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El 7 de noviembre. Esa es la fecha que marcó la Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización de consultas populares, internas o interpartidistas en Colombia.
Y, recientemente, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los partidos que solicitaron, hasta el 30 de junio –fecha límite para hacerlo–, permiso para realizar consultas internas o populares en noviembre.
Se trata del Polo Democrático Alternativo, de la alianza Colombia Humana - Unión Patriótica y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Hay que recordar, además, que son estas colectividades las que conforman el llamado Pacto Histórico, una de las facciones de los partido alternativos, que agrupa a parte del centro y de la izquierda para las elecciones de 2022.
El CNE, además, informó que solo dos partidos señalaron que no harán consultas: el Liberal y el Mira. Las otras 12 colectvidades y movimientos que tienen personería jurídica no se pronunciaron respecto a esta posibilidad.
En este punto, hay que recordar que las consultas no serán una “camisa de fuerza” para los partidos que solicitaron hacerlas. De acuerdo con el calendario electoral dado a conocer por la Registraduría en mayo, tendrán hasta el 31 de agosto para desistir de esta idea.
EL COLOMBIANO consultó a algunos de los miembros de los partidos que realizarán consultas interpartidistas, teniendo en cuenta que, aunque es un mecanismo legítimo, en otras ocasiones ha sido punto de desacuerdos.
Una de las críticas que se le hace a este tipo de consultas es el costo. Solo hay que recordar los comentarios desfavorables que recibió en 2017 el Partido Liberal –única colectividad en realizar una consulta ese año– por el alto costo y la baja participación que obtuvo.
Originalmente, para la consulta había un presupuesto de $85.000 millones, sin embargo, ante los señalamientos, el Ministerio de Hacienda y la Registraduría acordaron que se reduciría a $40.000 millones. Sin embargo, esa reducción no evitó nuevas críticas cuando apenas el 2,12% de los colombianos habilitados para votar, 744.521 personas, asistieron a las urnas.
Sin embargo, el senador Iván Cepeda, una de las caras más visibles del Polo Democrático, resaltó la decisión de su partido de realizar una consulta interna como “fundamental”.
“La realizaremos para la elección de nuestros delegados al congreso interno del Polo, que es el único partido en Colombia que hace elección directa de sus delegados”, explicó. Dicho congreso estaba programado originalmente para el 26 y 27 de junio. Sin embargo, fue aplazado hasta el próximo 31 de diciembre.
Sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico realice una consulta de manera conjunta, Cepeda, aunque no lo descartó de tajo, aseguró que “todavía no se ha tomado una decisión al respecto”.
Por su parte, el representante del Mais, Abel Jaramillo, explicó que su partido irá a las urnas en noviembre para elegir a su candidato propio entre el senador Feliciano Valencia, la líder wayúu Arelis Uriana, la concejala de Bogotá Ati Quigua y el exsenador Jesús Piñacúe.
“Queremos llevar al Pacto Histórico una propuesta desde el movimiento indígena que recoja el sentir de nuestras comunidades. Realizaremos la consulta porque queremos participar dentro del debate”, indicó Jaramillo.
En el pasado, el representante a la Cámara, David Racero, elegido a través de la coalición Lista de la Decencia de 2018 (conformada por Colombia Humana, el Mais y la Alianza Social Indígena), aseguró en su momento que el Pacto Histórico “está pensando realizar unas primarias para el Congreso de la República para que la misma ciudadanía, democráticamente, escoja cuáles deben ser sus candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara”.
Sin embargo, esa es una discusión que, al interior del Pacto Histórico, sigue. Esto, porque no se ha definido cómo serán las listas al Congreso de esta coalición: si abiertas –en las que los votantes eligen candidatos en particular– o cerradas –en las que solo se vota por la Coalición, y los votos se reparten entre los candidatos según el orden en el que estén en la lista–.
No obstante, para el docente de la U. Externado y consultor político Carlos Andrés Arias, “aunque las consultas están legalmente instauradas, en Colombia terminan siendo un abuso al erario público porque en ellas no se ve reflejada la opinión de la mayoría de ciudadanos y por la debilidad misma que tienen los partidos políticos en el país”.
En todo caso, no será sino hasta dentro de cuatro meses cuando se conozca el impacto de estas consultas