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Hay un hecho claro: la guerra no la hacen solo hombres y mujeres armados e internados en la selva. En Colombia mucha gente participó del conflicto de manera directa e indirecta, desde la política y la financiación, permitiendo, a través de diferentes redes de apoyo, que se fraguara una guerra que dejó 262.197 muertos, según las recientes cifras reveladas por el Observatorio de Memoria y Conflicto.
Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá juzgar y sancionar a todas las partes del conflicto armado: guerrilleros, militares, policías, y terceros, es decir, agentes del Estado (funcionarios de todas las entidades, congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, entre otros) y otros civiles.
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