaron una tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por considerar afectado su derecho al voto en la jornada del plebiscito celebrado el 2 de octubre.
La razón es que ninguna de las 26 mesas de votación del municipio estaba ubicada en ninguna de las 32 comunidades del pueblo embera dobida, que habitan en el municipio, por lo que no pudieron, literalmente, acudir a votar. Esto, porque la mayoría están asentadas en zonas remotas a las que acceder puede tomar hasta 12 horas en lancha.
La tutela argumenta que el 69,63 % de los habitantes de Bojayá habilitados para votar en el plebiscito no acudió a las urnas, que de los 6868 pobladores de este pueblo sólo 2086 votaron, la gran mayoría (95,78 %) por el Sí.
Según el testimonio de líderes como Leyner Palacios Asprilla, vocero del Comité por los Derechos de la Víctimas de Bojayá, la comunidad sintió una enorme frustración porque no pudo pronunciarse en un tema fundamental para ellos: el fin de la guerra con las Farc.
Cabe recordar que el 2 de mayo del 2002 las Farc provocó la peor tragedia en la historia de Bojayá cuando en un enfrentamiento con los paramilitares, la guerrilla lanzó un cilindro bomba que cayó en la iglesia del pueblo, donde la comunidad se estaba resguardando de los combates. La explosión dejó 79 personas muertas, entre ellas 48 niños.
En la tutela que está en manos del Consejo Seccional de la Judicatura de Quibdó se argumentó que los tarjetones electorales sólo estaban redactados en castellano, y no se tomaron medidas para facilitar el voto de quienes no hablan ese idioma.
Los demandantes sostienen, además, que el desplazamiento hasta las urnas representa un alto riesgo para ellos: “las únicas arterias de comunicación de la zona son ríos caudalosos y de difícil navegación (...) En el pasado, varias personas han fallecido en el trayecto que comunica nuestros asentamientos con el casco urbano del municipio”.