La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) será sometida a revisiones por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella y organismos de control en Colombia, a raíz de contratos, gastos reservados, pagos a fuentes humanas y contactos con integrantes de estructuras criminales registrados durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Entre los asuntos que serán examinados se encuentran un dron adquirido por más de $9.000 millones que posteriormente sufrió pérdida total, el manejo de recursos reservados que alcanzaron hasta $7.000 millones en un año y reuniones con narcotraficantes y otros miembros de organizaciones criminales.
La entidad, que recopila y analiza información relacionada con riesgos para la seguridad nacional, continúa sin director designado por el nuevo Gobierno. Durante la administración anterior tuvo cuatro directores, todos exintegrantes del M-19. Uno de ellos, Carlos Ramón González, permanece prófugo.
Según información publicada por El Tiempo, tampoco se realizó un proceso de empalme en la DNI, por lo que varios asuntos de la administración anterior serán revisados por la nueva dirección y por las autoridades competentes.
El dron de más de $9.000 millones
Uno de los casos corresponde a un dron adquirido en octubre de 2023 por más de $9.000 millones. De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, el equipo inicialmente no operó y después sufrió pérdida total durante una operación militar reservada en el Catatumbo.
Sobre las circunstancias del siniestro existen dos versiones. Una plantea que el aparato fue derribado porque volaba a una altura muy baja. La segunda señala que se incendió mientras sobrevolaba varios campamentos de las disidencias de las Farc durante una operación de inteligencia.
A mediados de julio se declaró el incumplimiento del proceso contractual y quedó pendiente determinar las responsabilidades de Prime Comercializadora SAS, empresa constituida en Bogotá, y del proveedor ubicado en Suiza.
Fuentes conocedoras del proceso señalaron que se decidió hacer efectiva la póliza que ampara el contrato. También deberá establecerse si la pérdida del equipo se produjo por una falla técnica o por un error durante su operación.
La investigación del medio anteriormente mencionado encontró, además, que dentro del anterior gobierno se generaron cuestionamientos sobre el proveedor. Prime Comercializadora SAS fue creada en febrero de 2017, registra un patrimonio de $900 millones e ingresos por $510 millones. A esto se suma que una cotización realizada en el exterior habría encontrado el mismo aparato por un valor cercano a la mitad del precio pagado.
“Hubo una comisión especial que entró a verificar el negocio y hay muchas dudas sobre costos y operatividad”, señaló una fuente cercana a la operación.
Juan Carlos Eraso Chaves, accionista mayoritario y representante legal de Prime Comercializadora SAS, explicó que el contrato está sujeto a reserva legal debido a que fue celebrado con la DNI.
Personas cercanas a los proveedores, citadas en la investigación, sostienen que estos podrían argumentar una presunta mala manipulación del equipo para explicar el incumplimiento.
Hasta $7.000 millones en gastos reservados y pagos a informantes, bajo revisión
La adquisición del dron se realizó durante la administración de Manuel Casanova y la declaratoria de incumplimiento fue radicada tras la llegada de René Guarín a la DNI. Un funcionario del Gobierno Petro que continúa en la administración señaló que Guarín decidió frenar los acercamientos con cabecillas de grupos criminales y narcotraficantes y suspender el pago a fuentes humanas con recursos de gastos reservados.
“Este último (Guarín) también tomó dos decisiones adicionales cuando llegó a la entidad: frenar acercamientos con cabecillas de grupos criminales y narcotraficantes y el pago a fuentes humanas de la chequera de los gastos reservados”, indicó el funcionario.
Ambas decisiones serán revisadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Aunque estos recursos fueron recortados en los últimos años, llegaron a alcanzar hasta $7.000 millones en un solo año. Según parte del dinero, se destinaba a informantes identificados mediante códigos y a labores de inteligencia y contrainteligencia mediante empresas y fundaciones fachada. También se habrían habilitado casas de seguridad y apartamentos de Airbnb para integrantes de grupos criminales.
Uno de los casos mencionados es el de Willington Henao, alias El Mocho Olmedo, señalado como cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, quien permaneció cerca de dos meses en un Airbnb de Chapinero. Tras su captura, se le notificó que Estados Unidos había solicitado su extradición y posteriormente quedó a disposición de la DNI. Los recursos reservados también habrían cubierto tiquetes para misiones de inteligencia, incluso en el exterior, sobre las que aún no existe información pública completa.
Exintegrantes de la DNI aseguraron que la Contraloría General auditó los gastos reservados y no encontró irregularidades. No obstante, la publicación recogió una versión según la cual a uno de los líderes de esa revisión se le habría ofrecido respaldo del Gobierno Petro para postularse a la Contraloría General.
“Por eso se va a pedir que se revise toda esa auditoría a los gastos reservados de la DNI”.
La nueva administración deberá definir si solicita una revisión de esa auditoría y establecer el alcance de los controles aplicados al manejo de los recursos.
Reuniones con narcotraficantes y una investigación de la Fiscalía
Otro frente corresponde a las reuniones reservadas que antiguos integrantes de la DNI habrían sostenido con narcotraficantes y miembros de estructuras criminales.
De acuerdo con El Tiempo, organismos de control han monitoreado además las filtraciones atribuidas a exintegrantes de la entidad sobre estos encuentros. Uno de los casos involucró a Manuel Castañeda, alias el Narcochofer.
Ese acercamiento terminó relacionado con una investigación de la Fiscalía por un presunto ‘falso positivo’ alrededor de un supuesto atentado contra Gustavo Petro y Francia Márquez.
La información sobre ese episodio habría sido suministrada por Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, y Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna.
“Aún faltan muchos audios más que quedaron en las oficinas de la DNI de encuentros con narcotraficantes como alias J la Firma y Julio Lozano Pirateque, alias Patricia”, expresó una fuente consultada por el medio.
La existencia y contenido de esos audios, así como las circunstancias de las reuniones, forman parte de los asuntos que deberán ser establecidos por las autoridades.
Jorge Lemus confirmó pagos a fuentes y ofrecimientos de bienes de la SAE
Los cuestionamientos sobre los contactos de la DNI con personas vinculadas a estructuras criminales también incluyen al exdirector Jorge Lemus. Semana reveló un audio de una reunión entre Lemus y Manuel Antonio Castañeda, alias el Narcochofer, señalado de haber actuado como interlocutor entre sectores de la mafia y funcionarios del Gobierno Petro.
Según la investigación, en la grabación se habla de un supuesto acuerdo que contemplaba el ofrecimiento de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y gestiones para frenar algunas detenciones, a cambio de información suministrada por fuentes relacionadas con estructuras criminales.
Antes de la publicación del audio, Lemus explicó a SEMANA que este tipo de ofrecimientos sí se realizaban a fuentes, aunque aclaró que eso no significaba necesariamente que los beneficios fueran a concretarse. También confirmó que durante su gestión se hicieron pagos a personas vinculadas con grupos guerrilleros y estructuras delincuenciales.
“Fuentes sí se pagaban”, afirmó el exdirector de Inteligencia, quien explicó que estos desembolsos eran diferentes al esquema formal de recompensas, cuya responsabilidad correspondía al Ejército. Según su versión, la DNI podía entregar recursos a personas que proporcionaran información relevante sobre actividades de grupos armados y organizaciones criminales, principalmente fuera de Bogotá.
Estas declaraciones se conocen mientras se revisan los acercamientos de funcionarios de inteligencia con integrantes de estructuras criminales. Lemus también enfrenta una investigación relacionada con reuniones con el abogado de alias Papá Pitufo.
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Contrato de sistemas antidrones por $80.000 millones
Una investigación de Semana reveló posibles problemas en un contrato de $80.000 millones para adquirir sistemas antidrones destinados al Ejército en el Catatumbo, Norte de Santander. La compra se realizó mediante Codaltec, empresa del Ministerio de Defensa que actuó como intermediaria.
El contrato contemplaba tres sistemas antidrones fijos y 16 sistemas antidrones semifijos.
Meses después de la firma, el Ejército no había recibido los equipos porque no superaron las pruebas técnicas. El contrato entró en etapa de debido proceso para revisar el posible incumplimiento, buscar una conciliación y, de no lograrse, hacer efectivas las pólizas y establecer posibles sanciones.
El Gobierno entrante incluyó el caso entre los asuntos que serán revisados. El análisis advierte posibles sobrecostos de hasta 85 %, un presunto detrimento superior a $20.700 millones y fallas en instalación, geolocalización e inhibición.
“Entre los hallazgos se encuentra el contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec. El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, señaló el Gobierno entrante.
El presidente electo Abelardo De La Espriella incluyó el caso en una denuncia ante la Fiscalía y otros organismos de control. La revisión se produce mientras la Fuerza Pública enfrenta ataques con drones adaptados con explosivos en zonas como el Catatumbo.
Las autoridades deberán establecer si hubo incumplimientos contractuales, fallas técnicas, responsabilidades administrativas o afectaciones a los recursos públicos.
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Bloque de preguntas y respuestas
- 1. ¿Qué contratos de la DNI serán revisados por el Gobierno de Abelardo De La Espriella?
- Se revisarán, entre otros asuntos, el contrato del dron adquirido por más de $9.000 millones y el manejo de los gastos reservados de la entidad.
- 2. ¿Qué pasó con el dron de más de $9.000 millones comprado por la DNI?
- El equipo inicialmente no operó y posteriormente sufrió pérdida total durante una operación militar reservada en el Catatumbo. Las causas del siniestro aún deben establecerse.
- 3. ¿Cuánto dinero manejó la DNI en gastos reservados?
- Los recursos destinados a gastos reservados llegaron a alcanzar hasta $7.000 millones disponibles en un solo año, aunque posteriormente fueron objeto de recortes.
- 4. ¿Qué organismos investigarán o revisarán estos casos?
- La Fiscalía y otros organismos de control recibieron el caso de los sistemas antidrones, mientras el Gobierno entrante anunció revisiones sobre los asuntos relacionados con la DNI.
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