Como siempre las Altas Cortes serán en el 2017 protagonistas con las importantes decisiones que se prevén. Estas son las principales decisiones que están a la espera en cada corporación y sobre las cuales se espera sean resueltas en 2017.
Corte Constitucional
La paz
Cómo se sabe, las demandas relacionadas con el proceso de paz son las más esperadas por los colombianos y el Gobierno Nacional. Depende de ellas guiar la implementación del proceso. Lo más importante será la revisión automática que la Corte debe hacer de cada una de las leyes que se tramiten en la denominada vía rápida o fast track, empezando por la Ley de Amnistía, muy esperada para dar tranquilidad al proceso y cuestionada por organizaciones como Human Right Watch.
Además deberá la Corte fallar dos demandas más que cursan contra el Acto Legislativo para la Paz: una del Centro Democrático, que atacan directamente el tema de la vigencia de dicha reforma y que es crucial para el Gobierno para zanjar dudas sobre la refrendación popular.
Igualmente, la Corte tiene en sus manos cinco demandas contra la realización del plebiscito, presentadas tres de ellas por congresistas del Centro Democrático. La más importante es una que tiene el magistrado Alberto Rojas Ríos, que pide repetir la consulta en la Costa Caribe y por la cual se pidió información precisa al Ideam y la Registraduría sobre las afectaciones que produjo el huracán Matthew.
Por otro lado, se espera que el magistrado Jorge Iván Palacio tiene en sus manos la demanda que presentó el exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, para elevar a rango de tratado el acuerdo marco de La Habana, que permitió la negociación de paz.
La demanda de Montealegre fue presentada antes que en el primer acuerdo se definiera que el mismo pasaba a integrar el bloque de constitucionalidad, lo que hacía de obligatorio cumplimiento su implementación. No obstante, el nuevo acuerdo negociado con las Farc, tras la victoria del ‘No’ en el plebiscito, ya no tiene rango constitucional, salvo lo que tiene que ver con derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Ley Zidres
Aunque se esperaba para 2016, ya será en el nuevo año cuando la Corte dé su decisión final sobre la denominada Ley Zidres, considerada por el Gobierno como toda una reforma agraria, pero que fue demandada por considerar que se afectan los derechos de los campesinos. La Sala Plena acudió a un conjuez, porque no hubo un acuerdo al respecto y será Germán Quintero quien deberá desempatar este debate sobre la Ley 1776 de 2016 y que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres).
La Corte estudia una demanda presentada por el Polo Democrático y otra por el Observatorio de Tierras contra doce artículos y contra toda la ley por supuestos vicios de forma en el Congreso. Mientras el Gobierno dice que la ley permitirá que a zonas apartadas del país se estructure un régimen excepcional para el desarrollo agropecuario, elemento clave en el posconflicto, los opositores dicen que tiene “una retórica anticampesina y antipequeño empresario, cargada de falacias”.
Corte Suprema
Luis Alfredo Ramos
Se esperaba que finalizara en diciembre el juicio oral que se adelanta contra Luis Alfredo Ramos por supuestos nexos con grupos paramilitares, pero esto no sucedió. De hecho, la audiencia de alegatos finales fue reprogramada para marzo de 2017, que este enfrentará en libertad. Tras dicha audiencia, se citará meses después para dar el sentido del fallo por lo que la sentencia definitiva se conocería a mediados del año.
Ferney Tapasco
La Corte Suprema debe citar el otro año a una audiencia de sustentación en el caso del dirigente político Ferney Tapasco, condenado a 36 años por el crimen del subdirector del diario La Patria de Manizales, ocurrido el 30 de enero de 2002, a manos de un sicario. En este caso ya la Procuraduría pidió desestimar los argumentos de la defensa del exdiputado caldense, quien aspira con un recurso de casación, que se revoque la condena impuesta por el Tribunal Superior de Manizales y se le conceda la absolución, junto con los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, con quienes se alió para ejecutar el crimen.
Álvaro Uribe
El país está a la espera de que la Sala Penal defina la situación del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo investigado por presuntos nexos con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien fue hallado responsable por supuestamente infiltrar el proceso de paz y acceder ilegalmente a registros de guerrilleros desmovilizados de las Farc, que son calificados como “ultra secretos”.
Jorge Pretelt
Para el 31 de enero quedó fijada la primera audiencia preparatoria en el juicio en contra del suspendido magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, por la supuesta petición de 500 millones de pesos para favorecer a Fidupetrol con el trámite de una tutela. La defensa que realiza Abelardo De La Espriella solicitó ya nulidad, que se resolvería ese día, así como las pruebas que se tendrán en cuenta en el juicio. La Corte recibió la acusación por el delito de concusión, que fue admitida por la plenaria del Senado, luego de haber recibido copia del expediente y todos los elementos probatorios el pasado 22 de septiembre.
Piedad Zuccardi
El 2016 no fue el año del proceso a Piedad Zuccardi, llamada a juicio por presuntos vínculos con grupos paramilitares y quien recuperó su libertad en abril pasado por vencimiento de términos, pues el proceso no ha pasado de la audiencia preparatoria por la cantidad de recursos, nulidades y recusaciones que se han presentado. Se esperaba que el juicio continuara este año, pero aún no ha sido posible, así que en el 2017 este periplo continuará.
Jorge Noguera
En septiembre pasado finalizó el juicio contra del exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por las denominadas chuzadas que ese organismo de inteligencia perpetró entre 2003 y 2005, por lo que en el primer trimestre de 2017 se espera la sentencia definitiva. La Fiscalía y la Procuraduría habían pedido a la Corte la máxima condena en su contra por los delitos de concierto para delinquir y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. En este caso, en octubre de 2013, prescribieron los de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos receptores y transmisores.
Consejo de Estado
Gustavo Petro
El futuro político del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, está en manos del Consejo de Estado, pues este demandó la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer funciones públicas que le impuso la Procuraduría. Aunque se esperaba fallo este año, el caso cambió de magistrado, porque Gerardo Arenas terminó su periodo en mayo y en julio fue elegido César Palomino Cortés.
Mauricio Santoyo
El magistrado Palomino Cortés además tiene a cargo la demanda que presentó la defensa del general en retiro Mauricio Santoyo en contra de la sanción de destitución en inhabilidad por cinco años que le impuso la Procuraduría General de la Nación, por adelantar interceptaciones ilegales entre 1997 y 1999, cuando ejercía como director del Gaula en Medellín. El caso está allí desde el año 2012 sin resolverse.
Andrés Felipe Arias
Igualmente, el Consejo de Estado analiza desde febrero de 2013 la demanda que presentó la defensa del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que busca anular la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría en 2011, argumentando falta de planeación y fallas en las ejecución del programa Agro Ingreso Seguro. Arias, condenado a 17 años de prisión, busca que se le revoque la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 16 años.
Alejandro Ordóñez vs. proceso de paz
Siendo Procurador General, Alejandro Ordóñez demandó el comunicado de prensa mediante el cual se anunció el compromiso político al que llegaron el Gobierno y las Farc para blindar jurídicamente el primer acuerdo de paz. La demanda fue admitida en septiembre y no ha avanzado hasta el momento. Específicamente va dirigida a los numerales V y VI del Comunicado Conjunto No.069 del Gobierno y las Farc, que en criterio de Ordóñez dan efectos internacionales al Acuerdo Final sin necesidad del sometimiento a la consulta popular.
Futuro de la Judicatura
Mientras no se conforme la Comisión de Disciplina Judicial, no dejará de funcionar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que se encarga de investigar posibles faltas cometidas por abogados, jueces y magistrados. Aunque la reforma de Equilibrio de Poderes acabó la cuestionada sala y la Corte Constitucional este año avaló esa reforma, lo cierto es que la conformación de la Comisión está por ahora suspendida luego que el Consejo de Estado, de manera provisional, suspendiera las siete ternas entre las cuales el Congreso iba a elegir a los integrantes de la Comisión. En 2017 saldrá el fallo definitivo que dirá si se necesitará toda una nueva ley para reglamentar este proceso o si las ternas sí son viables.
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