<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=378526515676058&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

La Comisión de la Verdad tendrá 9 meses más de vida

  • La Comisión de la Verdad, liderada por Francisco de Roux, tendrá 9 meses más para elaborar su informe sobre el conflicto. FOTO cortesía
    La Comisión de la Verdad, liderada por Francisco de Roux, tendrá 9 meses más para elaborar su informe sobre el conflicto. FOTO cortesía
Por EL COLOMBIANO | Publicado el 02 de octubre de 2021

La decisión la emitió este viernes la Corte Constitucional. El reto principal es ultimar su informe final sobre el conflicto armado.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tenía un texto preparado para su publicación por si la Corte Constitucional no le ampliaba su mandato. Contemplando ese posible escenario, dicha entidad —que nació tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016— ya tenía a la mano documentos sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, con la Unión Patriótica y otros hechos del conflicto armado.

No obstante, la Corte Constitucional oficializó este viernes que se ampliará por nueve meses más su mandato –que vencía el próximo 28 de noviembre–. Ese nuevo periodo le permitirá a la entidad avanzar en la construcción del informe final sobre lo que, desde su perspectiva, sucedió durante cinco décadas de guerra en Colombia.

Para tomar esta decisión, la Corte acogió la demanda presentada por la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis, de la Universidad de los Andes y de Dejusticia. En esta demanda, las organizaciones aseguraron que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia, que generaron graves afectaciones en la Comisión de la Verdad.

“La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el Acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.

Además, las corporaciones argumentaron que la Comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40 % de su periodo, “el resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades”.

Ante estos argumentos, con ocho votos por parte de los magistrados, la Corte aprobó la extensión con la que se avaló que la Comisión vaya hasta el 27 de junio de 2022, seguido del período de socialización del informe, que es de dos meses, y que termina el 27 de agosto de ese mismo año.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Jorge E. Ibáñez, magistrado ponente de la demanda, contó que la decisión se tomó pensando en el derecho de las víctimas a conocer la verdad (ver Para Saber Más).

Lo dictado es clave para la construcción de memoria y materialización de lo firmado en La Habana, pues esta entidad busca relatar a detalle cómo sucedieron los hechos victimizantes y bajo qué contexto se desarrolló la guerra. Además, pese a que no es vinculante, como sí lo es la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas.

Decisión se dio tras demanda

Una sentencia previa de la misma Corte determinó que el tiempo establecido era acorde al propósito de la Comisión, y que de hecho el plazo estaba avalado por procesos internacionales con el mismo fin.

Sin embargo, los demandantes consideraron que en el transcurso de la misión hubo un escenario anormal por cuenta de la pandemia, lo que hizo que la recolección de información –y por ende el esclarecimiento de la verdad– se viera interrumpido en varios lugares del país.

Bajo ese escenario, las organizaciones interpusieron una demanda ante la alta corte el pasado 29 de junio, pidiendo la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017, con los cuales se fijó el periodo de la entidad y de sus 11 comisionados.

Al proceso, que fue admitido el 14 de julio, se sumaron varias universidades, organizaciones e incluso la Procuraduría, quien, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello, concordó en que el confinamiento afectó la tarea de la Comisión, y que eso impactó sobre todo a regiones lejanas.

En la noche del viernes, Francisco de Roux, presidente de la Comisión, en compañía de los comisionados de paz, agradeció a la Corte la unanimidad de prolongar el tiempo de la entidad. “Recibimos esta decisión como una responsabilidad con las víctimas” y con la sociedad, con aras de contribuir a la verdad.

De Roux había aclarado que, en caso de no extenderse, la Comisión estaba preparada para entregar su informe el próximo 28 de noviembre, como estaba previsto

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS los 9 meses son necesarios: corte

El magistrado de la Corte Jorge E. Ibáñez fue el ponente de la demanda que pedía más meses de vida para la Comisión de la Verdad. El togado le subrayó a este medio que el trabajo del órgano no judicial –al ser en territorio– es distinto al de otra entidad, por lo que era necesario ampliar su periodo. Respecto a si el Gobierno puede extender la vigencia de la Comisión, dijo que sí puede hacerlo pero por la vía legislativa, y no con decisiones meramente administrativas.


Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS

Invima autorizó uso de vacuna Pfizer en menores de 12 años

  • En el país solo estaban autorizadas las dosis de la vacuna de Sinovac para menores de 12 años. FOTO CARLOS VELÁSQUEZ
    En el país solo estaban autorizadas las dosis de la vacuna de Sinovac para menores de 12 años. FOTO CARLOS VELÁSQUEZ

Fiscalía pide condena para implicados en muerte de Ana María Castro

  • Ana María Castro murió el 5 de marzo de 2020. FOTO COLPRENSA
    Ana María Castro murió el 5 de marzo de 2020. FOTO COLPRENSA
Colprensa | Publicado hace 1 hora

Icfes amplía plazo para inscripciones a Pruebas Saber 2022

  • Las Pruebas Saber se realizarán el 27 de marzo de 2022. FOTO: CORTESÍA ICFES
    Las Pruebas Saber se realizarán el 27 de marzo de 2022. FOTO: CORTESÍA ICFES

¿Error? Estados Unidos saca de su lista de narcotraficantes a jefe de disidencias

  • Alias John 40 es un reconocido guerrillero que actualmente hace parte de las disidencias de las Farc conocidas como la Segunda Marquetalia. FOTO: COLPRENSA
    Alias John 40 es un reconocido guerrillero que actualmente hace parte de las disidencias de las Farc conocidas como la Segunda Marquetalia. FOTO: COLPRENSA
Daniela Osorio Zuluaga | Publicado hace 3 horas
Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

Tirofijo, Jojoy y Reyes: exFarc muertos que ya no son terroristas para EE. UU.

  • De izquierda a derecha: Toncel Redondo, Tirofijo y Raúl Reyes, tres exjefes guerrilleros que fueron eliminados de la lista de terroristas de los Estados Unidos. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO y COLPRENSA.
    De izquierda a derecha: Toncel Redondo, Tirofijo y Raúl Reyes, tres exjefes guerrilleros que fueron eliminados de la lista de terroristas de los Estados Unidos. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO y COLPRENSA.
Daniela Osorio Zuluaga | Publicado el 02 de diciembre de 2021
Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

Pese a salir del listado de terroristas, exFarc no podrían ingresar a EE. UU.

  • Las Farc estuvieron incluidas en el listado de grupos terroristas durante dos decadas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Las Farc estuvieron incluidas en el listado de grupos terroristas durante dos decadas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano | Publicado hace 2 horas

Claudia López pide a Minsalud requisito de prueba negativa para entrar al país

  • El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aún no responde a la petición de Claudia López. FOTO COLPRENSA
    El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aún no responde a la petición de Claudia López. FOTO COLPRENSA
Jessica Quintero | Publicado hace 6 horas
Jessica Quintero Serna

Cuyabra. Comunicadora social-periodista de la Universidad del Quindío. Redactora del área de Contenidos Digitales.

Integrantes de la “Primera Línea” piden protección ante la CIDH

  • Imagen de referencia sobre la Primera Línea. FOTO: COLPRENSA
    Imagen de referencia sobre la Primera Línea. FOTO: COLPRENSA
EL COLOMBIANO | Publicado hace 4 horas

180 gobernadores y alcaldes investigados por Programa de Alimentación Escolar

  • Con el Programa de Alimentación Escolar se busca contribuir con el bienestar de niños y jóvenes de Colombia. FOTO: COLPRENSA.
    Con el Programa de Alimentación Escolar se busca contribuir con el bienestar de niños y jóvenes de Colombia. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano | Publicado el 02 de diciembre de 2021

Fracasó piloto de Cancillería: vuelve turno digital para tramitar pasaporte

  • Fracasó piloto de Cancillería: vuelve turno digital para tramitar pasaporte
Colprensa | Publicado hace 7 horas

$2.994 millones de la paz están en riesgo

  • La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
    La Contraloría analizó aleatoriamente 99 contratos de municipios PDET, como este de la foto en San Vicente del Caguán (Caquetá), y encontró varias alertas. FOTO Juan Antonio Sánchez
  • El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
    El documento con la auditoría tiene 277 páginas.
  • El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.
    El dosier llegó a la Delegada de Criminalidd Organizada.
Publicado hace 12 horas

Contexto de la Noticia

Los once puentes que van a medias en el caquetá

Ocho municipios del Caquetá siguen esperando once puentes y dos obras de drenaje o box coulvert, acordados entre la Gobernación y el Grupo Empresarial Líbano S.A.S. a través del contrato 320 de 2018, suscrito por 8.194 millones de pesos. El puente más avanzado de todos, a 25 de junio, era el de El Doncello, con un 62 % de progreso, seguido por el de Morelia, con 34 %, y después el de Florencia, con 3 %. Y, sobre las obras de drenaje, el avance era de 62 % y 86 %. Por el contrario, los puentes de La Montañita, Milán, Puerto Rico, San Vicente y Albania ni siquiera se habían comenzado. El encargado de la construcción recibió un adelanto por 2.347 millones de pesos a través de Fiduciara Bogotá S.A., aunque en el pliego de condiciones esto no estaba previsto, dice la Contraloría, pero con un otrosí durante el plazo de ejecución modificaron la forma de pago. A pesar de la existencia de un contrato de interventoría entre Invías y el Consorcio DICO-INCOL, el ente de control considera que el trabajo fue insuficiente. De hecho, encontró que en julio del año pasado el Departamento Nacional de Planeación cesó los giros de regalías al proyecto, justamente por los incumplimientos detectados.

La Gobernación argumentó que el proyecto fue presentado por el municipio de San José del Fragua, por lo que las deficiencias técnicas no son su responsabilidad y que la vigilancia sobre la ejecución correcta del contracto es de la interventoría. Por su parte, Invías defendió el trabajo del interventor señalando que cumplió con las funciones acordes a la ley y al mismo contrato. Para la Contraloría, “las entidades no desvirtúan la observación comunicada, por lo que se valida y confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $2.347.931.275”. Según el ente de control, por el valor de dicho adelanto existiría un presunto daño patrimonial.

La alerta por el freno a las mejoras viales de 11 municipios del tolima

El municipio de Ataco, Tolima, suscribió el contrato 218 del 6 de agosto de 2020 por 1.047 millones de pesos para mejorar sus vías terciarias en tres tramos distintos, con un periodo de seis meses de ejecución. Sin embargo, cuando solo faltaban veinte días para el plazo (10/2020-06/2021), el avance era de solo 8,9 %, y dos de los trabajos no habían comenzado. La Alcaldía municipal no le respondió las dudas en el plazo legal a la Contraloría y, cuando lo hizo –el 21 de agosto de 2021–, pidió una prórroga para hacerlo. Dijo que no lo cumplió por problemas en el software que le impidieron a sus funcionaros acceder a los correos enviados por la Contraloría. Sin embargo, como el cierre del análisis del ente de control era el 27 de ese mes, no le aceptaron la petición. Por eso, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria.

Lo que pasó a revisión directa de la fiscalía general

De la actuación de la Contraloría, dos de los hallazgos de tipo presuntamente penal corresponden al municipio de Ataco: la etapa precontractual y contractual del contrato 218 de 2020 para la mejora de vías terciarias, por un valor de $1.047 millones . La alerta judicial es porque no se han terminado las obras y en dos casos ni siquiera han empezado. Y por el contrato de obra 649 de 2019, de $4.665 millones para otra obra vial de Ataco, el ente de control solicitó abrir una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial por demoras. Aunque el plazo de ejecución era de seis meses, pasados 420 días las obras solo estaban en un 31,11 %. La Contraloría también pidió investigar el contrato 320 de 2018, por el avance mínimo en la construcción de 11 puentes en 8 municipios de Caquetá por 8.149 millones. Todos suman 13.907 millones de pesos.

Pía Wohlgemuth

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.

Notas de la sección