La batalla de los líderes indígenas por la reubicación de la comunidad embera chamí del sector El Veinte, ubicados a hora y media de Quibdó, inició hace un año cuando un derrumbe sobre la carretera dejó 13 personas muertas.
Al llamado de los embera se le sumó la Procuraduría regional de Chocó que le dio, el 12 de junio, un plazo de 30 días a la Alcaldía de Quibdó para garantizar el traslado de 52 familias, 234 personas, a un lugar seguro.
Aunque el término se vence el miércoles, El COLOMBIANO pudo establecer que pese a que la Alcaldía apeló la decisión y solicitó más tiempo (ver recuadro), el ente disciplinario se mantendrá en que la reubicación debe ser inmediata, debido la situación de peligro en que se encuentran las comunidades. Para conseguir este traslado, el municipio puede solicitar ayuda de la Gobernación y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Es de anotar que la petición de buscar un lugar sin riesgo para vivir estuvo sustentada, además en un informe técnico que realizó el Instituto Nacional de Vías, Invías, en el cual advierte que hay que realizar la adecuación de taludes, reubicación de viviendas y de la población.
El líder indígena Fernando Velásquez, dijo, en conversación con este diario, que la muerte ronda su pueblo y no pueden esperar más. Recordó que en el derrumbe murió su hermano José Velásquez.
“Estamos esperando que la tierra nos sepulte, hemos aguantado, hemos resistido al conflicto y ahora la inclemencia del desarrollo. La montaña en cualquier momento se puede derrumbar”.
La comunidad embera vive en precarias condiciones. Los niños no tienen garantizada la educación, tampoco hay salud y el suministro de alimentos no es frecuente. Lo único que no falta es el agua, pero no por gestión gubernamental, sino por la cantidad de fuentes hídricas que hay en la zona.
“Para nosotros es grave que el mismo Invías haya dicho que nuestras casas están en zona de alto riesgo y aún así seguimos viviendo en este lugar. Ese informe advierte que estamos en un área de alto riesgo. Por ejemplo, estas semanas no ha parado de llover y hubo un derrumbe en el que casi muere una familia. ¿Usted cree que el tema da espera?”, preguntó el embera.
Debido a esta situación, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó acogió la solicitud de la Procuraduría para Asuntos Administrativos y ordenó, desde el 12 de junio de este año (miércoles), su traslado.
Dicha tutela ampara los derechos a la dignidad humana, la vida, la integridad personal, la no discriminación y vivienda digna de la comunidad que se encuentran en situación de emergencia.
El procurador regional, Richard Moreno, explicó que el proceso de concertación entre indígenas y la Alcaldía no ha sido fluido por los permanentes paros que se han dado en la región y por negligencia. “No hay mayor interés por parte de las autoridades locales en definir el terreno en dónde se va a reubicar la comunidad”, dijo el procurador
