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Las claves del perfil que la Corte busca en el nuevo fiscal general

  • ilustración Elena ospina
    ilustración Elena ospina
Publicado el 09 de diciembre de 2019
en definitiva

La postura de los ternados a fiscal general, en temas como delitos ambientales, corrupción y confianza ciudadana, generan particular interés en una Corte que, se espera, vote el miércoles.

Tener jefe del ente acusador antes de que acabe el año es uno de los principales retos en el horizonte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes el pasado jueves escucharon en entrevista a Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa, luego de que el presidente Iván Duque los postulara para competir por el cargo judicial más importante del país.

Aunque el presidente Duque había afirmado que no entregaría su terna para fiscal hasta que la vacancia de magistrados en el tribunal no fuera resuelta, él mismo decidió revertir esa decisión y presentar a sus candidatos.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Corte, que también ha tenido tropiezos a la hora de suplir las siete plazas necesarias en su Sala Plena. En total se compone de 23 togados, pero hoy tiene 16, la cifra exacta de votos que necesita un aspirante para ser elegido fiscal general.

Al presentar sus candidatos, el presidente dejó a los togados en una carrera contrarreloj. La vacancia judicial empieza el próximo 19 de diciembre, lo que los obliga a escoger a sus compañeros de forma rápida para avanzar en la elección del nuevo fiscal. Una Sala Extraordinaria fue citada el próximo martes, y debe ser en ese encuentro que se suplan las vacantes, porque el miércoles se espera que deliberen en pleno para votar.

En cuanto a los ternados, los juristas los entrevistaron el pasado jueves y formularon seis preguntas a cada uno.

Los retos

Las preocupaciones de los magistrados, en cuanto al perfil del elegido para llegar al búnker, se evidenciaron en dicho encuentro: al parecer les interesan los delitos ambientales, la corrupción, las relaciones con la Jurisdicción Especial para la Paz y la confianza ciudadana en el órgano acusador.

Sobre la corrupción, los magistrados se refirieron especificamente al caso Odebrecht. En este punto, los ternados coincidieron en que se debe seguir con las investigaciones para identificar a los responsables, e incluso señalaron que si era preciso abrir nuevas acciones, lo harían.

El concepto que expuso cada uno de seguir las líneas de investigación que ya existen no es descabellado, a juicio del exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, quien se mostró de acuerdo en que se deben fortalecer los lineamientos que ya existen para atacar ese flagelo.

Para el exjefe del búnker, el trabajo que ha hecho la Fiscalía en razón a la corrupción “va por buen camino” y se deben generar acciones tendientes a robustecer las iniciativas existentes, dado que el delito “viene en aumento desde hace varios años”.

Sin embargo, Mendoza señaló que es necesario que, en esta época, la Fiscalía se acerque más a la ciudadanía y genere lazos de confianza. Añadió que esto lo logra con soluciones reales y eficaces de los problemas delincuenciales que han azotado la convivencia en el país.

El exfiscal también argumentó que otro de los grandes retos de quien sea elegido es la cooperación con la Jurisdicción Especial para la Paz. Los ternados, por su parte, coincidieron también en que su relación con la JEP sería “armónica”, pero más allá de eso, el también exfiscal Mario Iguarán argumentó que debe haber fortalecimiento de relaciones y cooperación entre ambas jurisdicciones. Esto, teniendo en cuenta que la Fiscalía, en su momento, adelantó investigaciones a los exmiembros de las Farc.

Bajo ese entendido, lo que expuso el exjefe del búnker es que una decisión que debería tomar quien sea elegido es que la información que reposa en los despachos de los fiscales sea enviada a la JEP con el fin de que culmine la etapa de posconflicto con verdad y reparación por parte de la justicia transicional.

Iguarán, por otro lado, añadió que otro gran reto es ajustar el sistema penal acusatorio. Expuso que las estadísticas de acusaciones y sentencias demuestran la decadencia del sistema y que es necesario robustecer la policía judicial con el fin de que cada expediente que presenta ante un juez culmine con éxito.

Esa postura que fue expuesta por Clara María González en la entrevista a los magistrados. La actual secretaria jurídica de Presidencia, señaló que es importante que los fiscales lleguen ante los jueces con pruebas verídicas y no con pruebas testimoniales que finalmente resultan arrojando en algunos casos la prescripción de los procesos.

De acuerdo con ella, durante toda su estadía en el búnker, si llega a ser elegida, profesará total independencia de los sectores políticos, acción que Mendoza destacó como una característica obligada de los jefes del búnker.

“El hecho de que sea ternado por el Presidente no quiere decir que eso tenga alguna relación con las actuaciones en la Fiscalía”, argumentó Mendoza y añadió que es necesario tener en cuenta que todos los candidatos a fiscal, por orden Constitucional, son elegidos por el jefe de Estado, “y el Presidente escoge a las personas que él considera serán responsables en ese cargo”, precisó.

Por esta razón, Mario Iguarán señaló que “se ha demostrado que los fiscales, a pesar de ser ternados por los presidentes de turno, una vez llegan a la Fiscalía se separan de alguna relación personal cuando se llega allá y la única dependencia que se genera es con la ley”.

Finalmente, los exfiscales coincidieron en que se deben robustecer los elementos existentes con los que cuenta el órgano acusador .

Contexto de la Noticia

Paréntesis Prioridades en lo jurídico

En materia jurídica, como bien lo expresaron los magistrados de la Corte Suprema, que tienen la última palabra en escoger al nuevo fiscal, se debe pensar en las investigaciones de Odebrecht, las denominadas “chuzadas”, el esclarecimiento de los homicidios de líderes sociales y excombatientes de las Farc, la corrupción al interior de las entidades del Estado, así como la extinción de dominio sobre los bienes del grupo guerrillero desmovilizado. Este último, es una potestad que le otorgó la Corte Constitucional al ente acusador tras la puja que se registró entre el mismo y la JEP.

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