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Radiografía a la lucha contra la deforestación en Colombia

  • Radiografía a la lucha contra la deforestación en Colombia
Lucha contra la deforestación en Colombia
Juan Quiceno Ramírez | Publicado el 05 de enero de 2021

En diciembre un líder conservacionista fue asesinado y ahora le ponen precio a la cabeza de un gobernador. Fuerza Pública refuerza su trabajo en terreno para contrarrestar esta situación.

Entre 2015 y 2019, según datos de la Revista Colombia Amazónica 2020, se han deforestado 878.000 hectáreas de bosque en Colombia. Una situación que ha obligado a los líderes ambientales a tomar acciones y tratar de resguardar los ecosistemas amenazados por quienes talan indiscriminadamente.

De acuerdo con Rodrigo Botero, director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, detrás de ese exterminio arbóreo están quienes buscan, principalmente, apropiarse de tierras pertenecientes al Estado con el fin de convertirlas en hatos ganaderos.

“Mientras el mayor negocio en Colombia -entre comillas lícito- siga siendo la venta de tierra, esto será imparable”, afirmó el experto al exponer que la situación de los biomas boscosos en el país también son consecuencia de su estructura agraria. De ahí que, desde su óptica, sea necesario un trabajo interagencial y no dejarle todo el peso al Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, tratar de frenar la tala furtiva tiene un costo: la vida. Así le sucedió a Javier Francisco Parra Cubillos, líder ambiental que trabajaba con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), quien fue ultimado el pasado 3 de diciembre de 2020 debido a su labor como conservacionista.

“Pachito puso su vida en riesgo en varias oportunidades por defender La Macarena, Era quien dirigía a los funcionarios que trabajaban allá, siempre con la camisa puesta para trabajar por la conservación y protección de los recursos naturales, manifestó Sandra Hernández, funcionaria de la corporación.

Con el deceso de Parra, culminó una historia de 20 años al servio de la naturaleza, toda vez que se dedicó al cuidado de Caño Cristales y otros ecosistemas vitales en esa región.

Otra vida en riesgo

Una situación similar vive Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, a cuya cabeza le pusieron precio -presuntamente- por su férrea oposición a la tala ilegal.

La hostilidad, de acuerdo con el mandatario, es producto de la “lucha que se está dando contra las disidencias Farc, que quieren volver a sembrar coca, que quieren sembrar minas antipersonas, que están reclutando menores y que quieren convertir al Meta en lo que fue hace muchos años”.

“Según la información de inteligencia, primero se frustra un atentado con morteros de granada -que al parecer tenían planeado contra mi y contra mi familia- y ahora, otro informe revela que, a través de unas cuentas de Facebook, hay unos grupos poniéndole precio a mi cabeza”, aseguró el mandatario en diálogo con EL COLOMBIANO.

A pesar de ello, considera que las actuales políticas en aras de controlar esa degradación deben continuar. En ese orden de ideas, señalo, “ya hemos sacado un cartel con los nueve delincuentes más buscados por temas de deforestación, porque están cometiendo ecocidio”.

Afectación y lucha

“El departamento del Meta -sostuvo el gobernador- tiene unas cifras realmente alarmantes en temas de deforestación. En los últimos 10 años, se han eliminado cerca de 200.000 hectáreas, eso equivale a unos 300 millones de árboles talados”.

Conforme al balance de esta guerra librada contra los ilegales, en el sur del departamento, más concretamente en La Macarena, se logró disminuir la tasa de especies derribadas. Sin embargo -según alertó Zuluaga- el problema se trasladó al suroriente del territorio, a un municipio llamado Mapiripan.

Según las cuentas oficiales entregadas por el funcionario, “lo que han talado es una proporción mucho mayor a todo el departamento del Quindío, que tiene un poco más de 1.800 kilómetros cuadrados, aquí son más de 2.000 kilómetros cuadrados lo que han talado”.

Para atender esa avanzada en contra de los ecosistemas de su departamento, Zuluaga detalló que hay un trabajo conjuntos con la Fuerza Pública y Cormacarena, entidad con la que “se viene ejecutando un pago por servicios ambientales. Ya hemos entrado a varias zonas con la iniciativa, entre esas, el mítico Cañón del Duda, que era casi la sede permanente del secretariado de las extintas Farc”.

A su juicio, es necesario darles continuidad a estos proyectos si se quiere evitar que nuevamente los campesinos incurran en tala ilegal, especialmente porque -según sostuvo- ellos quieren vivir tranquilos, pero muchas veces son obligados a trabajar para las estructuras ilegales.

“No se debe aflojar la estrategia que hemos iniciado, estas no pueden ser calenturas de un gobierno, que nos dé por ir a hacer un trabajo con los campesinos y luego no volver. Esto tiene que ser sostenido (...) no se puede combatir con pañitos de agua tibia la ilegalidad en sitios en los que no hubo presencia estatal por 60 años”, enfatizó.

De hecho, la Fuerza Pública, tanto Policía como Ejército, tiene grupos especializados en luchar contra los grupos que están detrás del fenómeno de la deforestación, que realizan trabajos de inteligencia constante para identificar a sus miembros y frenar la violencia que se genera. Incluso, según cálculos del Ministerio de Ambiente con corte a 2019, los reportes muestran que entre 2015 y 2016 la deforestación se incrementó en un 43 %; entre 2016 y 2017 aumentó 20 %; y la tendencia para 2018 se mantuvo en un índice similar.

Además, justo en 2019, se lanzó la Operación Artemisa, con la cual el Gobierno de Iván Duque potenció la lucha contra la deforestación.

Lo que falta

Tal como se había mencionado, el crecimiento de los rebaños ganaderos guarda relación con la problemática forestal. Basta con mirar los datos de la Revista Colombia Amazónica 2020 para dimensionar el panorama en siete de los municipios con las cifras más críticas de tala: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, La Macarena, Calamar, El Retorno y Solano.

En esos sitios, de acuerdo con la citada publicación, para 2016 se talaron 41.084 hectáreas en total y el censo bovino en esos terrenos ascendía a 1.078.084 cabezas de ganado. Para 2019, ya eran 300.415 las hectáreas eliminadas y la población de reses totalizaba 1.727.872, lo que refleja la relación inversa entra ambas variables: mientras decrecen los bosques, aumentan los rebaños.

Es por esta razón que, desde el punto de vista de Rodrigo Botero, debería existir la cooperación con el sector comercio y exigirse una certificación de origen a la carne de res ofrecida en el mercado, de tal manera que el consumidor pueda verificar que los animales no provienen de pastos obtenidos a través del sacrificio de los bosques.

Al ser preguntado sobre cómo avanza la lucha en contra del exterminio arbóreo, Botero argumentó que “estamos en un momento en el que la deforestación que existe es muy alta. Es decir, a pesar de que haya bajado un poco, el conjunto total de la cifra es muy alta. La deforestación se ha comportado relativamente estable, pero muy alta en los últimos 5 años”.

Infográfico

Entre 2015 y 2019, según datos de la Revista Colombia Amazónica 2020, se han deforestado 878.000 hectáreas de bosque en Colombia. FOTO COLPRENSA

Contexto de la Noticia

Para qué el Acuerdo de Escazú

Según la ONG británica Global Witness, en 2019 fueron asesinados 64 ecologistas en Colombia, razón por la que es catalogado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el activismo ambiental. A raíz de ello, varios colectivos y organizaciones piden al Gobierno y al Congreso de la República que se ratifique el Acuerdo de Escazú para proteger los derechos de los líderes ambientalistas como Javier Francisco Parra, quien es el rostro de una realidad compleja en el país.


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