Esta semana, mientras el país estaba atento a todos los detalles del escándalo Benedetti-Sarabia, los gobernadores prendían una alerta: la situación de seguridad se ha deteriorado en todo el país y lo más preocupante es que esto puede afectar las elecciones de octubre.
El registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que hay 92 municipios en el país con alto riesgo electoral y no descartó que en algunos de ellos lleguen a ser elegidos candidatos por presión de los grupos armados ilegales.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, coincide en estas preocupaciones. Asegura, tajantemente, que es evidente la inacción por parte de la Fuerza Pública y que el cese al fuego bilateral acordado con grupos ilegales solo ha llevado a su fortalecimiento y expansión.
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Lo cual, en su opinión, es lo que va a pasar con el ELN (cuyo cese al fuego se anunció este viernes), especialmente porque no se previó que se detengan sus acciones ilegales, como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento forzado de menores.
Esta semana, usted estuvo con los gobernadores, que expresaron su preocupación por la seguridad del país. ¿Cuál es ese diagnóstico que hace la Defensoría de lo que está pasando?
En las distintas visitas humanitarias que hacemos en el territorio, lo que la gente le dice a uno es “aquí tenemos zozobra, tenemos miedo hasta de ir a la esquina, a la tienda”. En lo que va corrido del año, se han emitido 21 alertas tempranas y van 281 alertas tempranas desde 2017. Desafortunadamente, el 85% de los escenarios de riesgo que advertimos, terminan consumándose. Es importante hacer un llamado a todas las instituciones del Estado colombiano, de todos los niveles, porque lo que hemos evidenciado es una deficiente respuesta institucional.
Yo lancé una propuesta: así como existe el Fonsecon, que es el fondo para restablecer cualquier situación de orden público que se presente en el territorio, propongo, para la atención de todas las recomendaciones hechas en el marco de las alertas tempranas, que se cree un fondo para que haya recursos que se le entreguen a los municipios para atenderlas. Un alcalde de un municipio de sexta categoría, que apenas cuenta con recursos para atender cuestiones primarias, no tiene recursos para atender estas situaciones de seguridad.
El ministro de Defensa ha dicho varias veces que la fuerza pública no está cruzada de brazos. ¿Que perciben ustedes desde la Defensoría?
No nos llamemos a engaños: existe una evidente inacción por parte de la fuerza pública. Seguramente dentro de lo acordado en el cese el fuego bilateral, se han detenido los operativos que adelanta la fuerza pública, porque seguramente los grupos armados ilegales le dijeron al gobierno nacional que ellos no iban a atentar contra la población, pero es claro que existe una inacción por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y que esto se ha visto reflejado en el deterioro, claro y evidente, de la seguridad en cada uno de los territorios.
Nosotros hemos identificado desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas que ha habido un surgimiento y una expansión de los grupos armados ilegales y dicha expansión queda claramente probada cuando, en menos de 12 meses, hemos visto un aumento en la presencia, en el accionar, en la injerencia en el control territorial y social por parte de los grupos armados ilegales. Encontramos que el Clan del Golfo hace presencia en 24 departamentos y 392 municipios; el ELN está en 19 departamentos y más de 224 municipios; las disidencias de Iván Mordisco, en más de 18 departamentos y 180 municipios del país, y las disidencias de la Segunda Marquetalia, en más de 14 departamentos y 69 municipios. No puede uno tratar de ocultar el sol con una sola mano.
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De acuerdo con lo que dice, ¿cree que el cese acordado con el ELN puede llevar a que ese grupo se fortalezca y crezca? *
Esa ha sido la práctica que ha venido predominando. El llamado que la hacemos al gobierno nacional, de cara al nuevo cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, es que ya los colombianos estamos hastiados de todas esas narrativas y todas esas retóricas de querer adelantar diálogo para consolidar un proceso de paz.
Necesitamos son actos, hechos y gestos concretos que se materialicen en el cese inmediato de cualquier hostilidad. Y cuando hablo de hostilidad, estoy hablando de que se frenen los secuestros, de que no haya reclutamiento forzado, amenazas, extorsiones, desplazamientos y confinamientos de comunidades en el territorio nacional. Con protocolos o sin protocolos, nosotros, como institución de Derechos Humanos, vamos a seguir monitoreando las dinámicas del conflicto armado.
El registrador ha denunciado que hay municipios que pueden terminar con un alcalde elegido por las presiones que hacen estos grupos ilegales. ¿Han detectado esa situación? *
