Le salen más patas al gato a los problemas con el contrato del Ministerio de Defensa para el sostenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, que se encuentran estacionados en la Base Aérea de Tolemaida. El contrato referente al grupo de aeronaves —además de estar bajo sospecha por un presunto favorecimiento a una empresa— ahora está bajo la lupa de la Contraloría General de la República por la posible pérdida de recursos, que se cuenta por millones de dólares.
El ente de control le hizo seguimiento a un contrato de 2024, que celebró el Ministerio de Defensa con Compañía de sistemas Vertol, con el que se hizo la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros. En ese sentido, se advirtió un riesgo inminente por la alta probabilidad de pérdida de más de 13 millones de los 16.231 millones de dólares entregados como pago anticipado para ello.
Dudas por cómo se eligió al contratista
Los 'peros' que encontraron esa entidad señalan que se encontraron debilidades en las evaluaciones económicas, técnicas y jurídicas por parte de Compañía de sistemas Vertol y del ministerio. Una de estas es el no cumplimiento con la capacidad financiera para ejecutar el contrato en el plazo previsto al 15 de noviembre de 2025; así como el hecho de que, a juicio de esa entidad, el comité técnico evaluador no pudo determinar la acreditación de experiencia del diferente según los parámetros establecidos en el estudio previo.
Así las cosas, la Contraloría aseguró que a pesar de que el contratista no acreditaba la experiencia técnica y la capacidad financiera, el comité le otorgó el aval jurídico. “Contraviene el principio de selección objetiva”, señaló la institución.
En cuanto a la ejecución del proceso contractual, hallaron que el avance en la ejecución del contrato solo alcanza un 8 % a pesar de que se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50 % del valor total del contrato ($32.4 millones de dólares), que corresponde a 16.231 millones de dólares.
Al respecto, recordó que la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, a través del supervisor del contrato, advirtió varias veces los incumplimientos del contratista y conminó a este a dar cumplimiento al clausulado contractual. Aún así, a pesar de las comunicaciones enviadas en febrero, junio y agosto de este año, el MinDefensa inició un proceso de incumplimiento hasta septiembre.
Los posibles riesgos por pérdida de recursos y capacidades
Esta situación advierte que hay una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, pues el contratista es extranjero y la empresa está catalogada como una compañía de responsabilidad limitada. Esta circunstancia, a juicio de la Contraloría, dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa.
De igual manera, encontró que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales.
Esta entidad también alertó que se hicieron tres modificaciones a las garantías de cumplimiento a cargo del contratista. La última de estas fue prorrogada hasta el 11 de marzo de 2025 y se redujeron los porcentajes de cubrimiento exigidos para los amparos. De igual manera, se dio a conocer que la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, pero no alcanza para cubrir el plazo de liquidación del contrato, que puede extenderse hasta dos años más.
“La falta de cumplimiento del contrato conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la flota MI-17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles, conllevando a la inmovilización parcial de esta flota de helicópteros, que afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública”, expresó la Contraloría.
Vale recordar que el año pasado se advirtió que más del 80 % de esa flota está en tierra por la falta de los programas de mantenimiento aeronáutico necesarios. Por ese entonces también se advirtió que el proyecto —inicialmente liderado por el viceministro de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez, y por el director de Logística, Mario Andrés García Camón— recibió múltiples propuestas de compañías que se presentaron en Tolemaida para realizar visitas técnicas.
Sin embargo, se conoció que, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas hasta finales de noviembre, estas compañías no recibieron ninguna respuesta, lo que ha puesto en vilo la ejecución de este proyecto del Ministerio de Defensa, valorado en US$52 millones.
Ahora se conoce una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General, que advierte que, presuntamente, el viceministro de Defensa, Edmundo Suárez, estaría buscando favorecer a la empresa MI-Series Personnel & Parts LLC, con sede en Miami, para que se adjudique el contrato de reparación de los 17 helicópteros rusos que se encuentran en Tolemaida.
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