Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras fueron los tres jóvenes asesinados en Sucre el pasado 25 de julio en manos, presuntamente, de integrantes de la Policía, lo que los familiares han calificado como un “falso positivo” puesto que fueron acusados, públicamente y sin pruebas, del asesinato del patrullero Diego Felipe Ruiz, ocurrido ese mismo día.
El hecho habría acontecido luego del homicidio, cuando los uniformados hicieron una interceptación en la vía en la que, supuestamente, detuvieron a las víctimas mortales. Según una de las hipótesis del caso, los integrantes de la policía señalaron a los jóvenes de pertenecer al Clan del Golfo, por lo que “fueron capturados” y “luego aparecieron sin vida”, de acuerdo con lo relatado por las familias.
Por esto, luego de que las mismas familias denunciaron que las víctimas eran inocentes y no pertenecían a ninguna estructura ilegal, este jueves se ordenó el relevo inmediato del Comandante del Departamento de Policía Sucre, coronel Carlos Andrés Correa, quien tras el homicidio del patrullero Ruiz, aseguró que estos tres jóvenes habrían sido los responsables del hecho.
“Unos sujetos en motocicleta accionan arma de fuego contra la humanidad del Policía, lo hieren, posteriormente fallece y en la reacción de los otros policiales logran herir a estos delincuentes los cuales son interceptados ya mal heridos y posteriormente también fallecen cuando eran trasladados a centro hospitalario”, fue la versión que dio por esos días el coronel Correa.
De acuerdo con lo informado por la Policía, en cabeza del general Jorge Luis Vargas, la institución está “comprometida” con las familias de los jóvenes y hasta ahora, la Inspección General ha recibido 42 pruebas (25 testimoniales y 17 documentales) de los hechos, que ya fueron compartidas con la Fiscalía, que está a cargo de la investigación penal del suceso.
“En caso de comprobarse la actuación irregular de algún integrante de la Policía Nacional, debe aplicarse todo el peso de la ley”, señaló el director de la Policía, que ya en días pasados había suspendido a 8 uniformados por su presunta responsabilidad en los hechos: el coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia; y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.
“En tanto continúa el proceso disciplinario, se espera que las actuaciones penales conduzcan a la pronta judicialización de quienes, con evidencia física y material probatorio que así lo demuestre, deban responder ante jueces de la república”, aseguró el general Vargas.
