Hay un hecho claro: la guerra no la hacen solo hombres y mujeres armados e internados en la selva. En Colombia mucha gente participó del conflicto de manera directa e indirecta, desde la política y la financiación, permitiendo, a través de diferentes redes de apoyo, que se fraguara una guerra que dejó 262.197 muertos, según las recientes cifras reveladas por el Observatorio de Memoria y Conflicto.
Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá juzgar y sancionar a todas las partes del conflicto armado: guerrilleros, militares, policías, y terceros, es decir, agentes del Estado (funcionarios de todas las entidades, congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, entre otros) y otros civiles.
Para la categoría de terceros su sometimiento es voluntario, según una sentencia de la Corte Constitucional emitida el año pasado; sin embargo, la semana anterior, ese alto tribunal definió que tendrán un plazo de tres meses para hacerlo y obtener los beneficios de esta justicia transicional.
“Lo que hace la Corte al definir un plazo es incentivar el sometimiento, porque la JEP no podría ser usada como tabla de salvación para quien sea condenado o crea que lo será en la justicia ordinaria”, explicó Daniel Marín, investigador en temas de justicia transicional y conflicto armado de la ONG Dejusticia.
Al respecto, el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, explicó que el aval que dieron desde el alto tribunal fue “con el objetivo de que los terceros evalúen si deben o no ir a la JEP y se establece una obligación en cabeza de la Fiscalía para que se priorice la investigación de los crímenes más graves cometidos ellos. Es un incentivo para que decidan voluntariamente y que la Fiscalía priorice esos casos de manera que los terceros puedan saber si se acogen”.
El asunto es que el juez natural de los civiles es la justicia ordinaria, pero en aras de la equidad, si alguno cree que puede tener los beneficios de la JEP a cambio de decir la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición puede someterse en el plazo previsto.
El magistrado Linares advirtió que, en principio, esos meses empiezan a contar “a partir de la fecha de la promulgación de la ley (que será en las próximas semanas)”.
Los magistrados de Justicia y Paz han compulsado copias a la justicia ordinaria para investigar las conductas de, por lo menos, 15.000 civiles que habrían incurrido en hechos delictivos favoreciendo a los paramilitares, expertos estiman que esto se podría presentar también con la guerrilla. Todos estos ciudadanos podrían someterse a la JEP para recibir beneficios jurídicos.
EL COLOMBIANO conoció que 33 personas que entran en esa categoría ya han solicitado someterse a la JEP, entre ellos dos paramilitares, el resto son agentes del Estado, todos procesados actualmente al menos por un delito.
“Hay un número importante de terceros que quieren acudir a la JEP. Es requisito ineludible para ingresar que los hechos tengan relación directa o indirecta y que se hayan cometido con ocasión del conflicto armado. Eso lo deberán revisar los magistrados”, explicó Patricia Linares, presidenta de esa Jurisdicción.
Para las víctimas, “es importante lo que los terceros tengan que contarle al tribunal, en tanto la clase política y algunos empresarios están involucrados en la financiación y en el mantenimiento de esas estructuras criminales”, aseguró Juan David Ortega, director de Fundelibertad.
Mientras tanto, la JEP hace pedagogía por las regiones explicando cómo pueden participar en esta justicia las víctimas y los civiles involucrados en el conflicto. Hoy y mañana estarán los Magistrados divulgando esto en Urabá.
