“Hemos tomado decisiones administrativas que no pueden leerse como una condena”, manifestó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para explicar el retiro de una veintena de militares de alto rango. Algunos han sido llamados a calificar servicios por parte del Gobierno; otros son oficiales que voluntariamente han pedido su baja.
En ese sentido, oficialmente, ninguna de estas decisiones es un reconocimiento por parte del Gobierno de la existencia de actos irregulares, pero al mismo tiempo, el ministro ha venido hablando de lo que ha llamado “Operación Verdad”, que, según ha explicado, “no es otra cosa que apoyar a las entidades competentes en sus investigaciones y decisiones”.
“No es la justicia de cualquiera que se pare en una esquina a señalar. Es la verdad institucional la que debe prevalecer. La verdad de la Procuraduría, en lo disciplinario, la verdad de la Contraloría en lo fiscal y la verdad de la Fiscalía y de la Corte Suprema en lo penal. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, el país, todos queremos llegar hasta el fondo de esa verdad”, dijo la semana pasada.
Y cuando se miran los oficiales que han salido en las últimas semanas, en la mayoría de los casos no es la primera vez que sus nombres se ventilan en los medios de comunicación.
