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Es costumbre que cada año al hacer el balance del Congreso de la República se asegure que ha cumplido un periodo legislativo histórico, pero realmente el que se vive en la actualidad marcará momentos definitivos que tiene el país para consolidar el cumplimiento de los acuerdos de la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.
Este escenario se hizo más complejo desde el pasado 2 de octubre, cuando el voto del no se impuso en el plebiscito refrendatario de los acuerdos, lo cual llevó a que se renegociara lo pactado entre gobierno y Farc, pero a la vez dejó sin piso la validez del acto legislativo de la paz, el cual le daba al Congreso de la República un mecanismo de trabajo especial –denominado fast track- para que aprobara de forma más rápida las leyes y las reformas constitucionales que se necesitan para implementar lo negociado.
También se cayeron las facultades especiales que le había dado el propio Congreso de la República, al presidente Juan Manuel Santos, para que completara esa normatividad que dieran vigencia a los acuerdos.
El expresidente del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco Chávez, vislumbra tres escenarios en los cuales el Congreso de la República puede llegar a lograr una pronta reglamentación del texto de los nuevos acuerdos.
“Tenemos un escenario, que logre hacer acuerdos con algunos sectores y no con todos. Uno pensaría que en ese espacio queda la opción del Congreso y el plebiscito. La dificultad que veo es que el plebiscito polariza, aunque en el Congreso hay una fuerza política que tramitaría las reformas”, indica el dirigente.
El peor de los escenarios, según Velasco, es que no haya ningún tipo de acuerdo. “En este vuelven las opciones del Congreso, pero el plebiscito sería muy grave porque polariza. Nadie puede prever un resultado máxime si los jefes de debate del no van a hacer lo mismo de la campaña pasada”.
La tercera opción, continúa Velasco, es inimaginable: “Un Congreso tratando de sacar o implementar acuerdos con una oposición fuerte, que a punto de reglamento volverían infinito el debate”.
Frente al fallo posible de la Corte Constitucional, sostiene que depende de lo que se decida para saber si se revive el fast track.
Velasco incluso analiza que se puede dar una vía intermedia, unos acuerdos mínimos entre todos, es decir, que el nuevo texto incorpore unos cambios que se hayan concertado, aunque en otros aspectos no se haga modificación alguna.
El expresidente del Congreso dice que hay unos temas que desde lo legislativo podrían avanzar, como por ejemplo la amnistía que se requiere para los guerrilleros. No obstante, en asuntos como la justicia transicional, la reforma constitucional para la participación en política y la asignación de curules, esto obliga a enmiendas a la Constitución del 91.
Respecto a la refrendación, el senador Velasco indicó que un escenario adicional como los cabildos abiertos no sería el mecanismo idóneo para lograr su refrendación.
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, quien asegura que los cabildos abiertos no serían la forma.
Frente a los escenarios de la implementación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, indica que lo único claro en este momento es que las reformas que se requieren toca hacerlas con base a la normatividad actual.
Es decir, según Motoa, las leyes requerirán de las cuatro vueltas y en un algunos casos se podrá convocar a una discusión por la vía del mensaje de urgencia, en tanto que las reformas constitucionales obligan a que tengan los ocho debates, es decir, un año.
En cambio, sostiene que sí es necesario lograr un pacto entre los partidos para discutir rápidamente las normas que presente el gobierno, aunque lamentó que no se hayan presentado mucho antes las propuestas, debido a que dependían del triunfo en el plebiscito.
Una visión más de expectativa frente a lo que debe hacer el Congreso de la República en la reglamentación es la que tiene la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano. Considera que es “necesario esperar a que se dé el fallo de la Corte Constitucional sobre si está vigente el fast track”.
Lozano sostiene que sí es necesario llegar a la discusión de esos proyectos con un nivel mínimo de consenso político.