La migración de millones de venezolanos no ha llevado a un aumento de la delincuencia en los países latinoamericanos de acogida, según un nuevo estudio publicado este lunes que da por tierra una percepción errónea extendida en algunos sectores.
El análisis, elaborado por los centros de estudios Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, con sede en Washington, asegura que las ideas de que los 4,2 millones de emigrantes y refugiados venezolanos están aumentando las tasas de criminalidad en los otros países “son en gran parte infundadas”.
El estudio se realizó con datos de los tres países que albergan la mayor cantidad de venezolanos: Colombia, Perú y Chile. Los investigadores encontraron que en Perú y Chile los migrantes venezolanos cometen delitos en niveles sustancialmente más bajos en proporción a las poblaciones locales, aunque en Colombia “la evidencia es más variada”.
En Colombia los venezolanos cometen delitos violentos a una tasa proporcional menor, y su participación “ligeramente mayor en delitos no violentos” podría deberse al alto desempleo de migrantes y la existencia de redes de tráfico ilícito en las zonas fronterizas, donde se reportan en su mayoría, según el estudio.
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En concreto, el 2,3 % de los arrestos por delitos violentos en Colombia en 2019 involucraron a venezolanos, que representan el 3,2 % de la población total del país. Asimismo, de todos los arrestos, el 5,4 % fue de venezolanos, tal vez como reflejo de que las regiones donde resultaron responsables de una mayor proporción de delitos, y donde enfrentaban tasas más altas de desempleo, se encuentran principalmente a lo largo de la frontera con Venezuela, destacó el estudio.
“La afluencia de venezolanos a Colombia no ha provocado un resurgimiento de la violencia, ya que estos recién llegados tienen menos probabilidades que los colombianos nativos de ser arrestados por delitos violentos. Sin embargo, los datos revelan que ciudadanos venezolanos tienden a cometer una mayor proporción de crímenes no violentos de lo que sugeriría su proporción dentro de la población”, afirma el estudio sobre la relación de la migración con la inseguridad.
Esto respalda la idea de que “otorgar a los migrantes y refugiados acceso formal al mercado laboral puede reducir la incidencia del crimen”, aseguró el estudio. En Chile, dice el trabajo, solo el 0,7 % de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas, que representan el 2,4 % de la población en ese país.
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Igualmente, de acuerdo a datos de encarcelamiento de 2019, en Perú el 1,3 % de los presos son extranjeros, incluyendo a los venezolanos, que representan el 2,9 % de la población total del país.
Aun cuando las encuestas de opinión muestran que los colombianos y peruanos señalan regularmente el crimen como una de las razones por las que se sienten más incómodos con la migración desde Venezuela, los autores del estudio consideran estas percepciones “fuera de lugar”.
“Los resultados de este estudio sirven como evidencia robusta de que la presencia de inmigrantes venezolanos no está generando un aumento sistemático de crimen en la región, ciertamente no en los tres países que han recibido la mayor cantidad de inmigrantes y refugiados venezolanos”, aseguraron los autores.
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