Las dudas sobre el estado de salud del disidente Iván Márquez están disipadas: ni tiene muerte cerebral, como insinuó el Gobierno anterior, ni murió en medio de la selva tras un atentado, como anticiparon los medios. El comisionado de paz, Danilo Rueda, confirmó que está vivo y que, además, busca pista para sumarse a la “paz total” del presidente Gustavo Petro, lo que se convertiría en su tercer intento por pasar a la vida civil.
En sus firmas a procesos de paz, Márquez ha tenido dos oportunidades de obtener una silla en el Congreso y en ambas las ha abandonado para retomar las armas.
En 1986 obtuvo una curul en la Cámara –por la Unión Patriótica– luego de que parte de las Farc fimara la paz con el gobierno de Belisario Bentancur. No obstante, volvió a las armas y llegó al Senado en 2018 tras los diálogos entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
Las dos veces, Márquez encontró razones para volver al monte y retomar la guerra. Con la UP dijo que se retiraba por el exterminio a los miembros de ese partido, y con la extinta guerrilla de las Farc argumentó que el Estado no estaban cumpliendo el Acuerdo y que había múltiples entrampamientos a la paz que lo llevaron a conformar un nuevo grupo ilegal al que bautizó la Segunda Marquetalia, actualmente una de las disidencias más reconocidas del país.
Pero, ¿volverá el Estado a confiar en él y a ofrecerle beneficios? La respuesta a esa pregunta –y a otras como qué justicia lo juzgará y qué beneficios le ofrecerían– están ahora en el terreno del Gobierno, quien ha tenido que lidiar con escándalos relacionados con el plan de acogimiento para “narcos” y paramilitares.
Las más recientes de esa cadena de reacciones llegaron desde la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, quienes dijeron estar de acuerdo con la idea de paz pero se mostraron recelosos con la reciente decisión de Petro de nombrar al presidente venezolano Nicolás Maduro como “garante” del proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN (Ver nota anexa).
