El exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía, en relación con una supuesta trama de corrupción orquestada para adjudicar un contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes en Colombia.
El ente acusador precisó que en la diligencia judicial le imputó al exfuncionario los cargos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Los hechos en cuestión ocurrieron en febrero de 2026, cuando Salazar habría excedido sus competencias, “en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados”, según el reporte de la Fiscalía, emitido este miércoles.
La manzana de la discordia fueron tres resoluciones (la 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024) expedidas por el entonces secretario de la Cancillería, “por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación (en 2023) y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual”, recalcó el acusador.
Estas decisiones facilitaron la adjudicación de un contrato con vigencia hasta el 31 de julio de 2026, por valor de $559.000 millones de pesos, revocando en la práctica la decisión previa del canciller Álvaro Leyva Durán, quien no quería que esa plata quedara en manos de la firma Thomas Greg and Sons, como efectivamente sucedió.
La Fiscalía, además de ese supuesto entramado ilegal relacionado con un contrato, le imputó a Salazar el presunto enriquecimiento ilícito porque durante su estancia en la Cancillería, de agosto de 2022 a febrero de 2026, compró un predio rural de $950 millones de pesos en el municipio de Puerto López, en Meta.
De acuerdo con el fiscal del caso, en ese momento no tenía los recursos para la adquisición, sin que se advirtieran “transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”.
Las pesquisas en contra de Salazar comenzaron poco tiempo después de que Thomas Greg and Sons se quedó con el contrato de los pasaportes, un negocio que venía liderando desde hacía más de una década.
En marzo de 2024, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado denunció al exsecretario por los supuestos delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública. Con esa información comenzaron las pesquisas de la Fiscalía.
En entrevista con EL COLOMBIANO, concedida hace unas semanas, Salazar declaró que no le consultó a nadie para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo”.
Y añadió: “Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber”.
A su juicio, con sus acciones evitó que la Nación perdiera una demanda de 117.000 millones de pesos que había instaurado la empresa Thomas Greg and Sons, que consideró que el Gobierno la había excluido del proceso licitatorio con estrategias irregulares.
De hecho, el excanciller Leyva también enfrenta un proceso en la Fiscalía, por prevaricato por acción, relacionado con esas supuestas irregularidades en la licitación.
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