Un juez de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la libertad condicional a Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.
La decisión se adoptó tras verificar que el general (r) cumplió el tiempo mínimo exigido por la ley para acceder al beneficio, así como los requisitos administrativos y disciplinarios, incluida la acreditación de buena conducta. El fallo fijó un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas y le impuso la obligación de constituir una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos como garantía de cumplimiento.
Maza Márquez permanecía privado de la libertad desde noviembre de 2013 y había cumplido 12 años y tres meses de la condena. Actualmente se encuentra en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, a la espera de ser notificado formalmente de la decisión.
Su nombre quedó ligado a uno de los episodios más traumáticos de la historia política reciente del país, el asesinato de Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989 durante un acto público en Soacha, Cundinamarca. En noviembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia concluyó que existió un plan entre las autodefensas del Magdalena Medio y Maza Márquez para facilitar el crimen mediante el debilitamiento deliberado del esquema de seguridad del entonces candidato presidencial.
“Quedó demostrada la existencia de un acuerdo común entre las autodefensas del Magdalena Medio y Miguel Alfredo Maza Márquez, para que este se sumara a la consecución de los protervos finales de tal organización, entre ellos, la muerte de Luis Carlos Galán, siendo su aporte significativo la ayuda que brindó para debilitar el esquema de seguridad del político, contribución sin la cual no se hubiera podido consumar el crimen”, señala la sentencia de la Corte.
Según la sentencia, el exdirector del DAS intervino en el nombramiento del jefe de escoltas de Galán, el teniente Jacobo Torregrosa, quien no contaba con la experiencia necesaria para proteger “al personaje público más amenazado del país”, y permitió que el dispositivo quedara en condiciones de vulnerabilidad.
Para el alto tribunal, quedó demostrado un acuerdo con estructuras paramilitares orientado a garantizar la ejecución del asesinato, aporte que calificó como determinante para que el plan se consumara.
“Jacobo Torregrosa no era idóneo para el ejercicio del cargo y estaría cooptado por los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio”, añade el documento del alto tribunal.
La Corte también estableció que el vínculo de Maza con esas organizaciones no se limitó a la alteración del esquema de seguridad. La Sala concluyó que, en su condición de servidor público, omitió perseguir a un grupo armado ilegal financiado por el narcotráfico y facilitó incluso la instrucción militar de sus integrantes. De esas filas, recordó el fallo, salió el sicario que disparó contra Galán.
Tras el atentado, añadió la providencia, el entonces director del DAS habría desviado el curso de la investigación para apartar sospechas sobre sí mismo y sobre los integrantes de las autodefensas del Magdalena Medio, aunque no interfirió en las pesquisas contra los capos del narcotráfico señalados como determinadores del crimen.
Regístrate al newsletter