La defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó con contundencia el anuncio realizado por el Ejército de Liberación Nacional sobre la supuesta imposición de un “juicio revolucionario” contra funcionarios del CTI y policías secuestrados en Arauca, y aseguró que ninguna acción de este tipo legitima la privación de la libertad de los uniformados.
“Es inadmisible”, afirmó Marín al referirse al caso de los agentes y policías que permanecen retenidos por esa guerrilla desde hace casi un año.
La defensora insistió en que el secuestro está prohibido por el derecho internacional humanitario y recordó que ningún grupo armado ilegal tiene legitimidad para imponer procesos judiciales o condenas.
“El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad”, sostuvo. Además, reiteró que la liberación de los secuestrados debe darse de manera inmediata e incondicional.
Las declaraciones de Marín se conocen luego de que el Frente de Guerra Oriental del ELN difundiera un comunicado en el que asegura haber aplicado lo que denomina un “juicio revolucionario” contra cuatro funcionarios secuestrados en Arauca.
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Según el grupo armado, dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos policías de la DIJIN permanecerán privados de la libertad durante varios años bajo una supuesta “prisión revolucionaria”, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por autoridades y organismos humanitarios.
La Defensoría del Pueblo evitó validar el lenguaje utilizado por la guerrilla y centró su postura en la ilegalidad del secuestro y la necesidad de proteger a las víctimas y sus familias.
Marín también hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer el acompañamiento institucional a los familiares de los secuestrados, quienes, según explicó, se han sentido solos durante todo este proceso.
“Hemos escuchado el clamor de las familias, pero sienten que no ha habido suficiente acompañamiento”, afirmó.
La defensora explicó que, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, el ELN intenta presentar una apariencia de legalidad sobre la retención de los uniformados, aunque esa práctica sigue constituyendo un delito.
“La toma de rehenes y la privación arbitraria de la libertad son ilegales e ilegítimas”, enfatizó.
Mientras continúan las exigencias para que el ELN libere a los funcionarios, distintos sectores han advertido sobre el riesgo de normalizar discursos o figuras utilizadas por grupos armados para justificar secuestros prolongados y condicionar posibles negociaciones humanitarias.
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