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En los cuatro primeros meses de 2020 las agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron un 10 %, mientras que los homicidios en su contra lo hicieron un 53 %, según el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según sus estimaciones, entre enero y abril de este año fueron asesinados 49 líderes. Sin embargo, para Indepaz hasta el 30 de abril iban 95 y para el último reporte, del 20 de mayo, ya sumaban 105.
Pero más allá de las cifras, el foco de la discusión debería concentrarse en el por qué de este fenómeno.
Juan Carlos Garzón, coordinador de Dinámicas del Conflicto de la FIP, explicó que al menos tres causales podrían dar luces sobre la situación que hoy viven quienes lideran procesos en las comunidades más afectadas por el conflicto.
La primera explicación se da en el reacomodo de los grupos armados, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, los vacíos de poder que trataron de copar otros grupos y las disputas entre ellos. “A los grupos armados les interesan el control y la regulación del territorio y ahí los líderes son claves”.
De hecho el informe de la FIP detalla que los líderes más afectados continúan siendo los presidentes de Juntas de Acción Comunal (33%), seguido de campesinos (20%) e indígenas (12%).
La segunda explicación se da en el protagonismo que han tenido en la agenda de implementación del Acuerdo de Paz, “muchos de estos líderes se echaron al hombro programas como el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y ahora pierden la protección de sus comunidades por los incumplimientos y retrasos del Gobierno”, aclaró Garzón.
La tercera es la falta de seguridad en esas regiones, ya que las agresiones contra los líderes no puede verse aparte de las comportamientos mismos del territorio, “por ejemplo en Cauca, que es el departamento más afectado por este fenómeno, se dispararon los homicidios no solo contra el liderazgo, al igual que las desapariciones y los desplazamientos. Así que la mejor manera de proteger a los líderes es mejorar la seguridad en los territorios”, anotó.
Indepaz, por ejemplo, reportó que “desde el inicio de la pandemia, se han registrado al menos 37 muertes violentas en Cauca, incluyendo una masacre y enfrentamientos armados diarios en los cuales la población civil ha quedado en medio del cruce de disparos”.
La Procuraduría y la Comisión de Paz del Senado han pedido al Gobierno mejorar las condiciones de esas comunidades para garantizar el libre ejercicio del liderazgzo social, mientras el Ejecutivo insiste en que ya hace lo suficiente.