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Médicos en año rural salvan vidas pero arriesgan la propia
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En el hospital, los médicos tienen que trabajar hasta 48 horas en una jornada. FOTO Julio César Herrera -
Lesiones por mina antipersonal o disparos ha tenido que atender en seis meses de rural Cristian David Naranjo Patiño, médico del hospital de Hacarí, en Norte de Santander. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
15 de septiembre de 2019
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El calor, que alcanza en promedio 28 grados en el municipio de Hacarí (Norte de Santander), en la región de El Catatumbo, se mezcla con la zozobra y el temor por las balas e intimidaciones. Por fortuna, no bloquea su misión para salvar una vida o atender un herido sin importar el bando del que haga parte. Incluso, no duda en que arriesgaría la suya por salvar la de otros.
El mensaje se escucha en una voz tranquila y pausada, la de Cristian David Naranjo Patiño, médico de la Universidad Nacional quien desde hace seis meses realiza su año rural en este municipio de alrededor de 13.000 habitantes, en el hospital Emiro Quintero Cañizares. EL COLOMBIANO habló con él durante un recorrido que realizó en esta región del país, acompañando a la Defensoría del Pueblo.
En la zona, enclavada en el Catatumbo, converge un conflicto armado que se ha acentuado en los últimos años, en el que los protagonistas van desde la guerrilla del Eln, Los Pelusos, el Clan del Golfo, las disidencias del frente 33 de las Farc hasta, naturalmente, la Policía y el Ejército, que pretenden dar tranquilidad a los ciudadanos.
Marcado por la intimidación
No ha sido agredido físicamente, pero mientras ha atendido a varios pacientes, los familiares o amigos, con el fin de presionarlo para acelerar la atención, le dicen que “si me quería hacer meter un balazo” o el tan mentado “usted no sabe quién soy yo”.
Ese primer momento de presión e intimidación lo vivió a pocas semanas de desembarcarse en la que su madre califica una locura: ser médico en un lugar en el que el conflicto se mantiene vivo por el control territorial y las finanzas que representan los cultivos de coca.
Aunque nadie le ha puesto un dedo encima, recuerda que un odontólogo de la zona no puede contar lo mismo. Fue agredido a golpes. Otros colegas tuvieron que desplazarse por las amenazas de los grupos ilegales.
La historia, que por ahora más lo ha marcado profesionalmente se dio “con un paciente que llegó con sangrado rectal que no paraba y quien mostraba que tenía mucho dolor”, recuerda Naranjo Patiño, quien con su experiencia supo que era un paciente que no requería procedimiento quirúrgico, por lo que no lo envió hacia Ocaña, donde está ubicado el hospital de segundo nivel más cercano (a dos horas y en un camino fracturado), como lo exigían, entre violentas amenazas, los familiares.
“Hice las pruebas y efectivamente tenía una disentería bacteriana (infección por una ameba) que pudimos tratar, sin necesidad de enviarlo hasta Ocaña”.
El médico, aunque sabe que su madre lleva seis meses de intranquilidad, se mantiene en que con su profesión se tiene que formar para “trabajar bajo presión, bajo estrés, sin importar el riesgo” y, sobre todo, aprender a “desarrollar el ojo clínico”.
La zona en la que se encuentra, en la que trabaja con “las uñas en muchos casos”, le permite aprender a manejar situaciones sin necesidad de enviar exámenes más complejos o, en ocasiones, actuar sin tener a la mano la opinión de un especialista.
Lesiones por mina antipersonal o disparos ha tenido que atender en seis meses de rural Cristian David Naranjo Patiño, médico del hospital de Hacarí, en Norte de Santander. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
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Sin respeto
Lo que viven los médicos y las misiones no es un fenómeno de indolencia propio del Catatumbo. Según cifras entregadas por el Ministerio de Salud a este diario, entre 1996 y julio de 2019, en todo el país se registraron 1.968 afectaciones contra estas misiones (ver infografía), es decir, cada año en promedio se han registrado 58,5 agresiones.
En particular, en Norte de Santander, entre enero y julio de este año, hubo 17 registros, lo que lo ubica en el deshonroso primer lugar del país donde los profesionales de la salud trabajan con algún grado de temor. En su orden, aparecen Huila (15), Nariño (14), Valle del Cauca (11) y Arauca (8).
El Ministerio de Salud, respondiendo a un cuestionario enviado por EL COLOMBIANO, señala que el panorama de agresiones no solo se registra en zonas donde hay conflicto, también pueden gestarse en medio de otras situaciones de violencia como asonadas, manifestaciones, actos vandálicos e incluso en el ámbito laboral y de la prestación de servicios de salud.
Lo que plantea el Ministerio, en relación con que no todas las agresiones se dan en zonas violentas, coincide con la coyuntura que ha vivido el país. Por ejemplo, 2016 aparece en los registros como el año más agreste contras las misiones médicas, con 212 casos, pero en ese momento había un desescalamiento de confrontaciones entre las Farc y las Fuerzas Armadas.
Frente a esto, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, dice que debe haber especial cuidado a las comunidades en Atlántico y Córdoba.
En algunos municipios los médicos “han tenido que irse, desplazados por grupos armados al margen de la ley que los han amenazado. Entendemos que el fenómeno de la violencia en Colombia, hoy lamentablemente en crecimiento, es el problema de fondo, donde estos grupos armados reemplazan en algunos territorios la autoridad”, expresa Mayorga y agrega que estos hechos de violencia se convierten en un “delito gravísimo contra la comunidad”.
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Otro fenómeno
Contrario a este panorama, los dos años que siguen en el ranking como más violentos contra las misiones médicas, con 175 casos cada uno, fueron 2002 y 2013, épocas en las que aún no había negociaciones de paz y las Farc seguían como un actor protagonista de la vida armada.
No obstante, el año más agreste contra la población médica se registró en 2012, con 212 casos y, aunque en la coyuntura nacional se negociaban los acercamientos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc, otras formas de violencia aparecieron.
Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, señala que lo primero que debe quedar claro es que las EPS que funcionan, pese a las dificultades que representa estar en una zona como esta, deben quedarse, pero sacar a las que vulneran los derechos.
A pesar de que a la luz de las cifras el panorama continúa siendo crítico, el Ministerio asegura que ha “ejercido una labor relevante y efectiva para proteger a la Misión Médica”, en la cual, a pesar de la ocurrencia de eventos de este tipo, “su grado de afectación se ha disminuido, y las personas pueden acceder a los servicios de salud en zonas de conflicto y en medio de otras formas de violencia”, destacando que hay una reducción de 119 casos, comparando los 212 de 2016 a los 93 que van este año.
Por otra parte, Negret destaca que la misión médica no debe estar sola, sino que debe ser acompañada por la Secretaría de Salud departamental, pero “lo que ocurre es que se roban los insumos, los extorsionan. Con esas condiciones es imposible que un enfermo tenga la debida atención”, reflexiona Negret.
Sin garantías
Ante lo que plantea Negret, sobre las dificultades para trabajar, Mayorga, directiva del Colegio Médico, recuerda que el panorama de estos profesionales rurales es desalentador: “tenemos municipios donde son contratados y no se les paga, trabajan varios meses y se ven obligados a renunciar por falta de pago. Eso es violencia económica”.
Con esto coincide el médico de Hacarí al reseñar que “trabajan con las uñas”, dejando claro que hay ocasiones en las que llegan pacientes con situaciones de salud “complejas”, que requieren ayudas diagnósticas, pero por las pocas capacidades médicas con las que se cuenta, no hay acceso a tecnologías que permitan una mejor atención.
“Estar en estas zonas es bueno para nosotros como médicos porque adquirimos habilidades, pero es malo para el paciente porque todos cometemos errores, esas equivocaciones se ven reflejadas en una afectación para la salud de las personas”.
Al analizar los ataques, Mayorga señala que “no se trata de un asesinato o el desplazamiento forzado de una persona. Hay que entender que esto es un crimen hacia la comunidad”, por lo que llama la atención a las autoridades de salud, para que cuando se registren estos casos, sean tratados con un enfoque especial, “dadas las repercusiones que tienen en los territorios”.
A su juicio, cuando se ataca a una misión médica, según explica, se arremete directamente contra el bienestar de la comunidad.
Stephanía Mejía Luna, presidenta de la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), en el departamento del Valle, señala que los profesionales que hacen el año rural, incluyendo a quienes estudian Medicina, Odontología, Bacteriología y Enfermería, cuentan con pocas garantías, tanto en implementos de trabajo como en seguridad.
La situación es tan compleja que llega al punto en que “el profesional, por temor, no quiere prestar ese servicio”, expresa Mejía Luna, al recordar que han conocido casos en los que “la situación es tan precaria, que ni para gasa hay dinero”.
Aunque el riesgo es más que evidente, lo único que tienen claro los profesionales de la salud, como bien lo plantea el médico de Hacarí, es que “nuestra labor es atender, ayudar, acompañar, y, sobre todo, intentar salvar una vida”.
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ataques a misiones médicas van en Antioquia en lo corrido del año: Minsalud.
58,5
agresiones a misiones médicas, en promedio, se registran cada año.
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