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Los pendientes de Colombia en DDHH, según Humans Right Watch

  • La Fiscalía investiga 397 homicidios de defensores de derechos humanos desde 2016. FOTO EDWIN BUSTAMANTE
    La Fiscalía investiga 397 homicidios de defensores de derechos humanos desde 2016. FOTO EDWIN BUSTAMANTE
Colprensa | Publicado el 14 de enero de 2021

Son 8,2 millones de colombianos los que han sido desplazados forzosamente desde 1985, según lo revela el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), que volvió a dejar en una posición incómoda a la Nación en materia de Derechos Humanos.

Si bien, resalta el Acuerdo de Paz al que llegó el Gobierno Nacional y las extintas Farc para culminar un conflicto que aquejó al país durante más de 50 años, también ponen en evidencia que las dinámicas de la guerra han cambiado y dejan graves afectaciones a la población civil.

El organismo internacional reportó que, durante 2020, la población en varias regiones del país sufrió abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo, además que, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios fueron víctimas de amenazas de muerte y actos de violencia constantes.

El reproche del organismo es en contra del Gobierno, pues, a su juicio, las medidas de protección han sido insuficientes, de ahí que consideren necesario alertar sobre la latente violación de derechos humanos.

“Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas”, argumentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Para el vocero de la oenegé, la violación de derechos humanos tiene protagonista, y son las estructuras al margen de la ley que se rehusan a salir de los territorios.

Por ejemplo, el informe relata que en Cauca, las disidencias de las Farc han cometido homicidios, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También impusieron sus propias medidas para frenar la propagación de la covid-19, incluidos confinamientos, y amenazaron, atacaron y mataron a algunas personas, al parecer por no cumplir con las medidas.

Respecto del Eln, el documento reveló que la estructura siguió cometiendo crímenes de guerra y abusos contra civiles, tales como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil. El ‘Clan del Golfo’, por su parte, acrecentó la presencia en territorio, sobre todo, en Chocó, lugar en donde se disputan con el Eln.

Edocumento de HRW también relata los abusos que ha tenido la población por parte de miembros de la fuerza pública.

“Hasta septiembre de 2020, la Fiscalía General había iniciado más de 2.000 investigaciones sobre presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y había conseguido más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios”, dice el documento, que expone que en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército.

El informe de la oenegé dirigida por Vivanco resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues más de 250 miembros de las fuerzas armadas han declarado por su rol en falsos positivos ante la justicia transicional.

Líderes sociales

Otra tarjeta roja de HRW para Colombia es el asesinato de líderes sociales, debido a que hasta septiembre, la Fiscalía General estaba investigando 397 casos de homicidios de defensores de derechos humanos cometidos desde 2016 y había obtenido condenas en, al menos, 61 casos.

“Las autoridades han logrado avances mucho más limitados en el procesamiento de los autores intelectuales o determinadores de homicidios de defensores de derechos humanos”, expuso Vivanco.

El funcionario añadió que la mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo la producción y el tráfico de drogas. Entre estas zonas se incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y la región de Bajo Cauca.

Destacaron que la Unidad Nacional de Protección ha otorgado medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos que han denunciado amenazas, y que las medidas tomadas incluyen teléfonos celulares, chalecos antibalas y escoltas.

Lo que dice el Gobierno

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, dijo que el informe de HRW es un insulto al país, y agregó que para garantizar la protección de los excombatientes, el Gobierno tiene mecanismos para evitar la violencia, que van desde estrategias de no estigmatización contra personas en proceso de reincorporación hasta entregar recompensas a aquellos que nos den información sobre la ubicación de los cabecillas de los grupos que los han estado afectando.

“Hemos ido más allá del acuerdo y hemos no solo extendido en el tiempo, las garantías económicas, de salud y educación, sino que le hemos otorgado el carácter de permanente a los antiguos ETCR y estamos implementando un ambicioso programa de vivienda en esos espacios” dijo Archila.

De acuerdo al consejero, las garantías para las personas que hacen parte de la reincorporación y le apuestan a la paz con legalidad se ratifica también con el mantenimiento y abastecimiento en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, AETCR, con una inversión de $54.264 millones beneficiando a 6.393 personas.


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