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Este es el expediente del general (r) Torres, quien continuará preso por decisión de la JEP
Henry Torres, primer capturado por ejecuciones extrajudiciales, deberá seguir preso. La JEP dice que no aportó a la verdad.
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Henry Torres lideró la Brigada XVI del Ejército en diferentes cargos entre 2003 y 2007. La JEP aún lo investiga. FOTO COLPRENSA
11 de septiembre de 2021
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Tras ser acusado por los asesinatos de dos campesinos presentados como guerrilleros, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVI en Casanare, el general en retiro Henry Torres Escalante se convirtió en el primer oficial en ser capturado por la Fiscalía debido a los expedientes de falsos positivos y en el primero en comparecer por esos mismos casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Casi cinco años después de esa audiencia ante la JEP (ocurrida en enero de 2017), esa institución rechazó este viernes la posibilidad de concederle una libertad anticipada tras concluir que el implicado no ha cumplido con los requisitos de aporte “temprano y extraordinario a la verdad”, necesario para obtener los beneficios de esa justicia transicional. La orden, por ahora, es que el general (r) continúe en una cárcel militar del norte de Bogotá.
Según la JEP, el compareciente ha mantenido durante las audiencias una posición “eminentemente exculpatoria” en la que se ha empeñado en señalar que nunca dio ese tipo de órdenes durante su comandancia en la Brigada XVI del Ejército, y que no sabía que las bajas de combate reportadas eran resultado de confrontaciones simuladas.
Así mismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que tampoco hay un aporte “novedoso” que supere lo que ya han recopilado otras instituciones de la justicia ordinaria.
Pero, además de las muertes de Roque Julio Torres y Daniel Torres, dos campesinos de 16 y 38 años acribillados en 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate, al general (e) se le investiga por los 170 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2007 por miembros de su brigada y por otros nueve hechos que sumarían 12 víctimas fatales, entre otros crímenes enumerados en el expediente judicial.
Durante su paso por la Fiscalía, entre 2016 y 2017, esa institución aseguró tener en su contra pruebas como 53 inspecciones judiciales, 224 documentos y 93 testimonios.
La decisión de la JEP
Tras conocerse el dictamen de la Sala de Definición, organizaciones de víctimas de ese delito como el Comité de la Solidaridad y el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado celebraron que la JEP no le otorgara la libertad y exigieron que Torres contribuya “al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia”.
Bajo ese panorama, el experto en conflicto, Alejo Vargas, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, analizó que la determinación de la JEP es natural teniendo en cuenta que su fin es ofrecer penas alternativas a cambio de relatos que ayuden a comprender mejor lo que ocurrió en el conflicto armado.
Por último, Vargas enfatizó en que, de continuar por ese camino, el compareciente podría someterse a la pena máxima de la JEP, correspondiente a 20 años de prisión.
Aún así, Torres obtendría un beneficio frente a la justicia ordinaria, pues allí le podrían esperar penas de hasta 30 años
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