La crítica situación que se vive en el Chocó, debido al asesinato de líderes sociales e indígenas, obligó al procurador General, Fernando Carrillo, a elevar un llamado de atención al Gobierno Nacional, solicitándole que aumente su pie de fuerza en la zona y lleve más seguridad a las comunidades afectadas.
Carrillo exigió a los ministerios de Defensa e Interior, la Fiscalía General y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, acciones inmediatas para garantizar la “protección de los territorios de las comunidades campesinas y negras asentadas en las cuencas del Atrato, y así evitar un desplazamiento masivo de miles de personas en los próximos días”.