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Los casos que son retos para la justicia en el 2020

  • Varios retos tendrá la justicia durante este año. ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS - CIP
    Varios retos tendrá la justicia durante este año. ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS - CIP
LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ | Publicado el 07 de enero de 2020
en definitiva

La primera Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 2020 será el 23 de enero. Ese día, los magistrados votarán de nuevo para intentar elegir entre los tres candidatos propuestos por Duque.

El 2020 llega con retos en la justicia que empezaron en años pasados. Casos mediática y judicialmente reconocidos como el Cartel de la Toga, Odebrecht, el asesinato de líderes sociales, la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, los avances de la JEP y la pendiente reforma a la justicia, que pondrán el foco en la rama judicial en un país donde lo jurídico y lo político “van de la mano”.

A esos casos (ver recuadros), sobre los que la opinión pública espera resultados, se suma el hecho de que el año iniciará sin que haya un fiscal general en propiedad por la falta de acuerdo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A mediados de enero, se cumplirán ocho meses sin el reemplazo definitivo de Néstor Humberto Martínez en la cabeza de la entidad, a pesar de que, en las últimas semanas de diciembre, los magistrados intentaron elegir entre la terna enviada por el presidente Iván Duque.

Los retos de ser fiscal

La renuncia el 15 de mayo de Martínez generó un terremoto que aún no se supera. Fabio Espitia fue nombrado fiscal encargado, mientras la Corte Suprema elige fiscal. El pasado 4 de diciembre, y en vista de que la Corte no logró llenar las siete vacantes que hay, Duque envió su terna: Francisco Barbosa, actual consejero presidencial para los Derechos Humanos; Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y Clara María González, secretaria Jurídica de la Presidencia.

Sin embargo, con los magistrados ausentes, la discusión sobre quién será el nuevo fiscal no llegó a buen puerto, pues ninguno consiguió los 16 votos necesarios para ser elegido. Pero, mientras el 23 de enero se reanuda la elección, cuando vuelva a haber Sala Plena en la Corte, el país espera saber cómo el elegido enfrentará la dirección de una entidad tan polémica como importante.

Por la visibilidad del cargo, quien lo ocupa es muchas veces criticado por cómo avanzan los casos. Un ejemplo de esto en la Fiscalía pasada fueron los impedimentos y posibles intereses de Martínez en el caso Odebrecht por haber asesorado al Grupo Aval y su dueño, Luis Carlos Sarmiento.

Ante este panorama, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, señala que el principal reto del nuevo fiscal será “recobrar la credibilidad e independencia de la Fiscalía. Los ciudadanos no confían en esa institución, en especial por su ineficiencia y politización”, un punto que resalta teniendo en cuenta que los tres de la terna son altos funcionarios del actual gobierno.

Otro desafío que tendrá el nuevo fiscal, en sintonía con el anterior, es la relación con los ciudadanos. Así lo cree el abogado Francisco Bernate, quien señala que deberá “tratar de sacar adelante un número de procesos atascados que afectan a la ciudadanía y crear una política criminal que le permita empezar y terminar procesos a la mayor brevedad”.

El hecho de que ninguno de los tres postulados sea abogado penalista genera distintas opiniones. Para Burbano puede ser problemático, porque aunque los tres son juristas con reconocimiento, como ha pasado con los antecesores, tienen compromisos muy fuertes con el gobierno y eso pone en duda su credibilidad.

Bernate indica que el hecho de que no tengan esta experiencia es una ventaja, pues, para ambos, es más prioritario que tenga conocimientos en Derechos Humanos.

Bernate dice que esto evita que tenga impedimentos. Por su parte, el abogado y analista Iván Cancino apunta en la misma línea de Bernate: “en Colombia, el fiscal general no debe ir a ninguna audiencia. Debe ser un excelente administrador, un respetuoso de las garantías y un jurista en el sentido amplio de la palabra”.

Así las cosas, el panorama para el nuevo fiscal no será sencillo, pues tendrá que responder por avances en casos en los que las personas esperan resultados, a la vez que se enfrenta a la desacreditación que afrontan las autoridades judiciales en el país. “Hay que recobrar la confianza institucional destruida por los frecuentes errores y abusos”, concluye Burbano.

Contexto de la Noticia

radiografía Reforma a la justicia

El país ha tenido múltiples intentos para reformar la justicia. El año pasado fracasó el proyecto presentado por la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero. En marzo de 2020, con la llegada de la nueva legislatura, el gobierno tendría la oportunidad de presentar una nueva reforma a la justicia que le dé un respiro, por fin, a la asfixiada rama. Dentro de los puntos más urgentes se encuentran: mejorar la infraestructura de los juzgados, aumentar el número de fiscales, la descongestión de expedientes, regular las facultades electorales de las altas cortes, modificar el Consejo Superior de la Judicatura. Para el profesor Antonio Barboza, lo más importante sería “no pensar solo en las altas cortes, sino en el acceso ciudadano a la justicia”.

El Cartel de la Toga

Uno de los casos más sonados desde 2017, cuando se destapó el escándalo, es el llamado Cartel de la Toga, una alianza entre magistrados, funcionarios públicos y abogados para, a cambio de millonarias coimas, alterar casos en contra de, por ejemplo, senadores.

Con el abogado Luis Gustavo Moreno, quien al momento de su captura fungía como fiscal anticorrupción en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, como testigo clave, el caso podría seguir avanzando. Moreno era el puente entre los funcionarios que pagaban a los magistrados para que retuvieran los casos en su contra. Así lo hizo, entre algunos, con los senadores Musa Besaile, a quien el Consejo de Estado le declaró la muerte política y Álvaro Ashton, quien habría pagado $600 millones al magistrado Francisco Ricaurte para frenar las investigaciones en su contra por parapolítica, o el gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien quiso frenar una investigación por otro cartel en su departamento: el de la hemofilia.

2020 iniciará con avances en los casos contra los excongresistas Julio Gallardo, Hernán Andrade, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Zulema Jattin y los exmagistrados José Leonidas Bustos (quien fue presidente de la Sala Penal y de la Corte Suprema de Justicia), Eyder Patiño, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. Varios de ellos están en indagatoria y otros tantos, a la espera de que empiecen o de que avancen los juicios en su contra para definir las condenas que habrá por su intervención ilícita en casos de corrupción.

Algunos, como Besaile y Ashton esperan que la JEP reciba sus expedientes.

Investigación a Guatibonza por Chuzadas

El paro de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), sindicato de pilotos de Avianca, además de ser un reto para la movilidad aérea en Colombia, desencadenó en otro escándalo que nada tenía que ver con las peticiones del sindicato, pero mucho con sus protagonistas.

A mediados de 2018, fue capturado el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, quien fue una prominente figura de la institución, hasta su salida en octubre de 2016. La Fiscalía, en su momento, alegó que Guatibonza habría liderado chuzadas a distintas personalidades públicas del país, incluyendo a los líderes de Acdac, el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el abogado Jaime Lombana, entre otros.

En septiembre de 2018, la Fiscalía detuvo a Guatibonza y le imputó, en un primer momento, los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, uso de softaware malicioso y violación de datos personales.

Pero han pasado varias cosas en el caso que han generado críticas contra el ente investigador. Por ejemplo, desde la captura de Guatibonza, presentó tres escritos de acusación, en los que cambió los delitos imputados. Además, en octubre de 2019, un juez de control de garantías dejó en libertad al general retirado por vencimiento de términos.

En 2020, en todo caso, continuará el caso, con Guatibonza enfrentándolo en libertad. “La Fiscalía habló de tres temas que nada tienen que ver con chuzadas a altos funcionarios. Las evidencias dan cuenta que su comportamiento no tiene reproche penal de ninguna naturaleza”, ha dicho su abogado.

Los capítulos de Odebrecht

El caso de Odebrecht en Colombia no ha avanzado tan rápido, como en Perú y Brasil. Por los conflictos de intereses de Néstor Humberto Martínez fue necesario nombrar a un fiscal Ad Hoc para conocer de estos temas. El caso Odebrecht aún tiene varias capítulos abiertos.

En el país solo hay dos grandes condenados: el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, condenado a cinco años por recibir una coima de 6,5 millones de dólares por parte de la multinacional brasilera, y el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, condenado a 12 años de cárcel por conocer de los sobornos a Morales. La justicia colombiana tiene pendiente investigar quién más pudo ordenar los sobornos. Según la investigación adelantada en Estados Unidos sobre este caso, en Colombia se pagaron por lo menos once millones de dólares (6,5 a Morales). ¿A quién le pagaron esos otros cuatro millones y quién los ordenó?

Otra vertiente de este entramado tiene que ver con la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. En 2019, el expresidente rindió versión libre ante de Consejo Nacional Electoral (CNE) en el marco de una versión preliminar sobre la supuesta financiación irregular de su campaña en 2014. Luego de que los magistrados del CNE evalúen esta versión, tendrán que decidir si se abre o no una investigación formal.

Otra novedad que tendrá la justicia en 2020 tiene que ver con Bernardo Miguel Elías, ‘Ñoño Elías’, quien retomó este fin de año sus negociaciones con la Corte Suprema de Justicia para obtener beneficios a cambio de información clave que tiene como uno de los famosos ‘Bulldozers’ (congresistas que favorecieron a Odebrecht).

El caso uribe: ¿habrá juicio en su contra?

El año pasado el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió ante la Corte Suprema de Justicia una indagatoria, la etapa previa para un juicio ante el máximo tribunal de justicia. En 2020 es muy probable que los magistrados tomen la decisión, luego de escuchar a múltiples testigos y al mismo expresidente, de iniciar o no el juicio en su contra. En concreto el caso gira en torno a varias acusaciones en contra de Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos, dentro de ellas, destaca la acusación de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, de Uribe, quien lo señala de haber fundado un bloque paramilitar en ese terreno. Según el testimonio, uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena, presionó a Monsalve para que se retractara de su versión en contra del expresidente. La prueba reina sería una grabación que hizo Monsalve en una de las visitas de Cadena a su centro de reclusión.

Aquí se abre un segundo capítulo de esta historia. El próximo 18 de febrero, la Fiscalía citó a este abogado para imputarle el delito de soborno en la actuación penal y solicitar ante un juzgado una medida de aseguramiento intramural. Cadena sería la ficha clave entre el expresidente y los testigos que supuestamente visitó para obtener versiones favorables al expresidente.

Por lo tanto, el caso Uribe avanza a dos bandas. El de Uribe mismo, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que este año decidirá si lo envía a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la misma corporación, o no; y, por otro lado, el de su abogado, que apenas inicia formalmente ante un juzgado de garantías.

La Jep y crímenes de altos mandos de farc

Este año la Justicia Especial para la Paz (JEP) enfrentó uno de sus retos más adversos en sus primeros años de vida: las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que la creaba formalmente. Luego de superar el álgido debate y lograr que el mandatario sancionara la ley tal cual fue emitida desde el Congreso, la jurisdicción pudo tener un respiro y comenzar a darle un trámite más ágil a sus diligencias.

Uno de los retos más importantes para esta jurisdicción, en 2020, es el juicio contra el secretariado mayor de las antiguas Farc en el marco del caso 001 denominado ‘Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP’. Los altos mandos venían rindiendo versión libre desde mediados de 2018, colectivas e individuales; en Bogotá y en las regiones. Las víctimas ya recibieron esas versiones y en enero deberán entregar sus observaciones. Luego de esto, los magistrados deberán emitir una resolución que establezca si los comparecientes de la Farc reconocieron y, además, si aportaron verdad sobre el caso. De esta forma entrará en función el llamado Tribunal para la Paz. Dependiendo de la resolución que emita la sala, los comparecientes podrán ir a la Sección de Reconocimiento de la Verdad, la cual realiza el juicio a quienes sí reconocieron la responsabilidad y aportaron verdad, y sentencia a penas no privativas de la libertad. Si no contribuyeron al esclarecimiento de los hechos, podrán ser acusados por la Unidad de Investigación y Acusación para luego llegar también al Tribunal para la Paz, pero a la sección de Ausencia de Reconocimiento, donde podrían encontrarse con penas privativas de la libertad hasta por 20 años.

Leonardo Botero Fernández

Periodista de la UPB y especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central (Bogotá). Escribo.

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