La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, hizo un llamado a las autoridades de la salud para que verifiquen la situación de salubridad que se registra en los municipios de Tadó y Riosucio, en el departamento del Chocó, en donde tres menores perdieron la vida.
“Hago un llamado al Ministerio de Salud para que con todas las entidades que conformamos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, dispongamos de una comisión que, de forma inmediata, se traslade al municipio de Tadó y sus zonas adyacentes para verificar la situación que se está presentando con la muerte de tres menores de edad, cuyos síntomas podrían evidenciar brote infeccioso”, sostuvo Plazas Michelsen.
Igualmente, en la zona de Aguaclara en Alto San Juan se reportó la muerte de un adulto así como de un niño de 10 meses y un menor de dos años. Además, en el Bajo Atrato se conoció la muerte de una niña de 15 meses de nacida, quien llegó al hospital local Rio Sucio, Chocó, proveniente de la comunidad indígena Juinpubul (límites con Panamá).
A esto se suma la hospitalización de dos menores de 11 meses de edad en el Hospital de Tadó y uno más en Quibdó registrando sintomatología similar.
Defensoría y Naciones Unidas alertaron sobre crisis humanitaria
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el delegado en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, alertaron sobre la gravedad de la situación humanitaria que se vive en el municipio de Riosucio (Chocó).
Con base en visitas realizadas por estas organizaciones en los últimos meses, el defensor Otálora dijo que esa población “enfrenta muchas dificultades en términos de acceso a servicios básicos como agua potable y atención en salud”.
De acuerdo con Otálora: “Allá las personas consumen la misma agua en la que se transportan, se bañan y hacen sus necesidades. Esta agua no solo está contaminada por eso, sino por la minería ilegal que deposita sustancias tóxicas en el Atrato”.
De hecho, en la visita realizada al municipio durante el fin de semana, Otálora afirmó que “presenciamos la muerte de un niño de 2 años cuyos padres llevaban días pidiendo atención médica” y agregó que “a pesar de que la legislación lo prohíbe, los médicos del precario centro de salud local ponen a sus pacientes a comprar medicamentos que son muy costosos y no se encuentran en el municipio”.
Por su parte, el delegado de la ONU para los DD.HH., Todd Howland, afirmó que “en Riosucio hay más o menos 30 mil habitantes y en los registros de víctimas se conocen 90 mil personas, esto quiere decir que la situación de desplazamiento es crítica en esa región”.
Howland atribuye esto, no solo a la falta de acceso a servicios, sino también a “la presencia de guerrilla y de bandas criminales que acosan a los habitantes y limitan su movilidad de manera constante”.
El delegado de la ONU llama la atención sobre esto, porque “Colombia no es un país pobre, pero esta gente vive en iguales o peores condiciones que los que habitan algunos países de África”. Según él, “la ausencia permanente del Estado ha generado una fuerte desconfianza de los habitantes en las instituciones”.
Otros llamados de atención
Recientemente la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, hizo un fuerte llamado de atención a otras entidades del Gobierno sobre la situación de Riosucio (Chocó) y exigió la presencia del Ministerio de Salud en ese municipio.
Representantes del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados – Acnur, también habían hecho un llamado de atención al Gobierno, no solo por la situación de Derechos Humanos en Riosucio sino también en otros municipios del Chocó y en algunos de La Guajira.
Sobre esa repetición de advertencias, el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, afirmó que espera que “este llamado de atención sea atendido o se procederá a tomar acciones disciplinarias al respecto”.
