A Óscar Tamayo lo mató, hace un mes, la tuberculosis, una enfermedad que se transmite entre las personas, por bacterias que viajan por el aire.
Pagaba una pena en la cárcel Bellavista, de Medellín, y solo duró cuatro días en su casa, después de tramitar la prisión domiciliaria para tratar su condición. “La medida le llegó muy tarde y no pudo disfrutar un poco más de tiempo con su familia”, lamenta un compañero del penal, quien pidió no dar su identidad. En estos momentos hay tres personas en cuarentena en la cárcel.
Este interno dice que lo que pasa con los enfermos de tuberculosis en este penal es similar a lo que viven en el resto del país y resalta, por lo que ve en las noticias, lo que sucede en Caldas, donde los casos de tuberculosis aumentaron 17 %.
“Es un caos”, “no tenemos ni un acetaminofén”, “muchas veces la guardia compra las medicinas”, son respuestas que se encuentran cuando se indaga por la prestación de servicios de salud en las cárceles. Desde los internos, pasando por entidades como la Defensoría del Pueblo y personerías, hasta llegar a los sindicatos, la voz crítica es la misma.
El fenómeno no es nuevo, pero se acentúa año a año. Según Germán Pabón, delegado de asuntos carcelarios de la Defensoría del Pueblo, el panorama es “absolutamente crítico, porque el sistema fracasó”.
La Defensoría solicitó, en el primer semestre de este año, cerrar las cárceles de Riohacha (La Guajira) y Bellavista (Medellín), por considerar que las condiciones físicas y de hacinamiento complicaban la salud de los internos.
Escasa atención
El dragoneante del Inpec Felipe Quimbayo, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, manifiesta que esta crisis no es nueva. “Cuando Caprecom era la EPS encargada empezó el drama, que se complicó con el pasar de los años, la prestación de salud no funcionó, hasta que decidieron liquidarla”.
El sindicaslista asegura que siguen sin encontrar respuestas oportunas para garantizar la salud de los internos, porque los procesos de atención son lentos o no hay suficientes medicamentos.
Otro ejemplo llega desde la Superintendencia de Salud. Entre enero de 2016 y junio de 2017 recibieron 1.191 peticiones, quejas y reclamos exigiendo atención médica, medicamentos y citas con especialistas, entre otros. “Y eso que no es la población de la que más quejas no llegan”, comenta un funcionario de la entidad.
El presidente del sindicato señala que, en ocasiones, la guardia recolecta dinero para comprar algún medicamento, “la situación es de ese tamaño”, relata Quimbayo, quien explica que en el caso la cárcel de Pedregal, en Antioquia, hay un solo médico que se queda en las noches. “Imagínese lo que puede hacer un solo médico”.
El delegado para asuntos carcelarios de la Defensoría asegura que las dificultades en la atención de la población carcelaria se basa principalmente en la tercerización de los servicios.
“El Inpec tiene a la Unidad de Servicios Penitenciarios y contrata la salud con un tercero, que es Fiduprevisora, que luego contrata médicos y la entrega de medicamentos, pero es un verdadero caos”, asegura Pabón.
Otro caso, mismo drama
El dragoneante Quimbayo sostiene que en Pedregal, para citar otro ejemplo, está el interno Bertulfo, quien lleva 24 meses en la cárcel y le han practicado dos cirugías a corazón abierto, pero continúa en un patio normal.
Bertulfo, quien no quiso revelar su nombre, asegura que la enfermedad empezó con una pequeña asfixia, que se complicó. “La atención ha sido regular, he tenido citas de revisión, pero las he perdido porque muchas veces las ponen a las 8:00 a.m., pero las remisiones de la cárcel salen a esa hora o más tarde y cuando llego el médico no me atiende”, critica Bertulfo. “Estamos presos, pero no estamos muertos”, reclama.
Luz Marina Acevedo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, explica que la situación de los internos en las cárceles también ha sido estudiado por la entidad. En un informe publicado este año, describen que la salud se encuentra debilitada.
“En general, se trata de una población marginada e invisibilizada por la sociedad”, relata el informe, que habla de las cárceles Bellavista y Pedregal.
Con ello está de acuerdo el defensor Germán Pabón, quien insiste que el fracaso de la salud tras las rejas radica en que no hay continuidad, asistencias e insuficiencia de médicos. “Fundamentalmente atienden médicos generales, que para cualquier dolor recetan ibuprofeno”.
Sin embargo, la dirección de salud de la región noroeste del Inpec, que cobija a Antioquia y Chocó, responde que el sistema de atención ha mejorado y se procura en atender los requerimientos de la población.
Cuestión de Derechos
Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos en asuntos carcelarios, sostiene que el Estado no se ha preocupado lo suficiente. “El hacinamiento es desbordado y todo esto es el resultado de una secuencia de conjuntos que vulneran los derechos”.
Pone el caso de la cárcel de Itagüí, que fue construida para 325 personas, pero hoy cuenta con 1.132. “Imagínese la gran cantidad de enfermedades que se pueden generar en un lugar donde viven en esas condiciones”, cuestiona.
En este caso, la Defensoría y la Personería también llama la atención, porque las cárceles carecen de infraestructura adecuada, condiciones para albergar a las personas con mínimos de dignidad, ya que el hacinamiento en algunos establecimientos carcelarios supera el 100 %.
Carmona también apunta que la situación de los internos con VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual no es ajena a esta realidad e insta a las autoridades de control y a los encargados de la salud carcerlaria para que garanticen la atención de salud de los internos.
Avanza la atención
Mauricio Iregui-, gerente del Consorcio Salud PPL, encargado de atender a los internos desde el año pasado, asegura que, con corte a julio, han invertido unos 200 mil millones para garantizar la atención. Sin embargo, reconoce dificultades en el proceso, debido a la falta de información, seguimiento a procesos y a las condiciones en las que viven.
“Estos eventos de salud pública se hacen muy complejos, pero hay que dejar claro que los pacientes son atendidos principalmente por los médicos que están en las cárceles”, explica el gerente.
En cuanto a la tuberculosis, asegura que sí se han presentados casos nuevos, pero avanzan en la atención y que por eso se reúnen con los gobiernos municipales y departamentales para identificar las condiciones en las que se encuentran los internos.
Iregui agrega que en 2016 atendieron cerca de 76 mil internos y realizaron 572 mil consultas extramurales. A pesar del crítico panorama, el consorcio manifiesta que ha mejorado. Dice que evacúan las cerca de 25 mil solicitudes represadas que dejó Caprecom. “Las observaciones que hacen los organismos son muy importantes, pero hay que entender que el consorcio comenzó el año pasado, y vamos a brindarles la calidad que necesitan”.
Aunque el consorcio encargado asegura que realiza esfuerzos para mejorar la atención, los internos, la Defensoría y la Personería piden más eficiencia y mayores garantías para la población carcelaria..
