Ni un solo kilómetro del río Magdalena ha sido recuperado. Esto a pesar de que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se estructuraron dos proyectos: uno, fue contratado y liquidado (ver recuadro) y el otro, se quedó en los estantes del Ministerio de Hacienda pendiente de la aprobación de los recursos que nunca llegaron.
Aunque el actual Ministerio de Transporte asegura que no hará borrón y cuenta nueva al proyecto que dejó Santos, sí dejó claro que esta Asociación Público Privada (APP) entrará en revisión, básicamente, en cuatro temas: económico, técnico, ambiental y jurídico. Es más, dicha cartera reveló que así como está estructurada la iniciativa, ningún banco quiere financiarla.
“No podemos asumir un proyecto de $2,3 billones, sin cumplimiento de condiciones técnicas, financieras y jurídicas. Es necesario verificar el cronograma de obras y se requiere hacer una actualización de los diseños ya que es uno de los principales riesgos del proyecto, dado que se están aplicando los mismos que fueron realizados para la primera concesión”, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en rueda de prensa desde Barranquilla.
Entretanto, el viceministro de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez, le dijo a EL COLOMBIANO que hay que retomar toda la estructuración y que aunque no van a “peluquear” la herencia que recibieron, sí realizarán ajustes de fondo.
“Le pedimos a la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, que lo revisara y nos hicieron varias recomendaciones. Lo que les preocupa, por ejemplo, es la financiación. Ellos hicieron un sondeo y encontraron que ningún banco, en las condiciones actuales, está interesado en financiar este proyecto. Esto es grave porque está estructurado solamente en pesos. Usualmente, las 4G se pensaron en pesos y en dólares, en este caso no, todo está en pesos”, dijo.
Entre los temas técnicos que le preocupan al Ministerio están los diseños, que según la FDN, no tienen el nivel de detalle requerido ya que no se tiene clara la tecnología que se va a utilizar.
En el componente ambiental, lo que les llamó la atención es que no hay licenciamiento ambiental. “Esto parte del supuesto de que la realización del dragado no necesita obtener una licencia. Tenemos que mitigar el riesgo, tener claro qué es lo que hay que hacer y si tenemos que sacar licencia ambiental, la sacamos, pero protegemos el proyecto. En este momento, la iniciativa está expuesta y cualquier juez la puede bloquear”.
Otro de los aspectos relevantes en la revisión de la APP es que no existe una identificación total de las comunidades étnicas, raizales, afrodescendientes e indígenas asentadas a lo largo del trayecto, ni el panorama de sus condiciones socioeconómicas, lo cual, según el Ministerio, pone en riesgo la protección de los derechos de las comunidades.
El paso a seguir es que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se encargará de realizar los cambios necesarios. “Lo primero que haremos es un sondeo de mercados de los estudios disponibles. También tenemos que revisar cuánto hay que invertir. Realizaremos una socialización del proyecto por etapas para conversar con las comunidades. Se revisarán los riesgos y se pondrá un componente en dólares. Tenemos que hacer que el proyecto sea atractivo en términos financieros”. Reveló que el proceso de licitación iniciará en seis meses.
El gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que no se recortará el alcance del proyecto y que están contentos con las decisiones que tomó el nuevo gobierno. “No es cierto que únicamente irá de Barranquilla hasta Barrancabermeja (Santander), necesitamos que vaya hasta Puerto Salgar. Que sea el gran complemento del proyecto del Superpuerto”, enfatizó el mandatario.
¿Qué busca el proyecto?
El Ministerio de Transporte recordó que la iniciativa pretende recuperar la navegación del principal afluente del país a lo largo de 908 kilómetros desde su desembocadura en Bocas de Ceniza, Barranquilla, hasta Puerto Salgar en Cundinamarca. Esto permitirá la movilización de convoyes fluviales con hasta 7.200 toneladas de carga las 24 horas del día. El proyecto impactaría directamente a 57 municipios y 13 departamentos. De acuerdo con Cormagdalena, en la actualidad se transportan cerca de 3 millones de toneladas al año, entre hidrocarburos y carga seca .
