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https://www.elcolombiano.com/colombia/corte-protegio-polemico-mural-sobre-ejecuciones-extrajudiciales-NH16000915
Las declaraciones hacen parte de tres testimonios revelados ante la Comisión de la Verdad. La Fiscalía aún no le permite a la JEP acceder al expediente del general (r).
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El general (r) Mario Montoya fue comandante del Ejército Nacional de Colombia hasta el 4 de noviembre de 2008. FOTO Colprensa
12 de noviembre de 2021
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Dos asuntos judiciales relacionados con el conflicto armado colombiano pusieron al general (r) Mario Montoya a observar el retrovisor y mirar sobre su pasado.
Por un lado está la reciente petición de la Jurisdicción Especial para la Paz de conocer el expediente que por años ha tenido la Fiscalía, y por otro, están las declaraciones de tres militares de altos rangos que lo responsabilizan a él y a su comandancia de una buena parte de los 6.402 falsos positivos que documentó la JEP entre 2002 y 2008.
Al borde de las lágrimas, los tres exintegrantes del Ejército reconocieron la sistematicidad de esa práctica en Casanare y recordaron cómo surgieron las órdenes desde sus superiores: “miraban un tablero y decían que no había resultados, que necesitábamos litros de sangre”, recuerda el sargento segundo (r) Faiber Amaya. “Inmediatamente se prendía un bombillo de color rojo que indicaba que, si no había resultados, algo iba a pasar: iban a retirar a alguien de la institución o lo iban a trasladar”, reveló el sargento enfatizando en las reiteradas exigencias de resultados por parte de Montoya, que, al final, se traducían en presiones para multiplicar las muertes a como diera lugar.
Entre esos detalles, por ejemplo, el mayor (r) Gustavo Soto, comandante del Gaula de ese departamento, aseguró que firmó un acta en la que se comprometía a presentar 25 bajas y completar las 100 que, según él, le pedían a la Décimo Sexta Brigada. “Fueron muchísimas las personas asesinadas entre enero y mayo de ese año (2006). La orden venía de Montoya”, dijo.
Ante las víctimas y la Comisión de la Verdad, el capitán del Gaula Militar de Casanare también aseguró que él, sus superiores y sus subalternos sabían lo que hacían y eran conscientes de la “atrocidad de los hechos”, pero decidieron seguir adelante impulsados, como describió Amaya, por esa “exagerada subordinación” que les enseñaban en los entrenamientos militares.
Pese a ello, el general (r) Mario Montoya ha negado cualquier responsabilidad con ejecuciones extrajudiciales tanto en la justicia ordinaria como en la JEP. De hecho, su defensa ha asegurado que presentará las pruebas que sean necesarias para desligarlo de las múltiples acusaciones en su contra relacionadas con falsos positivos.
Pero esas declaraciones ante la Comisión no son las únicas que han puesto el nombre del general (r) Montoya, uno de los más altos rangos investigados por falsos positivos, en la mirada de la opinión pública.
El martes, la Jurisdicción Especial para la Paz fue clara en pedir una copia del expediente del general y en ordenarle a su Unidad de Investigación y Acusación una revisión detallada de lo que ha logrado establecer la Fiscalía en su caso, pese a que esta se ha negado a perder la competencia sobre el caso. Por ahora, la justicia ordinaria le acusa de ser el presunto responsable de 104 ejecuciones extrajudiciales cometidas en diferentes regiones del país entre 2007 y 2008.
Mientras que la JEP, por su parte, se ha acogido al llamado de las víctimas y lo ha amenazado con expulsarlo de la justicia especial si no cuenta la verdad y asume responsabilidades.
Bajo ese panorama, y precisamente relacionado con esos hechos, Montoya perdió una batalla jurídica por el polémico mural conocido como “¿Quién dio la orden?”. Pese a los argumentos de varios de los militares que aparecen ahí de que la información “no era verás”, la Corte Constitucional aseguró que la obra es una crítica válida al Estado y goza de protección al tratarse de un “ejercicio del derecho de participación en el control del poder político”.
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