La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una de las sentencias más relevantes desde su creación. El antiguo secretariado de las Farc fue declarado responsable del secuestro de más de 21.000 colombianos. Sin embargo, el anuncio no se cerró con la imagen que muchos esperaban. Los máximos responsables no irán a prisión, sino que cumplirán durante ocho años sanciones restaurativas y reparadoras, entre ellas trabajos comunitarios y proyectos en beneficio de las víctimas.
La decisión reabrió una de las tensiones centrales del Acuerdo de Paz de 2016. ¿Cómo garantizar justicia sin poner en riesgo la paz? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llega el margen de la justicia transicional sin caer en la percepción de impunidad?
El texto firmado en La Habana fue claro al advertir que no habría indultos para delitos graves. “No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad”.
En paralelo, la propia JEP ha señalado en documentos oficiales que “si el compareciente proporciona verdad plena, detallada y exhaustiva y hace reconocimiento de responsabilidad podrá acceder a beneficios como las sanciones propias, que proporciona la JEP de acuerdo con la valoración del caso”. Este es el punto donde se cruzan los debates. ¿Estas sanciones son una forma legítima de restricción de la libertad o un simple trámite simbólico que deja a las víctimas sin justicia?
El modelo de justicia establece que quienes reconocen verdad y responsabilidad obtienen el beneficio de las “sanciones propias”, que no implican cárcel. Estas sanciones tienen un componente retributivo, con restricción de derechos y libertades, y uno restaurativo, que consiste en la participación en Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR).
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Por el contrario, aquellos que no reconocen su responsabilidad son enviados a un proceso penal ordinario donde pueden enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
Esta metodología de selección ha generado tensiones. Por un lado, existe una brecha entre el enfoque de la JEP y las expectativas de las víctimas, quienes en ocasiones consideran responsables a los autores materiales directos o a los mandos presentes en los territorios y no necesariamente a la cúpula.
Por otro lado, los abogados de los exmiembros de las Farc han criticado a la JEP por no centrarse en los máximos responsables al incluir mandos medios y bajos, argumentando que esto contraviene lo pactado en el Acuerdo de Paz.
Para los secuestrados y sus familias, la reciente condena es dolorosa. Ellos aseguran que los responsables de miles de retenciones, tratos crueles y desapariciones no pagarán realmente por lo ocurrido. Han calificado el fallo como una segunda condena para quienes sufrieron la barbarie, al ver que los antiguos comandantes podrán seguir en política y en la vida pública sin haber pasado un solo día en prisión.
El exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle, salió al paso de la polémica. Admitió que “hay quienes ven impunidad”, pero insistió en que el proceso buscaba un balance entre entregar armas a cambio de penas alternativas. Para él, se trata de un “hito internacional”, pues el secretariado reconoció su responsabilidad sin recurrir a justificaciones. Además, recordó que este no es el final, sino el inicio de una cadena de responsabilidades que alcanzará también a militares y agentes estatales.
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“Entiendo perfectamente que haya personas que piensen que aquí hay impunidad. Claro, lo que tenemos que entender, señores colombianos, es que aquí hay que hacer un balance entre justicia y paz. Se trataba de dar un paso para terminar una confrontación”, dijo el exjefe negociador.
De otro lado, Human Rights Watch advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría ser revisado por cortes internacionales. Para Juanita Goebertus, directora de HRW en las Américas, el reconocimiento de responsabilidad es histórico, pero “la justicia transicional no puede quedarse en sanciones simbólicas; debe demostrar que hay consecuencias reales”.
La decisión, sin embargo, ha sido examinada desde todos los ángulos. El simbólico, jurídico, mediático y político. Justamente, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que la JEP, tras siete años y $3 billones gastados, garantizó la “impunidad total” de las Farc.
Recordó que hubo 21.936 secuestros y, en contraste con los beneficios de los excomandantes, oficiales del Ejército cumplen condenas de hasta 30 años. Para ella, el fallo transmite un mensaje devastador a las nuevas generaciones: “el crimen paga”.
En qué consisten las sanciones
La decisión obliga a los excomandantes a desarrollar trabajos de reparación en territorios golpeados por la guerra, en particular en Cali y Neiva, ciudades que concentran un número importante de víctimas de secuestro. Para cumplir, deberán trasladar su residencia a los lugares donde se realicen las obras, en condiciones supervisadas por el Estado que garanticen seguridad y alojamiento digno.
Las actividades contemplan labores de impacto como mejoramiento de vías terciarias, recuperación de escuelas y puestos de salud, desminado humanitario y programas de búsqueda de desaparecidos. La idea es que el castigo combine una restricción de movilidad con un componente de reparación directa a las comunidades.
Las sanciones no implican pérdida de derechos. Los exintegrantes de la antigua guerrilla podrán seguir ocupando cargos de representación o participar en campañas, siempre que cumplan las limitaciones de desplazamiento. Tampoco podrán salir del país sin autorización y estarán bajo monitoreo permanente de la Policía y la Agencia de Reincorporación y Normalización. En la práctica, la restricción de la libertad se reduce al perímetro de las tareas asignadas.
“El dolor de las víctimas hay que respetarlo. Nosotros nos acogimos a lo que acordamos al firmar el acuerdo: someternos a la normatividad vigente y a la justicia especial para la paz. Nosotros hemos reconocido eso, aquí lo central es que se dieron unas orientaciones en cuanto al secuestro y es una carga moral que vamos a llevar por muchos años. Mientras respiremos, vamos a tener ese karma que no se va a olvidar”, dijo a Caracol Radio, el exguerrillero y uno de los condenados, Pastor Alape.
El fallo de la JEP revive los dilemas del modelo de paz firmado en 2016. Mientras unos lo ven como una apuesta valiente para cerrar un ciclo de guerra, otros lo perciben como una burla a las víctimas y una claudicación del Estado frente al dolor causado.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Julián Gallo Cubillos.
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