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Con un plazo de 20 días para que demuestre a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cómo puede contribuir a la verdad y cómo sus acciones tuvieron injerencia en el conflicto armado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de ese estamento aceptó el sometimiento del general (r) de la Policía, Mauricio Alfonso Santoyo Velasco.
En la decisión, contemplada en la resolución conocida por EL COLOMBIANO, se lee en el acápite cuarto que Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2005, debe expresar “de manera concreta, clara y programada, por escrito de qué forma pretende contribuir al esclarecimiento de la verdad, la satisfacción de los derechos de las víctimas y las garantías de no repetición, en los términos señalados en la parte motiva de esta decisión”.
Uno de los beneficios recibidos tras su sometimiento a la JEP, es que Santoyo podrá ser trasladado a una unidad policial en calidad de detenido, además, la Inspección General de la Policía Naciónal deberá definir en un término de 10 días hábiles, contados a partir del comunicado de la JEP, en cuál unidad de esa institución será recluido.
En diciembre de 2012, el general Santoyo fue condenado por un juez del estado de Virginia, EE. UU., a 13 años de prisión y a pagar una multa de US$125.000 por tener vínculos con paramilitares y colaborar con narcotraficantes. Con esa sentencia, Santoyo se convirtió en el oficial de más alto rango en ser condenado a prisión por un tribunal estadounidense.
Negoció su libertad
A cambio de una rebaja de penas, el general (r) Santoyo ofreció a la justicia de Estados Unidos colaborar con información sobre el narcotráfico, el vínculo de otros militares con los grupos paramilitares y otras acciones ilegales.
De esta forma obtuvo su libertad en abril de 2019 y regresó a Colombia, pero fue capturado para que respondiera por procesos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Entre las versiones que tendrá que aclarar en la JEP, están las declaraciones de exparamilitares como Salvatare Mancuso, quien ha señalado en varios escenarios que Santoyo les ayudaba con las interceptaciones ilegales de guerrilleros; además, hablar de las escuchas ilegales a opositores y defensores de derechos humanos.
Entre 1997 y 2001, el Gaula, bajo el mando de Santoyo, interceptó sin orden judicial 1808 líneas telefónicas, muchas de ellas en Medellín. Para realizar estas acciones se falsificaron órdenes y firmas de fiscales.
Las escuchas ilegales llevaron a que la Procuraduría lo destituyera en 2003, pero Santoyo demandó y ganó el proceso por un fallo del Consejo de Estado que anuló tal decisión en 2006, acción seguida, la Fiscalía cerró su investigación, y el Congreso, a pesar de la polémica, avaló su ascenso a general en 2007.