En Colombia, según Medicina Legal, 49.669 mujeres por año son víctimas de violencia de pareja. Sin embargo, hasta esta semana, las leyes del país no contemplaban un mecanismo de reparación para ellas en los procesos de divorcio.
Ahí radica la importancia de la decisión que tomó la Corte Constitucional este martes y que fue celebrada por diversos colectivos de mujeres en el país. De acuerdo con el fallo, los jueces de Familia ahora podrán tomar como referencia los acuerdos internacionales de Derechos Humanos, para conceder a la víctima una compensación económica que la expareja deberá pagar por los daños sufridos, no solo físicos, sino también psicológicos.
Marcela Torres, trabajadora social e integrante del movimiento de mujeres de Medellín, califica la decisión de la Corte como “un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres”, pues “las violencias basadas en género tienen múltiples consecuencias que pueden extenderse a lo largo de su vida; afectando su salud física, emocional y determinando además el relacionamiento que ellas tengan con otras personas a partir de esos sucesos”.
Por eso, destaca, “es un fallo que reconoce las implicaciones que tienen las violencias basadas en género en la vida de las mujeres, garantiza la reparación al menos económica y contribuye a devolver la dignidad y condición ciudadanas de derechos a las mujeres que han sido víctimas, algo vital en un país en donde el porcentaje de impunidad con respecto a la violencia contra las mujeres es tan alta”.
En ello coincide Olga Amparo Sánchez, directora de la Corporación Casa de la Mujer, de Bogotá, quien reconoce que la sentencia “por fin asume que la violencia psicológica tiene un impacto desmedido en la vida de las mujeres. El país estaba en deuda de esto, porque generalmente la violencia solo se ha visto como física y sexual, y no había fallos que sancionaran a quienes ejercen la violencia psicológica contra las mujeres o que los obligaran una reparación económica”.
Para Sánchez, el aporte más importante de la Corte Constitucional con la decisión es “contribuir a la desnaturalización de las violencias. Dejar claro que no se puede seguir violentando a las mujeres y que esto quede en la impunidad. Que quien lo haga, asuma a partir de ahora que tiene unas consecuencias económicas y jurídicas”.
