Después de que la comunidad de Puerto Leguízamo, Putumayo denunció que entre las 11 personas reportadas como abatidas en una operación militar del Ejército había civiles, la ONU indicó que dará seguimiento a los hechos y llamó a las autoridades para que investiguen y aclarezcan lo ocurrido.
“Llamamos a autoridades a que se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia”, apuntó la organización.
De acuerdo con la comunidad, los civiles se encontraban en un bazar de recolección de fondos para arreglar los caminos veredales de su corregimiento.
Sobre la denuncia, el ministro de Defensa, Diego Molano sostuvo que la operación militar fue “legítima” y que las personas reportadas como asesinadas eran cocaleros.
“No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”, afirmó Molano vía Twitter.
A pesar de las declaraciones del ministro, la Defensoría del Pueblo confirmó en una visita de verificación que entre las 11 personas se encontraban el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años y un gobernador indígena.
El caso fue asumido por la Fiscalía. Al respecto, la entidad informó que “destacó un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI” para investigar.