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Mucha cocaína: sobreoferta tiene a productores cocaleros encartados con pasta base

La sobreoferta del producto, preferencias de los compradores y desorden público cambiaron la dinámica.

  • Los campesinos con cultivos artesanales están en crisis financiera en algunas regiones de Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Los campesinos con cultivos artesanales están en crisis financiera en algunas regiones de Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
02 de abril de 2023
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En algunas tiendas veredales de Tumaco y Policarpa, en Nariño, los campesinos están pagando el mercado con libras de pasta de coca. El trueque al parecer refleja un cambio en la economía de los caseríos, donde el dinero del narcotráfico está escaso debido a una sobreoferta en el mercado que perjudica a los pequeños cocaleros y favorece a los grandes productores.

La situación adquiere tintes dramáticos en las áreas selváticas del corregimiento tumaqueño de Llorente. “No hay dinero circulante, y los ‘cholitos’ que cultivan poquita coca están llevados”, explicó un líder campesino, quien pidió la reserva de su identidad.

“Los cholitos” a los que se refiere son familias indígenas, conformadas por una pareja y una prole de cinco a ocho hijos, que dependen de un pequeño cultivo de coca para subsistir (menos de una hectárea), carecen de mano de obra o no tienen la semilla adecuada (ver el gráfico).

Desde finales de 2022 les está costando vender tanto la hoja como la pasta de coca, al punto de que están pasando afugias económicas.

“Les toca comprar el arroz y el atún con pasta. Algunos tenderos se las reciben, y luego miran a ver cómo hacen para revenderla por su cuenta. Pero hay otros que no aceptan ese trueque, porque se encartan”, relató el líder.

En áreas donde la economía se mueve al ritmo de “la mata prohibida”, es frecuente que las tiendas, graneros y locales de abasto les fíen la mercancía a los cocaleros hasta la época de cosecha, cuando se pagan todas las deudas.

Ahora, en cambio, muchos comerciantes prefieren no fiarles, pues no está garantizada la venta de la cosecha.

Mientras esto ocurre con “los cholitos” en zonas rurales de Tumaco, a 1.283 kilómetros de distancia por carretera, en el municipio antioqueño de Tarazá, la economía cocalera marcha al ritmo de siempre, es decir, “vendiendo a la lata”.

La frase es de un líder social del pueblo, a quien también le reservamos la identidad. “Diciembre fue un mes flojo, porque muchos narcos se fueron de vacaciones, pero de enero para acá las ventas están normales”, añadió.

En algunos sectores de Nariño, Cauca, Putumayo y Catatumbo, el precio del kilo de pasta de coca cayó de $2’200.000 a $1’600.000 en el último semestre; pero en Antioquia, Córdoba y Bolívar se comercializa a $2’500.000.

¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué unos cocaleros tienen los bolsillos vacíos, mientras otros gozan de la bonanza? ¿Cómo es posible que haya cultivadores perdiendo plata justo en la época en que más cocaína se está produciendo a nivel mundial?

Para encontrar las respuestas, EL COLOMBIANO conversó con cinco líderes cocaleros de distintas regiones, académicos y fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y del Gobierno.

De estas conversaciones se deduce que hay tres explicaciones posibles al fenómeno: 1). Sobreoferta de coca; 2) Mayores estándares de los compradores; y 3). Inestabilidad del orden público.

Sobreoferta de coca

Según los monitoreos anuales de la Oficina contra la Droga y el Crimen de Naciones Unidas (Unodc), los cultivos de coca alcanzaron su pico máximo en Colombia, al pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 hta en 2021.

El potencial de producción de cocaína, es decir, de la transformación de la hoja en el estupefaciente, también está en la cima, al crecer de 331 toneladas métricas en 2013 a 1.400 tm en 2021.

La siembra y producción creció igualmente en Bolivia y Perú, a la par que el tráfico a Europa, África y Asia; y que el consumo en los principales destinos, como EE.UU., según el Informe Mundial sobre la Cocaína de Unodc (2023).

En medio de esta tendencia desaforada en el negocio del narcotráfico, el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de no perseguir a los cultivadores, a quienes considera víctimas de la ausencia histórica del Estado, y reducir los programas de erradicación forzosa de los cultivos.

Esta medida, que incomoda a varios sectores políticos y estatales en EE.UU., quedó explícita en las cifras del MinDefensa. El pasado noviembre erradicaron 5.046 hta, en diciembre 4.596, en enero ninguna y en febrero 733.

Todos estos factores combinados están generando una sobreoferta de coca en el mercado, en la que no todos los productores alcanzan a vender su cosecha o les toca ofrecerla a un valor inferior para competir con otros oferentes.

Así lo explicó Santiago Tobón, economista e investigador del Centro de Valor Público de la U. Eafit: “Hay mucha hoja de coca (cultivos) y mucha cocaína (producción), y este exceso de oferta lleva a que bajen los precios, porque la demanda del producto no crece al mismo ritmo”.

Indicó que, “a partir de algunos testimonios, sabemos que en unos sitios de tránsito, como El Salvador, están almacenando cocaína en bodegas, reteniéndola para no llevarla a los mercados finales, porque los precios pueden bajar mucho (a nivel internacional)”.

Compradores “pinchados”

La lógica de la sobreoferta no explica del todo el porqué en unas partes de Colombia los cocaleros están sufriendo penurias, mientras que en otras están “traqueteando” felices.

Es aquí donde entran los compradores y una especie de “refinamiento” que están demostrando en la actualidad para seleccionar la droga.

Un oficial de la Dirección Antinarcóticos reveló que “estamos notando que los narcos están comprando únicamente los derivados de coca de alta pureza. Como hay tanta mercancía disponible, eligen la de mejor calidad, y hoy la pueden conseguir por menor precio”.

Esto tiene dos consecuencias: una, que solo los cocaleros con cultivos industrializados están vendiendo la cosecha, pues sus procesos garantizan la calidad de exportación que exigen los principales compradores, como los carteles mexicanos, balcánicos y neerlandeses.

Los pequeños cocaleros, con procedimientos más artesanales, están naufragando en esta dinámica comercial, tal cual sucede con “los cholitos”.

“Los narcos extranjeros no quieren una droga de alta pureza para ofrecerle un mejor producto a los consumidores. No, ellos quieren algo de alta calidad para hacerlo rendir en sus laboratorios en el exterior, mezclarlo con otras sustancias y transformarlo en más cantidad de dosis con cierto grado de pureza allá en Europa o EE.UU. Todo es para lograr un mayor rendimiento de esa mercancía”, detalló el oficial.

La segunda consecuencia es que en territorios con sembradíos más artesanales, como los de ciertas áreas selváticas del Catatumbo y Nariño, la cosecha no está vendedida de antemano, como sí ocurre en grandes extensiones de coca en Antioquia y Córdoba. Y es por esto que algunos tenderos se resisten a fiarles a esos cocaleros.

Desorden público

“Aquí nunca hubo cese al fuego y tenemos un problema: que no sabemos quién manda. Unos días aparecen los de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que trabajan para ‘Iván Márquez’; y otras veces los del Comando Conjunto de Occidente, que son de ‘Iván Mordisco’. Estamos en la mitad de esos dos ‘ivanes’, y cada quien llega poniendo condiciones, cambiando precios y prohibiendo cosas”, advirtió un cultivador de la frontera entre Cauca y Nariño.

Desde su punto de vista, el conflicto entre esos dos grupos disidentes de las Farc está perjudicando la venta de coca, porque muchos compradores temen ingresar a la zona (por la violencia) o que les incumplan las condiciones de compra pactadas.

“Antes las personas sabían que había un solo jefe de esos grupos, con el que uno se entendía para todo. Ahora no, cada 15 días hay un cabecilla nuevo, los rotan mucho, ¿entonces así cómo hacemos? Parecemos hijos de una pareja divorciada, de un lado para el otro”, se quejó el labriego.

También sucede que en el marco de esa confrontación armada entre las huestes de “Iván Márquez” e “Iván Mordisco”, los compradores y brokers (comisionistas) de los carteles son intimidados, secuestrados o asesinados para afectar las finanzas del enemigo.

El panorama es diferente en Córdoba, puntualmente en los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.

“Por aquí los únicos que mandan son ‘los Gaitanistas’ (Clan del Golfo). Son la autoridad acá, los que ordenan que sembremos coca y los que después la compran. Y como ya no están en eso de la paz total del Gobierno, pues siguieron con su negocio”, expresó un líder campesino.

Una situación parecida ocurre en el Bajo Cauca antioqueño, incluso en los municipios que tienen presencia de grupos diferentes al Clan del Golfo, como Tarazá y Cáceres, en los que también están el ELN y “los Caparros”. Allí estas facciones conviven en un equilibrio en el que todos pueden cultivar y traficar sin mayores complicaciones.

La postura del Gobierno

La crisis de los pequeños cocaleros no es invisible para el Gobierno. El presidente Gustavo Petro, en un trino del pasado 23 de marzo, publicó: “La ausencia de compradores de pasta de coca arroja hambre en los territorios cocaleros. Las asambleas de campesinos con el gobierno para implementar programas de sustitución de tierras, revitalización de las selvas y cultivos agroindustriales, son prioritarias”.

En el mensaje, el jefe de Estado retuiteó un artículo de El Cuarto Mosquetero, un medio de comunicación alternativo que documentó las penurias de los cocaleros de la vereda Nueva Colombia, en Vista Hermosa (Meta).

Pese a los factores previamente analizados, tal parece que la lógica del Gobierno es que la reducción de compradores de coca se debe a su nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo expresó esta semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el Congreso: “Han afirmado que ahora este Gobierno no tiene una política contra las drogas, lo que pasa es que no estamos haciendo lo evidente, de perseguir al campesino para quitarle el único medio de sustento, pero sí nos estamos dirigiendo en tres acciones definidas: incautación de insumos, interdicción y golpear los bienes de los grandes narcos con extinción de dominio”.

Según sus cuentas, desde el inicio de este Gobierno se han incautado 106 toneladas de cocaína, destruido 1.161 laboratorios de droga y embargado bienes de los narcos por $154.000 millones.

Esta percepción oficial contrasta con los informes de Unodc y del Departamento de Estado de EE.UU., que ven con preocupación cómo el tráfico de drogas está disparado en Colombia.

Evan Ellis, profesor de Investigación para América Latina del Colegio de Guerra del Ejército de EE.UU., señaló que “lo único que hemos visto es que hay una explosión de la oferta de coca, debido a la suspensión de la fumigación aérea, de la erradicación manual forzada y de la parálisis de los programas de sustitución. Y también porque, persiguiendo la paz total, el Gobierno mermó sus acciones contra los grupos armados”.

Agregó que “no tengo evidencia de una acción eficaz contra los narcos que haya reducido la demanda de coca. El problema es que la oferta excede esa demanda y algunos tienen dificultad en vender todo lo que producen. También pasa en algunas regiones de Perú”.

En medio de todo esto, algunos cocaleros artesanales ya están pensando en cosechar otros productos, como el café de exportación. ¿Quién iba a pensar que algún día el mismo mercado negro de la coca les daría la espalda?

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